ANA TRONFI/La Nación
El fuego cruzado entre los principales referentes políticos de Chubut que responden a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, una medida cautelar que puso en jaque la convocatoria a sesión extraordinaria, movilizaciones en las calles, la ruptura en los bloques justicialista y el de Juntos por el Cambio en la Legislatura provincial y el sobrevuelo de Cristóbal López y otros empresarios en juego, son apenas algunos condimentos que en los últimos 3 meses puso en escena el debate que pretende abrir las puertas a la explotación minera en esta provincia.
La segunda fallida sesión en donde debía tratarse el proyecto de ley de zonificación minera -cuyo dictamen favorable en la comisión de Recursos Naturales plantea habilitar esta actividad productiva en dos departamentos ubicados en la meseta central de Chubut- tiene como telón de fondo la grieta del PJ chubutense y la puja de grupos económicos hacia el interior de una provincia en donde ya se proyectan las jugadas de los principales potenciales candidatos a la gobernación en 2023.
La presentación del proyecto de ley de Zonificación Minera en noviembre pasado por parte del gobernador Mariano Arcioni provocó un tembladeral político que rápidamente escaló hacia la política nacional: tuvo, al menos hasta hace 3 semanas, el explícito apoyo y la atenta mirada del presidente Fernández, decidido a no replicar en Chubut la experiencia de Mendoza, que debió dar marcha atrás con la minería el verano pasado ante la presión ciudadana.
Los coletazos del tratamiento de la ley minera en Chubut un año más tarde resonaron hacia adentro de la política provincial y provocaron una implosión cuyos afectados no distinguen camiseta partidaria.
En esta provincia rige la ley 5001 desde el año 2003, que prohíbe la explotación minera a cielo abierto. Con el proyecto que hoy está en debate se pretende avanzar con uno de los artículos de esa ley, que otorgaba un plazo -ya vencido- para zonificar en el mapa provincial los lugares en donde podría desarrollarse esta actividad productiva.
Sin embargo, la última arremetida de Arcioni -un gobernador del riñón de Sergio Massa que hasta el inicio del verano estaba jaqueado por la deuda salarial a empleados estatales- instaló al debate en torno a la minería en territorio partidario y, como demostraron los meses posteriores, con un error político de origen: la falta del consenso con el PJ de Chubut.
En el medio se registraron fuertes movilizaciones antimineras en la cordillera de esta provincia, no contemplada en este primer paso hacia la zonificación, pero punta de lanza opositora y principal referente de la ausencia de consenso social. Las marchas se dieron en simultáneo a la presión de referentes de la meseta central para abrir las puertas a una nueva actividad productiva como una salida a la crisis que vive este sector consecuencia del progresivo despoblamiento ovino.
La polémica y el contrapunto se replicaron en las principales organizaciones sociales que tomaron protagonismo en el debate. Una carta de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina pidió la búsqueda “de otros caminos, que incluyan tiempos prolongados de información y formación popular. Los pobladores de la meseta tienen que tener un lugar especial en esta búsqueda de soluciones”.
Como contracara, un documento de habitantes pertenecientes a los “pueblos originarios de la Meseta Central de Chubut”, elevado a la Legislatura y que llegará hasta la Corte Interamericana, explicitó el “acompañamiento a la decisión del Gobierno de la provincia de desarrollar nuestra región, a través de un marco general que establezca condiciones de explotación sostenible de nuestros recursos”.
En apenas tres meses, el debate minero detonó a la política de Chubut. Y la caja de resonancia fue la Legislatura provincial. El diciembre pasado y cuando todavía había expectativas de tratar el proyecto sobre el cierre del período ordinario de sesiones, la viralización de un audio de WhatsApp de la diputada provincial Leila Lloyd Jones hablando de presuntas coimas a los legisladores que voten a favor de la minería, volvió a sacudir el escenario político de la provincia.
En el mensaje de voz terminó con la intervención del Procurador General, Jorge Miquelarena, que en un requerimiento solicitó de oficio a la legisladora que ratifique la autoría del polémico audio.
Lloyds Jones -que respondía entonces al vicegobernador Ricardo Sastre- dejó mal parados a sus pares de la Cámara, pero como funcionaria pública nunca denunció el supuesto delito por el cobró de dinero para votar una ley. Otro escándalo también salpicó y terminó por fracturar al bloque Juntos por el Cambio: un video del año 2015 del diputado provincial Sebastián López haciendo lobby por la minería desestabilizó al bloque opositor de la Legislatura y terminó con la conformación de un bloque unipersonal por parte de López.
