MARCIAL GARCÍA

En momentos en que la inversión minera enfrenta una fuerte desaceleración (-30% en el 2020), y con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, lo mínimo que se le puede pedir a quienes aspiran a gobernarnos es que expliquen qué piensan hacer para revertir esta situación. No se puede tomar a la ligera una industria que tiene el potencial para impulsar la recuperación económica luego del fortísimo golpe sufrido por la pandemia.

Los planes de gobierno de los partidos políticos con mayores posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno están llenos de buenas intenciones, pero presentan pocas acciones concretas para resolver los principales problemas que aquejan al sector.

Pese a ello, no deja de ser positivo que la mayoría haya recalcado la necesidad de promover la minería ambientalmente responsable y de combatir la minería ilegal en el país.

El partido Victoria Nacional, cuyo candidato presidencial, George Forsyth, encabeza la intención de voto, ofrece algunas ideas interesantes y otras que merecen mayor reflexión. Entre las primeras destaca la de crear un fideicomiso para financiar el desarrollo de las zonas de influencia minera con recursos del canon y las regalías.

Sin embargo, el planteamiento de un pacto social que “asegure” que las mineras reinviertan el 50% de sus utilidades en las regiones donde operan va en contra de las normas de promoción de la inversión privada que desde los años 90 garantizan el derecho de las empresas a distribuir libremente el íntegro de las utilidades que generen.

La organización política liderada en estas elecciones generales por Verónika Mendoza tiene como uno de sus ejes programáticos el impulsar medidas para que los proyectos extractivos “generen beneficios económicos para el país”. Leyendo su hoja de ruta quedaría la impresión de que hoy la contribución de la minería al bienestar nacional es muy baja o nula, pero la realidad es otra.

Lo cierto es que la minería es uno de los sectores que más aporta a la economía, al fisco y a la sociedad. Iniciativas como estas parecen responder a un sesgo ideológico en contra de la minería antes que a un análisis técnico serio, lo que difícilmente nos llevaría a buen puerto.

Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, contempla armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario. El énfasis en la prevención de conflictos sociales también es destacable. Sin embargo, al igual que los demás partidos, solo presenta lineamientos generales sobre sus propuestas sin profundizar demasiado.

El Partido Morado, de Julio Guzmán, ha desarrollado iniciativas contra la minería ilegal, la tramitología y los conflictos sociales. También incluye como una de sus promesas desarrollar industrias no contaminantes de transformación de minerales, apostando por la diversificación productiva. No obstante, no detalla la manera en que planea conseguir esos objetivos de política pública. En apenas unos cuantos párrafos plantea todo el diagnostico, análisis y propuesta de asuntos que son bastante complejos.

De llegar a ser gobierno, Podemos Perú, que lleva al congresista Daniel Urresti como candidato, buscará destrabar proyectos mineros que tengan un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados y ayudar a conseguir la “licencia social”, concepto que, por cierto, no figura en la ley.

Asimismo, implementará una ventanilla única de trámites con aprobación automática y control posterior de determinados procesos. Los planteamientos no son malos, pero el verdadero reto consistirá en ponerlos en práctica.

Por su parte, Acción Popular, que postula al excongresista Yonhy Lescano, se limita a proponer en su plan de gobierno que las “grandes mineras” paguen una tarifa por el agua que utilizan, ignorando que su consumo ya demanda una retribución económica al Estado.

Pero más preocupante aun es que el candidato acciopopulista haya planeado en una reciente entrevista cambios en la Constitución sobre la propiedad de los recursos minerales, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y el flujo de inversiones.

En tanto, Avanza País, que tiene como aspirante presidencial al economista Hernando de Soto, apenas registró un resumen de una página en la Plataforma Electoral del JNE, donde no se hace ninguna referencia a la minería, lo que denota cierta improvisación.

Es verdad que la pandemia y “vacunagate” han copado toda la atención de la ciudadanía y que los candidatos en carrera no despiertan entusiasmo, pero faltando tan poco para los comicios de abril es necesario poner en el debate qué hacer para que la inversión minera retome su dinamismo.

Revisar los planes de gobierno es solo el primer paso. No podemos arriesgarnos a pasarnos otros cinco años contabilizando proyectos paralizados.