El 100% sea abastecido por las pymes de biodiesel y bioetanol por un plazo de seis años
El secretario de Energía participó de una reunión informativa de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, donde repasó el proceso de evolución de la industria de los biocombustibles en relación con los contextos nacional e internacional con el objetivo de acordar un nuevo marco legal para el sector.
El secretario de Energía, Darío Martínez expuso ante la Comisión de Energía y Combustibles de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El eje de su presentación estuvo centrado en recorrer el estado de la legislación orientada a la industria de los biocombustibles en nuestro país.
Ante el vencimiento del actual marco normativo, Martínez sostuvo que la ley vigente funcionó bien de acuerdo con el contexto nacional e internacional en el que se elaboró. En ese sentido, consideró que el sector se encuentra, nuevamente, ante la posibilidad de contar con un régimen que esté en consonancia con una situación, tanto local como global, que responde a un nuevo contexto. Y agregó: “El objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia entre todas las realidades de la situación local, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”.
“La transición energética es fundamental para nuestra política en esta materia, el mundo va en ese camino”, expresó el funcionario. Al mismo tiempo, también consideró que “las decisiones que toma la Secretaría de Energía, dentro de nuestro proyecto político, priorizan el cuidado de las pymes, el cuidado y la generación de empleo, el impulso a la producción y la incorporación de valor agregado”.
En su exposición, el secretario recordó el contexto en el que se elaboró y sancionó la norma actualmente vigente, diferenciándolo de la actual situación, nacional e internacional. “El comienzo de la década del 2000 nos encontraba ante el horizonte de la transición energética y con nuestros yacimientos de hidrocarburos en un alto grado de madurez”, describió Martínez. La ley finalmente sancionada en 2006 fue un instrumento acorde al contexto de ese momento, para incentivar las oportunidades de inversión y exportación ante la demanda creciente por parte de otros países. Fue en ese marco en el que, recordó Martínez, se produjo “la decisión óptima del presidente Néstor Kirchner de avanzar con la Ley 26. 093”.
A continuación, el secretario consideró necesario evaluar la situación de los biocombustibles teniendo en cuenta los datos en la fluctuación de precios y costos, las realidades diferenciadas al interior del sector, el contexto local ligado al gas como combustible de transición, en el marco de una situación internacional marcada también por ese horizonte de transición y la necesidad de reducir las emisiones de Co2.
Especialmente, remarcó la distinción necesaria que debe hacerse entre los diferentes tipos de cultivos que participan de la producción, como es el caso del bioetanol elaborado a partir de la caña de azúcar que, a diferencia del maíz y la soja, carece de un mercado de exportación.
Además de tener en cuenta la situación de la caña de azúcar, un nuevo marco normativo deberá también tener en consideración los posibles vaivenes en la cotización de los commodities, encontrando algún tipo de esquema de equilibrio que evite afectar el costo de vida de nuestra población.
Finalmente, en el marco de la necesidad de hallar nuevos consensos que impulsen la actividad y tengan en cuenta la situación específica de los diversos integrantes de la cadena de producción, Martínez abogó por la creación de “una Comisión multisectorial en la que participen todos los actores involucrados”.
LPO
Al borde del vencimiento de la ley que regula el mercado de los biocombustibles, el jefe del bloque oficialista de diputados, Máximo Kirchner, impulsó una nueva ley que busca consolidar a las pymes del sector garantizándole cuota, precio y previsibilidad en el tiempo.
El nuevo texto prevé que el cien por ciento del corte mínimo obligatorio para la comercialización de combustibles en el país sea abastecido por las empresas pequeñas y medianas productoras de biodiesel y bioetanol por un plazo de seis años con la posibilidad que sea prorrogable por otros tres.
Como en mayo vence la reglamentación vigente, este proyecto trajo tranquilidad a las provincias productoras de biocombustibles que presionaron durante le período extraordinario para que diputados sancione la prórroga de la ley que tenía media sanción del Senado.
Ahora, el proyecto trajo alivio al sector que viene de pasar un año crítico, donde el consumo de combustibles cayó a niveles insólitos por la pandemia y con el precio de venta por abajo de los costos. Esto hizo que la mayoría de las empresas tuvieran que parar la producción y suspender trabajadores. La situación llegó al punto que el gobierno debió acelerar este nuevo proyecto debido a la presión de los gobernadores de las provincias productoras que veían amenazada una rama productiva de impacto en el empleo local.
