RAÚL FIGUEROA

El proyecto de zonificación minera introdujo nuevos cambios en relación al dictamen emitido el 4 de febrero último, que habían sido detallados por ADNSUR en esa oportunidad, resaltando las modificaciones respecto del primer borrador. Aquí, un resumen de los principales puntos del proyecto que iba a tratarse en la sesión que fue suspendida.

Consulta a comunidades originarias. Esta previsión se adoptó en el artículo 25 del proyecto, a partir de lo establecido en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Se establece la obligatoriedad de consultar previamente a comunidades originarias, “previo a tomar cualquier medida relacionada con el desarrollo minero dentro del área de zonificación” prevista en la ley, que pudieran afectarlas de manera directa.

Regalías del 3 por ciento. Se aplica sobre el valor de boca de mina  del mineral extraído (previo al procesamiento de los metales). En el nuevo modo de distribución de esa recaudación, se estipula: -80 por ciento de la regalía minera a favor del Estado provincial;

+ 14 por ciento la participación de municipios y comunas rurales que adhieran a la ley;
+ 1 por ciento para los municipios que no adhieran.
+ 1,5 por ciento, respectivamente, para Ministerios de Hidrocarburos y de Ambiente (originalmente, era del 2,5 por ciento para cada organismo).
+ 2 por ciento para los sindicatos involucrados en la actividad, es decir mineros, construcción y camioneros (a partir de la reducción de los dos puntos porcentuales a los ministerios).

Bono compensador del 4 por ciento. En el proyecto original estipulaba 2 por ciento, pero en el trabajo de comisión ese monto se elevó a 4 puntos, a distribuir del siguiente modo:

+ 50 por ciento para la empresa Petrominera, “en su carácter de herramienta estratégica del desarrollo de las políticas minera, hidrocarburífera y energética de la Provincia del Chubut”.
+ Sobre los 2 puntos restantes, el 70 por ciento corresponderá al Tesoro provincial;
+ El 19 por ciento hacia los municipios y comunas rurales de los departamentos Gastre y Telsen (previa adhesión a la ley);
+ El 1 por ciento, hacia los municipios de esos departamentos que no adhieran a la ley.
+ El restante 10 por ciento, a los municipios y comunas rurales ubicadas en un radio de 170 kilómetros de la ejecución del proyecto minero correspondiente, en proporción a su cantidad de habitantes.

Préstamo por “llave de ingreso” al inicio del proyecto. En las modificaciones del 4 de febrero último, cuando se reunió la comisión de Recursos Naturales, se había introducido un nuevo concepto, planteado como “Valor de ingreso al yacimiento”. 

Este consistía en un anticipo, de entre el 5 y 10 por ciento de la inversión total a desarrollar, a abonar dentro del primer año. En el proyecto acordado ayer por la misma comisión, hubo un cambio substancial, estipulado en el artículo 59. Es que ese aporte de ingreso se transforma en una especie de “préstamo” a la provincia, al tiempo que se reduce el aporte a un rango de entre 3 y 5 por ciento, que los concesionarios deberán aportar en concepto de “pre producción”, sobre la inversión estimada en los primeros 10 años.

Sin embargo, el aporte se transforma en deuda para la provincia, ya que en la redacción del nuevo artículo se consigna que esos pagos serán “a cuenta de futuras regalías”, que deberán descontarse a partir del décimo primer año de producción.

“Fondo Fiduciario de Infraestructura Económica”. Se trata de un aporte que deberán hacer los concesionarios para financiar obras en los municipios involucrados. Mientras en el proyecto original se fijaba un valor del 2 por ciento sobre la Renta Operativa Industria (ROI), en el nuevo proyecto se eleva al 3 por ciento, entendiéndose a la ROI como la diferencia entre las Ventas Industriales Mineras (“VIM”), el costo de producción y los gastos operativos.

Otra modificación aparece en relación al Fondo Fiduciario de Sustentabilidad, que si bien estaba contemplado en el proyecto original, aparece en el articulado la creación de un “fondo de reserva para el pago de la Deuda Provincia”, asignando un 17 por ciento del importe total del Fondo Fiduciario de Sustentabilidad.