Tras la tormenta política de diciembre, el intento de debate ampliado en enero convocado por el Gobierno provincial estuvo lejos de aplacar los ánimos de la conducción del PJ de Chubut, que se consideró excluida de los términos del proyecto oficial.
La tensión tuvo como principal referente al presidente del partido chubutense y enemigo de Arcioni, el kirchnerista Carlos Linares, y tuvo encolumnado al intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Ya lanzado hacia la carrera a la gobernación 2023, Luque reclamó la participación del sur de la provincia en el proyecto de ley y el protagonismo del empresariado local.
Sin embargo, el posicionamiento de Linares que hasta amenazó con sanciones a los diputados justicialistas que avalen la ley de Arcioni no alcanzó para encolumnar a la tropa. La comisión de Recursos Naturales es presidida por el exintendente de Puerto Madryn con perfil prominero, Carlos Eliceche.
Aliado con Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre -también lanzado en la carrera a la gobernación en 2023 - lograron en enero lo que consideraron un “as de espadas”: el apoyo explícito de Fernández, quien tras una reunión con los tres referentes chubutenses pidió a la conducción justicialista alinearse con el proyecto minero de Arcioni. Una foto en la misma mesa con el presidente con la que creyeron dar el golpe final.
El efecto político de la intervención presidencial rebotó rápidamente en la Legislatura y dio vuelta el voto de la diputada provincial Tatiana Goic, alineada con el gremio de los Camioneros. Un llamado de Hugo Moyano a su par en Chubut y exdiputado nacional, Jorge Taboada, terminó por cerrar al favor de la minería otra mano clave para las futuras sesiones.
Apenas cuatro días después la Casa Rosada recibió la visita de Linares y Luque. Allí, el presidente del PJ provincial elevó sus quejas y, lejos de achicar distancias y pese a contar con un archivo propio de apoyo público a la minería, mantuvo firme su oposición a los términos de la zonificación planteados por Arcioni.
El motivo de la grieta justicialista: la falta de consenso del proyecto oficial con los referentes del sur de Chubut y la intervención de Cristina Kirchner, que consideró inoportuno el tratamiento de la polémica ley en esta provincia en un año electoral. Pese a ser este un distrito de baja injerencia en las elecciones nacionales, en las de medio término representa la posibilidad de sostener 3 valiosas bancas en el Senado de la Nación. Hoy están representadas por tres voces alineadas con el kirchnerismo: Nancy González -amiga personal de la vicepresidenta-, Mario Pais y Alfredo Luenzo
El mapa electoral nacional le ganó al debate provincial que, siempre en el territorio de la política, derramó también en una postura opositora del diputado nacional por Chubut y referente de La Cámpora, Santiago Igón.
El PJ dividido reflejó, además, las posiciones de una provincia políticamente fracturada que ya mira el escenario 2023 y que posiciona con fuerza a dos candidatos a la gobernación: Juan Pablo Luque, desde el Sur, y Ricardo Sastre, desde Puerto Madryn. El debate minero también midió fuerzas a partir de la cercanía que mantiene la zonificación con el norte de Chubut y la posibilidad de que su potencial desarrollo económico ponga anabólicos a la campaña de Sastre.
La polémica derivó esta semana en la aparición pública desde su pago chico del empresario Cristóbal López, cercano a Luque en la interna provincial. En una solicitada pública, sostuvo que “la ley que se va a votar es un pésimo comienzo desde el punto de vista de los intereses de la provincia”. López pisa territorio chubutense y, decidido a jugar, mostró su distanciamiento con Arcioni y criticó entre otros puntos el reparto de regalías impulsado en el proyecto de zonificación.
El debate minero lleva dos sesiones extraordinarias fallidas consecuencia de la falta de votos en el minuto final, un alineamiento de Arcioni con su vice -hasta el año pasado impensado a raíz del tiroteo político- y otra ruptura dentro de la Legislatura: la salida de Eliceche, principal impulsor del dictamen favorable con el que cuenta la ley de Zonificación Minera. El PJ presidido por Linares analiza sanciones contra el diputado que se alineó con Alberto Fernández, pero desobedeció el mandato del justicialismo de la provincia.
El proyecto de ley volvió a quedar sin tratamiento. Tuvo, como telón de fondo, el ataque de grupos antimineros a la casa del diputado oficialista Roddy Ingram, un férreo defensor de la ley. Sin embargo, el verdadero motivo no fue la falta de seguridad -la sesión se realiza vía zoom- sino la falta de votos para la aprobación.