En concreto, la nueva ley obliga a las grandes petroleras de proveerse con las pymes le volumen necesario para producir la mezcla mínima del 5% de biodiesel y el 7 de bioetanol que determina la ley a las empresas cuya producción anual no excedan las 50 mil toneladas de biodiesel o los 90 mil metros cúbicos de bioetanol de maíz.
Con ello, se persigue la diversificación de la matriz económica del país, el desarrollo de las economías regionales y la industrialización de la producción primaria como la soja, el maíz o mayor valor agregado a la producción de caña de azúcar. De hecho, se calcula que las pymes del sector emplea directamente 30 mil puestos e indirectamente a más de 100 mil.
En cuanto al stock, las petroleras deberán agotar el segmento pyme para adquirir el insumo y, en caso de faltante de producto, podrán comprar en el mercado previa autorización de Energía donde las pymes podrán participar de ese mercado al igual que las empresas no integradas exceptuando a las grandes aceiteras.
En rigor, algunas de las grandes terminales agroexportadoras como Renova, que pertenece al concursado grupo Vicentín o Dreyfus, entre otras, desarrollaron modernas plantas productoras de biodiesel pero que se destina al mercado internacional.
La importancia de esta nueva ley de biocombustibles descansa en la posibilidad de potenciar inversiones, ampliar los beneficios sociales, ambientales, económicos y productivos y que sea una producción descentralizada que genera arraigo y soberanía territorial a su vez que requiere de puestos de trabajo con alta calificación
A su vez, para garantizar que los biocombustibles destinados al mercado interno sean provistos por empresas pymes, la nueva ley impide que sean asociadas, subsidiarias, controladas o controlantes de un mismo grupo económico o coincidan los integrantes de sus directorios o sus acciones estén en manos de capitales extranjeros.
"La importancia de esta nueva ley de biocombustibles descansa en la posibilidad de potenciar inversiones, ampliar los beneficios sociales, ambientales, económicos y productivos y que sea una producción descentralizada que genera arraigo y soberanía territorial a su vez que requiere de puestos de trabajo con alta calificación", destacan los impulsores del nuevo proyecto.
El Parlamentario
El Frente de Todos en la Cámara de Diputados resolvió activar la Comisión de Energía y Combustibles, que no se reúne desde hace casi un año, como respuesta a la presión ejercida por la oposición al convocar a dos sesiones especiales con el fin de aprobar la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles.
El oficialista Omar “Chafi” Felix, titular de la comisión, convocó a una reunión informativa con la presencia del secretario de Energía, Darío Martínez, quien deberá justificar por qué el Gobierno decidió, hasta el momento, frenar la prórroga de la ley que otorga beneficios fiscales a plantas productoras de biocombustibles.
En octubre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la extensión de la ley por cuatro años, es decir hasta 2024, pero el Poder Ejecutivo no incluyó el proyecto en el temario de extraordinarias para que pudiera ser tratado en la Cámara de Diputados a pesar de que los tiempos apremian, ya que el régimen vigente caduca en mayo.
Con el período ordinario ya en marcha, la oposición profundizó el reclamo para sancionar la ley y convocó a dos sesiones para el próximo jueves (25/3): la primera fue citada para las 11 a pedido de Juntos por el Cambio, y la segunda, a las 12, fue impulsada por el Interbloque Federal.
Si ambas bancadas aúnan esfuerzos y consiguen sumar a diputados de otros espacios, como Unidad Federal para el Desarrollo o el Frente de Izquierda, lograrían llegar a los 129 necesarios para el quórum, pero luego deberán reunir dos tercios de los votos para aprobar el proyecto ya que no cuenta con dictamen de comisión.
Es por eso que el Frente de Todos, con 117 integrantes sumados a aliados como el riojano Felipe Álvarez y la neuquina Alma Sapag, no tendría inconvenientes en bloquear la sanción de la ley, a menos que varios oficialistas se rebelen y acompañen la votación.
Es que en el bloque presidido por Máximo Kirchner hay posiciones encontradas, dado que se trata de un tema transversal que enfrenta a las provincias que tienen plantas productoras de biocombustibles con aquellas que producen petróleo.
