En lo que constituye un hito en el camino a la transparencia de la gestión de los recursos naturales por parte de la industria extractiva,Argentina presentó el Primer Ciclo de Reporte EITI para el período fiscal de 2018
Cumpliendo con el compromiso asumido en 2017 y formalizado en 2019, dando por primera vez difusión pública a datos de producción y de aportes al Estado por parte de las industrias hidrocarburífera y minera.
El reporte de “enfoque flexible” por los consultores independientes Santiago Dondo y Mariana Palacio. Esta modalidad permite basar el documento en la información divulgada por el gobierno y/o las empresas.
Al sumarse voluntariamente a esta iniciativa, las empresas del sector extractivo informan públicamente cuánto abonan a los gobiernos en concepto de impuestos y otros pagos, mientras que por su parte el Estado brinda información de lo que ha recibido por esos conceptos.
El EITI es una iniciativa internacional presente en 56 países que proporciona un marco para que gobiernos y empresas desarrollen y cumplan compromisos de revelar públicamente información sobre las industrias extractivas, dentro de un proceso que también incluye a organizaciones de la sociedad civil.
De este primer ciclo de reporte correspondiente al año fiscal 2018 se desprende un aporte al Estado nacional de US$ 3.069 millones, lo que equivale al 3,8% del PBI nacional. Las cifras abarcan los pagos en concepto de Impuesto al Valor Agregado, Seguridad Social, Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, Impuesto a las Ganancias y Derechos de Exportación. Vale aclarar que no se computan regalías ni otros impuestos o tasas de carácter provincial o municipal.
Durante 2018, la producción del sector minero equivalió a US$ 3.354 millones, abarcando oro, plata, litio, cobre, zinc y plomo. En tanto que para los hidrocarburos fue de US$ 18.350 millones, correspondientes a gas natural, petróleo, gasolina y GLP.
En este primer informe participaron 23 empresas: las 14 compañías mineras relevadas representan el 99% de los pagos del sector al Estado nacional; en tanto que en el caso de hidrocarburos, las 9 empresas participantes significan una cobertura del 44%. Se trata del inicio de un proceso, se espera que más compañías se sumen a futuro a esta iniciativa.
En un contexto en el que los proyectos de las industrias del petróleo, el gas natural y la minería generan importantes expectativas en cuanto a su rol motorizador de la economía, es imprescindible contar con herramientas que permitan a la población acceder a mayor información sobre cómo operan las empresas y cómo sus inversiones benefician efectivamente a los gobiernos y las comunidades.
En este sentido, la implementación de programas internacionales que ayudan al monitoreo social es un aporte para reforzar los mecanismos de supervisión y transparencia para ayudar a que los ingresos generados se inviertan inteligentemente. El crecimiento económico y la transparencia son dos aspectos que deben ir de la mano para colaborar en el desarrollo de sociedades más equitativas.
Hidrocarburos
Frente a la brusca caída de la demanda del crudo que tuvo un impacto histórico en su precio, llegando a tener valor negativo el WTI en el mes de mayo de 2020, el Estado Nacional fijó en US$ 45 el precio interno del barril de petróleo con el objetivo de reactivar la industria hidrocarburífera nacional, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y promover el autoabastecimiento.
La vigencia de esta medida estuvo condicionada a que el precio del Brent alcanzase los USD 45, condición que se cumplió en el mes de agosto del corriente año. El decreto exigía a las empresas que mantuvieran el nivel de actividad, los puestos de trabajo y los contratos de servicios vigentes al 31 de diciembre de 2019. Asimismo, mediante el Decreto del PEN No. 488/2020 se modificaron las alícuotas de los derechos de exportación reduciéndolo a 0% en caso de que el precio internacional del petróleo (Brent) estuviera por debajo de los USD 45 y en 8% entre dicho valor y los USD 60.
La declaración por parte del gobierno nacional de la calidad de “actividades esenciales” a todas aquellas relacionadas con la producción de energía facilitó a las compañías la implementación de planes de mantenimiento de guardias mínimas en las operaciones críticas y servicios esenciales, como así también protocolos de teletrabajo para todo el personal que por su actividad así pudiera realizarlo. Resultó fundamental para lograr el objetivo planteado la coordinación de esfuerzos entre las empresas, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, los sindicatos y las entidades empresarias
No hubo cambios sobre las negociaciones o los términos de los permisos y concesiones; los planes de exploración o desarrollo, la participación estatal y las políticas para las empresas de titularidad estatal; las proyecciones sobre ingresos y presupuestos; ni usos excepcionales de fondos soberanos de inversión.
Minería
En cuanto a la producción de la minería metalífera, en abril fue mínima y recién en mayo comenzó un retorno parcial de la actividad. Para junio las empresas promediaron un desempeño del 50/ 60% de su capacidad productiva.
En la actualidad, la producción ronda el 70%, dado que todavía hay cuestiones logísticas que imposibilitan una producción plena. Atendiendo a los flujos de comercio exterior, si bien el impacto de la crisis sanitaria afectó significativamente su desarrollo, durante los primeros nueve meses del 2020 las ventas externas del sector minero alcanzaron US$ 1.840 millones.
En este período, las ventas representaron más del 4% de las exportaciones totales del país (US$ 41.829 millones), que cayeron un 12,6% con respecto a los mismos meses del año 2019 (US$ 65.115 millones), debido a la fuerte contracción económica provocada por la pandemia del COVID. En este marco, en octubre del 2020 el gobierno estableció una serie de medidas con el fin de reactivar el comercio.
Estas medidas han incluido la adecuación de las retenciones a la exportación de metales pasando del 12 % al 8% tal como lo preveía la Ley No. 27.541 de diciembre de 2019
Entre 2012 y 2015, varias organizaciones y actores de la sociedad civil, que actuaban en la llamada plataforma de diálogo en el sector extractivo, abogaron y manifestaron su interés por la iniciativa EITI.
En 2016, en el marco de la Conferencia Global EITI en Lima, Perú, la responsable de la Oficina Anticorrupción de Argentina hizo público el interés del Gobierno Nacional, y la decisión de adherir fue públicamente comunicada en diciembre de 2017 por el entonces Ministro de Energía y Minería, con apoyo de las cámaras empresariales y de varias organizaciones de la sociedad civil.
En esos años, algunos estudios preliminares sirvieron para ir enmarcando la iniciativa en Argentina. Finalmente, a fines de 2018 el GMP había quedado conformado y envió la solicitud de candidatura del país al EITI, cuyo Consejo aprobó la candidatura en febrero de 2019
