Condicionadas por el congelamiento tarifario que lleva 12 años.
ANDRÉS SANGUINETTI
Con un resultado negativo de $6.065 millones que sufrió en el 2020, Edesur es la distribuidora de electricidad que mayores pérdidas acumula desde el 2010, superando los $11.400 millones durante todos estos años.
Lo es debido a que en el caso de Edenor, el deterioro de sus cuentas es menor, con un rojo que llega a los $2.793 millones durante los mismos 10 años, producto de sumar las pérdidas que sufrió en el 2016; 2014; 2013; 2012 y 2011, ya que en los otros períodos mostró balances positivos con un acumulado cercano a los $18.000 millones.
Por eso, la situación financiera de las dos principales distribuidoras de electricidad de la Argentina es diferente, a pesar de que ambas se encuentran condicionadas por el congelamiento de tarifas que ya lleva 12 años y que el Gobierno analiza mantener durante lo que resta del 2021.
En el caso de Edenor también juega a su favor el reciente cambio de accionistas, con la venta que cerró Pampa Energía a una sociedad controlada por los empresarios Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, quienes pagaron cerca de u$s200 millones para concretar la operación.
Además, la relación de sus nuevos accionistas con el gobierno del presidente Alberto Fernández es diferente a la que tienen los ejecutivos locales del grupo italiano Enel, dueño de Edesur, que enfrentan una fuerte embestida de algunos sectores del kirchnerismo para rescindir la concesión.
A pesar de esas diferencias, en Enel no evalúan tomar la misma decisión que Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía, vinculada a una posible desinversión en el país, donde también controlan otras sociedades como Enel Costanera, entre otras.
El holding europeo, por ahora se resigna a sostener financieramente a Edesur con aportes enviados desde la casa matriz y con fondos propios provenientes de lo poco que puede recaudar localmente en un escenario de permanente deterioro financiero y comercial que viene sufriendo en la última década y que es mayormente producto del congelamiento de los precios de la tarifa impuesto por los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
De hecho, en la carta enviada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a mediados del año pasado, Nicola Melchiotti, country Manager de Enel en Argentina, hizo una fuerte advertencia sobre el futuro de la compañía y del resto del mercado energético en general.
"El sector eléctrico se encuentra en una situación crítica y necesita con urgencia soluciones regulatorias que permitan sostener un servicio esencial en periodo de pandemia. Sin tarifa, sin subsidio y sin reglas no se pueden hacer milagros", señaló el ejecutivo en ese momento.
Sin embargo, sus palabras no parecen haber sido escuchada por las autoridades nacionales teniendo en cuenta que el congelamiento tarifario se mantendrá por lo menos hasta fines de marzo próximo, pero con la posibilidad de que la medida se extienda hasta las próximas elecciones de medio término previstas para seis meses después.
Si esto sucede, no será nuevo para el devenir operativo de Edesur que el año pasado también vio retroceder sus ingresos en un 25%, producto del congelamiento tarifario vigente y varias medidas impuestas por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otras relacionadas, durante la pandemia.
La compañía y sus autoridades ya se encuentran acostumbradas a operar en un escenario de cepo de precios, con incrementos de costos y balances que, año tras año, describían la complicada situación financiera que le toca atravesar.
Estados contables que, desde el 2010, reflejan nada más que tres períodos positivos y otros siete negativos. Con una importante salvedad vinculada al balance del 2019, cuando informó ganancias por $12.600 millones.
Si bien la cifra parece contundente y debería servir para dar por tierra con los argumentos de la compañía en contra del congelamiento, lo cierto es que refleja un asiento contable vinculado al intercambio de deudas cruzadas con el Estado nacional que le permitió evidenciar en ese balance un elevado nivel de rentabilidad.
En concreto, el número visualiza los ajustes contables no recurrente derivados del acuerdo firmado con las autoridades nacionales para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.
Es por eso que semejante nivel de rentabilidad no le permitió tampoco recomponer su flujo de caja, ni siquiera gracias al impacto de ese fuerte incremento de tarifas logrado durante el anterior gobierno de Macri.
La distribuidora también sintió los efectos de la recesión y la crisis económica, ya que sus ingresos siguieron cayendo debido a una menor demanda de energía como resultado del contexto macroeconómico adverso.
De hecho, solamente en el 2018 y el 2015 repitió balances positivos, con ganancias por $3087 millones y $1330 millones, respectivamente. El resto de los estados financieros de los años que componen la última década fueron escritos en rojo.
En el 2010 perdió $52,7 millones; en el 2011 otros $461 millones, mientras que en el 2012 su rojo fue de $1066 millones. Un año después, pasó a pérdidas por $1160 millones; en el 2014 a $1358 millones.