Sin ir más lejos, en los últimos días la diputada oficialista Carolina Moisés, de Jujuy, presentó un proyecto propio para prorrogar la ley no por cuatro, sino por diez años, con el objetivo de “dar señales claras a los empresarios que aportarán los fondos a ser invertidos”.
“Es pertinente dar un marco de previsión en donde ellos puedan prever los volúmenes que se demandarán, para así poder planificar las nuevas instalaciones necesarias y los niveles de empleo”, sostuvo la jujeña en su iniciativa.
Infobae
El lobby de los biocombustibles logró que casi un centenar de proyectos de ley esperen su tratamiento en el Congreso para sostener los beneficios fiscales a su producción, que en los últimos 15 años le representaron al Estado un costo superior a los USD 7.400 millones. En la Casa Rosada reconocen que los biocombustibles se transformaron en un gran problema para las cuentas fiscales y se debaten en estos días cómo encauzar el asunto: el Ejecutivo podría dejar caer el esquema, prorrogarlo o enviar al Congreso un nuevo proyecto que rearme el escenario.
En mayo vencerá el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil. No dejará de exigirse la utilización de 10% de biodiesel en cada litro de gasoil y de 12% de bioetanol en el litro de nafta. Ni siquiera el beneficio impositivo de no abonar el impuesto a los combustibles, porque ese favor también lo tienen protegido desde 2018 a través de la ley 23.966 de impuestos a los combustibles.
De mantenerse la oposición del Gobierno a prorrogar el esquema actualmente vigente, las empresas productoras de biocombustibles perderían la posibilidad de devolución anticipada de IVA o la amortización acelerada para el impuesto a las Ganancias para las nuevas plantas que se construyan. Además, dejarían de tener un sistema de precios regulados por el Estado y el otorgamiento de cupos discrecionales que cada mes asigna la Secretaría de Energía para cada planta. Deberán competir libremente, por precio y calidad, entre todos los productores del mercado.
En mayo vencerá el esquema de algunos beneficios fiscales para los biocombustibles, no así su utilización ni obligación de corte con la nafta y el gasoil
Algunos legisladores nerviosos por la indefinición, particularmente de la provincia de Córdoba, reconocieron que el presidente Alberto Fernández les advirtió que habrá que repensar el sistema lanzado en 2006, cuando el barril de petróleo cotizaba por encima de los 100 dólares y los combustibles elaborados a partir de soja, maíz y azúcar permitían soñar con una baja sensible de los precios en las estaciones de servicio.
“El desarrollo de los biocombustibles a nivel mundial estuvo impulsado por necesidades geopolíticas de Estados Unidos y la Unión Europea para salir de la dependencia del petróleo”, asegura Martín Bronstein, presidente del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys).
“En 2006, casi el 70% de las exportaciones de crudo provenían de la OPEP y Estados Unidos importaba más del 60% de lo que consumía. Era una cuestión de seguridad nacional para esos países desarrollar alternativas al petróleo”, explicó Bronstein.
Poco tiempo después, Estados Unidos encontró la reserva de petróleo no convencional más grande del mundo y dejó de depender de terceros países, el precio del crudo se estabilizó hacia la baja, las commodities agropecuarias aumentaron y el sueño de combustibles de origen agropecuario se vino a pique.
Pero en la Argentina el esquema se sostuvo e inclusive intensificó, aumentando paulatinamente los porcentajes obligatorios con que los biocombustibles debieron mezclarse con los obtenidos a partir de petróleo.
“En estos 15 años, el costo de los biocombustibles ha resultado sistemáticamente más elevado que el de los combustibles fósiles, lo que ha derivado en un mayor costo de los combustibles en el surtidor”, aseveró Nicolás Arceo, ex vicepresidente de Administración y Finanzas de YPF y actual director de la consultora Economía & Energía.
Ese mayor costo de los biocombustibles fue parcialmente compensado a través de la exención del impuesto a los combustibles líquidos, lo que “generó una merma en los ingresos fiscales tanto de la Nación como de las provincias, porque se trata de un impuesto coparticipable”, señaló.
Según Arceo, en 15 años el esquema de promoción impositiva actual para los agrocombustibles tuvo un débito fiscal de US$ 6.000 millones por menor recaudación de impuestos y una pérdida de divisas de US$ 1.400 millones por aceite de soja y maíz que dejó de exportarse (y por consiguiente, de pagar retenciones) para ser volcado al mercado interno.