La minería no dejó a ningún poder del Estado afuera del debate. Enredada en la política, tensiones con el Poder Judicial, las futuras candidaturas y sus internas, Chubut todavía está lejos de debatir a fondo el futuro de su matriz productiva.
PABLO VERNAZZA/ADN Sur
Son apenas 27 diputados, en un sistema unicameral. Sin embargo, la política chubutense es tan compleja que parece más sencillo aprender a hablar japonés en 6 meses que trazar un panorama de la actual integración de los bloques de diputados provinciales.
En la Sesión Preparatoria se votaron las vicepresidencias, y el oficialismo obtuvo 17 votos, a sólo una mano de la mayoría especial de dos tercios. A la hora de empezar la sesión de la zonificación minera, a duras penas se llegaba a 12 votos. Así es la Legislatura del Chubut, como no podía ser de otra manera, siendo la caja de resonancia de la provincia más conflictiva del país: en constante cambio, con rupturas, idas y vueltas, desencuentros y nuevas alianzas.
De todos modos, ante este panorama caótico, hay una primera definición que se puede dar en la primera semana del año: aunque cueste creerlo, el gobierno está mejor parado que hace 6 meses, y ante una ley normal (dejando afuera a la minería, que es un capítulo aparte) no le sería tan complicado llegar a los 14 votos.
Esto es así porque se afianzó la relación entre el gobernador Mariano Arcioni y el vicegobernador Ricardo Sastre, y porque se consiguió despejar el bloque oficialista de infiltraciones que hacían más ruido que otra cosa.
La votación, en la que se impuso a Roddy Ingram como vicepresidente primero y a Carlos Eliceche como vicepresidente segundo -relegando los nombres de Leila Lloyd Jones y Carlos Mantegna-, si bien tuvo el apoyo circunstancial de dos diputados radicales, igualmente permitió avizorar el nuevo armado 2021: el bloque oficialista con 12 diputados propios alineados, más tres satélites que juegan cartas individuales.
Y en frente, un PJ con 6 legisladores cohesionados, el madernismo tratando de acercarse al peronismo, y un radicalismo en la situación más cómoda de todas, como árbitro de todas las batallas.
Poniendo nombres propios, la bancada de Chubut al Frente mantiene hoy a 12 de sus 16 miembros originales: los arcionistas que son Pais, Cigudosa, Ingram, Cativa, Nouveau, Gómez y Mongilardi; los sastristas Gabella, Antin y Williams; la joven trelewense De Lucía y también la esquelense Zulema Andén, quien a pesar de sostener un alejamiento con el gobernador Arcioni, mantiene los pies en el plato gracias a la buena relación con el presidente de la bancada.
La razón por la que el Ejecutivo está mucho más cerca de una mayoría que el año pasado -en épocas en las que el interbloque actuaba en contra de lo que apenas eran 7 diputados del arcionismo-, es que ahora a este grupo de 12 se puede sumar a diputados que se podrían llamar el “paraoficialismo”, que actúan como satélites y que vienen dando los votos que le faltan en los temas clave. Se trata del ex Cambiemos, Sebastián López, y los alejados del Frente de Todos, Carlos Eliceche y Tatiana Goic.
Del bloque primigenio del oficialismo, hoy están afuera los tres madernistas, Lloyd Jones, Giménez y Chiquichano (este último tiene diálogo con el gobierno pero termina votando siempre lo que le dice el intendente de Trelew); y la rawsense Rossana Artero, que juega un partido aparte y es imposible de clasificar, aunque su postura es generalmente opositora.
Yendo a la vereda de enfrente, además de estos cuatro ex diputados oficialistas que hoy juegan claramente en contra del gobierno, hay que decir que el bloque que actúa como principal opositor y primera minoría es el PJ-Frente de Todos, que perdió dos soldados, pero que ganó en coherencia interna.
Dejando afuera a Elieche y Goic, este bloque que tiene la conducción ideológica del tándem Luque-Linares-Mac Karthy-Nancy González, tiene seis legisladores: Casanovas, Baskovc, Saso, Mantegna, Williams y Mansilla.
Respecto al bloque más chico, lo dicho, los radicales Pagliaroni y Aguilera están en la oposición, pero no es a rajatabla. En el lugar más cómodo, mantienen diálogo abierto tanto con el gobierno como con el PJ, y saben que en determinados casos, pueden ser los árbitros que definan la partida para un lado o para el otro.