Luego del resultado positivo del 2015, en el 2016 volvió a la senda negativa con una pérdida por $276 millones. El 2017 lo cerró también en rojo, con $1046 millones, para lograr nuevamente un resultado positivo en el 2018, al igual que el balance del 2019 con el ajuste contable explicado más arriba de esta nota.
El cierre de la década, lo da el estado de resultados del 2020, cuando retomó el sendero de complicaciones y cerró el año otra vez en rojo. Es más, casi todos los datos de este período fueron negativos. Su EBITDA alcanzó apenas $486 millones, afectado por el congelamiento y la caída de ingresos.
Comparado con el 2019, se adicionan los efectos del acuerdo firmado con las autoridades nacionales durante dicho ejercicio, para la resolución de los asuntos regulatorios pendientes relacionados con el período 2006-2017.
El resultado operativo (EBIT) empeoró en línea con la disminución del EBITDA y la baja en el balance final se explica fundamentalmente por la pérdida operativa y por una menor ganancia por ajuste por inflación, parcialmente compensada por menores costos financieros y por un menor cargo por impuesto a las ganancias.
Como en los últimos 10 años, siguió sin distribuir dividendos y reinvirtiendo la totalidad de los recursos disponibles al punto que el año pasado usó $9487 millones para ese objetivo y que, sumados a los más de u$s700 millones invertidos en los últimos cuatro años (2016-2019), le han permitido la continua mejora en la reducción de la duración promedio de los cortes en un 29% respecto de 2019.
La caída de las inversiones comparado con el 2019 se debe a la menor caja disponible por el congelamiento tarifario y por limitaciones impuestas por las autoridades durante la cuarentena.
También se vio afectada por la fuerte caída del consumo eléctrico de las medianas y grandes demandas (comercios/pequeñas y grandes industrias), situación que agudizó la recesión económica de los últimos años, y con ello la caída del consumo eléctrico a nivel país.
Asimismo, se observa una migración del consumo desde áreas como el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires hacia zonas residenciales, preferentemente de la provincia de Buenos Aires, con un destacado aumento.
En este marco, sus ventas totales (15.477 GWh) se redujeron en un 5,7% con respecto a 2019 (16.413 GWh) por retracción de la demanda e incremento de las pérdidas de energía.
Sin embargo, Marchiotti considera que la empresa continúa garantizando un servicio esencial, a pesar de lapandemia y el deterioro tarifario. También estima que la compañía "ha aportado a las cajas del Estado más de $16.000 millones en impuestos y recaudación fiscal y además sostuvo más de 6.000 empleos".
Más allá de estas declaraciones, la relación de este ejecutivo con el Gobierno no es buena, ya que las autoridades nacionales optaron por mantener el congelamiento; frenaron el acuerdo de tarifas que el sector había alcanzado con el anterior gobierno y avanzan en dos investigaciones contra la empresa vinculadas a una denuncia hecha por un grupo de intendentes bonaerenses y a un incendio que generó un masivo corte de electricidad en enero pasado.
De hecho, sectores del oficialismo que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner impulsan la recisión del contrato de concesión y la estatización del servicio que en la actualidad opera en la zona sur porteña y 12 municipios bonaerenses (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente).
Sin embargo, esta épica estatizadora no es compartida por parte del Gabinete albertista en donde se plantea canalizar ese sueño setentista por un concepto más terrenal: reclamarle a la empresa más inversiones en la zona donde tiene a cargo el servicio de distribución de electricidad.
Serían algo así como $7000 millones o hasta $10.000 millones los que la distribuidora debería repartir en obras para mejorar la cuestionada calidad de sus servicios que parte de válidos reclamos de los habitantes de las localidades del Conurbano en donde opera.
Si bien desde el más alto poder del Frente de Todos no quieren soltarle la mano a los intendentes peronistas que piden un cambio de concesión, habría empezado a primar el perfil más negociador del presidente Alberto Fernández, que le pondría un cepo a ese sueño para que los millonarios fondos se materialicen en un plan de nuevas obras y de mejoras de las ya existentes.
El jefe de Estado hasta se juntó ya varias veces en la Quinta de Olivos con la plana mayor de la distribuidora propiedad del grupo italiano Enel, a su vez mayoritariamente controlado por el Estado de ese país europeo.
Fernández sabe que un decreto que le quite a Edesur la concesión que ganó hace 28 años no sería gratis. De mínima, abriría un conflicto diplomático con el gobierno de Italia.
Desde el siglo pasado, Argentina mantiene un estrecho vínculo con esa nación que, impulsado por lazos sanguíneos, consolidó las relaciones comerciales y las inversiones que los grupos de ese país.
Además, abriría la puerta para llevar a la Argentina hacia un nuevo juicio millonario en los tribunales internacionales de similares características al que está a punto de perder YPF en la justicia de Nueva York.
