El ente acusador pudo judicializar a estas personas que extraían oro, vertían mercurio a ríos y talaban árboles para su actuar delictivo
La Fiscalía General de la Nación en conjunto con las fuerzas militares y la Policía Nacional, capturaron a 40 personas gracias a seis operaciones realizadas en Boyacá, Guaviare, Caquetá, Chocó, Antioquia y Cesar. Las personas están sindicadas por delitos relacionados con el medio ambiente como la tala de bosques y la minería ilegal, entre otros.
En Boyacá se dio un golpe por la venta de madera extraída de la Serranía las Quinchas donde operaba una red señalada de obtener licencias de manera irregular para la explotación, transporte y comercialización de este material que salía del Parque Natural Regional Serranía de las Quinchas. En este procedimiento se capturaron a seis personas que promovieron la tala de árboles en al menos 353 hectáreas de bosque nativo.
Las autoridades determinaron que estas personas extraían la madera y la llevaban a fincas de contactos suyos. Allá, con licencias otorgadas por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, movilizaban el material como si fuera legal. Estos permisos los recibieron a partir de sobornos a funcionarios dentro de las entidades.
A las seis personas les imputaron delitos por concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, daños a los recursos naturales e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. También fueron inmovilizados 10 camiones que transportaban cerca de 1.400 bloques de madera.
En San José del Guaviare se capturaron a otras seis personas, entre ellas un hombre llamado Carlos René Reyes, quienes realizaban ganadería a gran escala en el resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por el riesgo de exterminio físico y cultural.
En tres predios, los delincuentes habían arrasado casi 800 hectáreas de selva para crear corrales y criar el ganado. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a DD.HH. les imputó el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica.
Mientras que a Reyes lo cobijaron con medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia por ser el administrador de estos corrales.
En San Vicente del Cagúan, Caquetá, la Fiscalía capturó a Gildardo Toledo Villa, responsable por ganadería expansiva en el Parque Nacional Natural Los Picachos. Las autoridades indican que habría deforestado 39 hectáres de bosque para hacer pastizales para su ganado. Por eso le imputaron los delitos de ilícito aprovechamiento de recursos naturales renovables, invasión de áreas de especial importancia ecológica e incendio.
También recibió medida de detención. Por otro lado se logró la captura de 17 personas en flagrancia, entre ellos cuatro ciudadanos brasileros por extracción ilegal de oro usando dragas y sustancias tóxicas sobre en río Nechí, en Caucasia, Antioquia. Las autoridades destruyeron dos retroexcavadoras y elementos para su accionar delincuencial que superan los 6 mil millones de pesos. La Fiscalía afirma que se trata de una fuente de ingreso económico del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Caparros’.
En el Chocó, exactamente en el municipio de Unión Panamericana, el ente acusador, junto con el CTI, militares y la Policía detuvieron un entable de minería ilegal que estaba vertiendo mercurio en una vertiente del río Quito que suministra agua y está protegida constitucionalmente en este departamento.
En este caso también de destruyó la maquinaria usada que cuesta más de 600 millones de pesos y capturaron a dos personas que, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones Humanos, les imputó los delitos de explotación ilícita de yacimiento mineros y delitos conexos.
Finalmente en la capital del Cesar, Valledupar, la Fiscalía intervino un yacimiento de material de arrastre y de construcción que explotaba cerca de 40 hectáreas sin licencia ambiental. Las fuentes hídricas afectadas por este actuar delictivo son el río Cesar que hace parte de la Serranía del Perijá. En este operativo capturaron a ocho personas a quienes se les imputaron los delitos de daños en los recursos naturales y explotación ilícita de yacimiento minero.
Se incautaron también tres retroexcavadoras, seis volquetas y otros materiales que ascendían al valor de 2 mil millones de pesos.