Hasta octubre del año pasado, el panorama para el gobierno era terrible en la Cámara: cada ley importante necesitaba meses de negociación, con una enorme pérdida de tiempo. Los 16 oficialistas se dividían en 7 arcionistas, contra 9 del interbloque, y luego estaban los 8 justicialistas y los 3 de Juntos por el Cambio. Estos últimos dos bloques jugaron un papel fundamental a la hora de bancar la institucionalidad en épocas de amagues de juicio político.
Este campo de fuerzas cambió en noviembre, cuando ingresó el proyecto de zonificación minera, que generó posturas individuales que dividieron las aguas y después ya nada fue lo mismo. Los tres bloques se terminaron rompiendo a causa de un tema muy delicado y de gran sensibilidad social, y aún hoy es difícil predecir cómo va a continuar todo.
La primera ruptura fue en Juntos por el Cambio, donde la difusión de un video de Sebastián López hablando de cobrar “100 lucas” para hacer lobby político a favor de la minería en otra época como funcionario, provocó que la misma dirigencia del PRO lo denunciara en la justicia, y que sus colegas radicales lo sacaran del bloque.
La segunda ruptura, fue por la viralización de un audio de la diputada Leila Lloyd Jones, en el que daba a entender que los que apoyaban el proyecto 128/20 era porque habían recibido coimas. Esto generó un escándalo en el oficialismo que derivó en una ola de presentaciones judiciales, que terminaron con una denuncia de la legisladora en la que no apuntaba contra ningún colega en particular.
La conclusión fue que ella y quienes la apoyaban, José Giménez y Rossana Artero, quedaron separados del oficialismo. Distinto fue el caso de su par de Trelew, Ángel Chiquichano, que en un primer momento también fue muy duro y la denunció.
Y el tercer bloque en terminar de explotar fue el Frente de Todos, en esta misma semana, cuando dos de sus integrantes, Carlos Eliceche y Tatiana Goic, votaron con el gobierno las vicepresidencias y además firmaron el dictamen a favor de la zonificación, totalmente en contra de lo planteado por el PJ a nivel partidario.
Resta saber qué va a pasar con todos estos casos, porque se prevé el surgimiento de un festival de mini bloques. Tanto Sebastián López como Carlos Eliceche anunciaron bancadas unipersonales, y resta saber qué harán Goic (de Camioneros), Artero y los tres madernistas (Chiquichano, Lloyd Jones y Giménez).
En este último grupo, si bien hay un intento de acercamiento del intendente Maderna con el PJ, hay una clara resistencia de un bloque que tiene un fuerte peso de Juan Pablo Luque y Gustavo Mac Karthy, totalmente alejados del jefe comunal de Trelew.
Hay que destacar que en este nuevo armado legislativo aún en ciernes, pueden jugar un rol fundamental tres diputados que desde hace un tiempo vienen teniendo “sintonía fina” con el oficialismo, y que podrían aportar los votos necesarios para aprobar las leyes más polémicas. Juegan el rol de “satélites” flotando alrededor del bloque de la mayoría, y pueden ser decisivos en determinadas situaciones. Paradojas de la vida política, durante 2020 fueron de los diputados con posicionamientos más duros contra el gobierno de Arcioni, y hoy, les toca hacer silencio.
Uno es Sebastián López, ex Cambiemos, quien fue cuidado por el gobierno cuando estuvo en el pelotón de fusilamiento por la viralización de una cámara oculta. Era de los más críticos, a tal punto que en agosto fue el único que votó en contra de la ley que autorizó a renegociar la deuda en dólares con los bonistas.
Pero luego, terminó siendo clave en la aprobación del presupuesto en diciembre último, y ya arrancó este año votando a Ingram y Eliceche en las vicepresidencias y –a pesar de la ola de críticas de los asambleístas- igualmente firmó el dictamen a favor de la minería.
Otro “semi oficialista” es Carlos Eliceche, quien desde hace dos años muestra una estrecha relación política con el vicegobernador Ricardo Sastre. En épocas del interbloque, su postura anti Arcioni (alineada al sastrismo) era más dura aún que la del resto del PJ. Eran tiempos en los que el madrynense coincidía con el dirigente Carlos Linares, quien lo puso como candidato en la lista del PJ.
Pero el tema minero lo dejó parado en otra vereda, y ahora terminó siendo elegido vicepresidente segundo de la Cámara por la mayoría de Chubut al Frente, y viajó junto al gobernador Arcioni a entrevistarse con el Presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, para dar impulso a la zonificación de la meseta. A futuro, su voto se ubicará donde estén los intereses de Ricardo Sastre, a quien ya eligió como su candidato a gobernador.
Y el tercer caso es el de la diputada Tatiana Goic, quien pertenece al Frente de Todos en una alianza con el partido de Camioneros y cuyo referente es Jorge Taboada. La joven diputada arrancó el año votando con el gobierno, en lo que se lee como la cristalización del acercamiento del líder de su sindicato con la gestión de Arcioni.
Con una mirada de defensa del sector gremial y muy crítica de la deuda salarial con los estatales, Goic fue en 2020 de las diputadas más duras con el gobierno. Sin embargo, los intereses de su gremio, que apoya expresamente el desarrollo minero en la meseta, la obligaron a tener que cambiar de estrategia. No es para nada una diputada oficialista, pero tampoco es ya del Frente de Todos. Su futuro es incierto, y dependerá de cada tema.
Llegados a este punto, es el momento de describir lo vivido en la mañana del jueves 4 de marzo, cuando estaba prevista la primera sesión del año para tratar el proyecto de zonificación minera, y que fue suspendida por el vicegobernador Ricardo Sastre a último momento, según la versión oficial, por la falta de garantías expresada por los diputados ante las manifestaciones sociales que ponían en riesgo su integridad.
Hay que decir que los hechos registrados en la casa de Roddy Ingram en Playa Unión fueron graves y absolutamente repudiables, pero fue el único caso en el que se vivió una situación de ese tipo. En realidad fue utilizado como una excusa, porque la verdadera razón por la que se levantó la sesión fue la misma por la que no se pudo tratar el tema en diciembre y en febrero: la falta de votos que aseguren una mayoría de 14 para garantizar la aprobación de la ley.
Claro está que a la hora de decidir sacar dictamen el día anterior, el gobierno creía tener esos votos “de palabra”, según lo hablado de manera individual con cada uno de los legisladores. Pero a último momento, volvieron a aparecer las dudas, y el pedido de más tiempo, especialmente de dos diputados.
De ninguna manera se debe evaluar el apoyo respecto a la cantidad de conectados esa mañana, ya que la mayoría se quedó esperando la habilitación de la sala virtual para sumarse. En realidad, conectados nunca hubo, porque nunca llegó a estar la decisión de abrir la sesión, y sólo circularon mensajes por los celulares, hablando de “problemas técnicos”.
De los 14 votos que tenía contados el gobierno, el que se volvió a caer -como ocurrió en febrero- fue el de Ángel Chiquichano. A pesar de charlas previas con el gobernador y el jefe de la bancada, en las que había anticipado que su voto estaba firme, una vez más el diputado de Trelew adujo minutos antes de la sesión fuertes presiones de su referente político, el intendente Adrián Maderna, para no votar, o hacerlo directamente en contra.
Caído este voto desde temprano, el oficialismo evaluó si convenía llevar adelante igual la sesión, ante el escenario de un empate en 13, ya que desde el año pasado está acordado que el diputado cordillerano Pablo Nouveau no votará a favor ni en contra, y que se ausentará al momento de tratar este asunto.
Y fue allí que comenzó a circular el dato que a la postre fue definitivo, de que la diputada madrynense Xenia Gabella no estaba dispuesta a votar. Aquí surgen dos versiones, imposibles de verificar al 100 %. Hay quienes sostienen que las dudas de la legisladora eran genuinas, y que dado el número total de 12 era imposible de remontar, se tomó la decisión de la suspensión.
Otra versión se basa en la íntima cercanía de Gabella con Sastre, y se cree que pudo estar acordado el amague de la diputada para evitar al vicegobernador tener que someterse a un desempate que lo dejaría expuesto socialmente.
Sea como fuere, el resultado final fue un nuevo fracaso en el intento por tratar el tema, que deja todo en suspenso hasta dentro de dos semanas, cuando continuará el cronograma de sesiones ordinarias. El proyecto de zonificación tiene dictamen y sólo resta saber si será incluido nuevamente en el Orden del Día. Si el oficialismo evalúa que aún está en duda la mayoría, no se va a arriesgar a que el proyecto firme su certificado de defunción.
Será otro momento crítico, en el que volverán a activarse las fuertes manifestaciones de la sociedad en contra de la ley. La pregunta es cuánto tiempo más el tema seguirá sobrevolando la agenda sin definición, y trabando el tratamiento de muchas otras cuestiones que son cruciales para el avance de la gestión del Estado.
