Ambos temas se encuentran en tratamiento tras el pedido del gobernador Rodolfo Suarez
DANIEL GALLARDO
El paso del tiempo y todos los inconvenientes que hoy envuelven la realidad social, económica y política de Mendoza, esencialmente la salud de los mendocinos, lo aprovecha con estrategia el oficialismo.
Una muestra de lo dicho es haber lanzado en el centro del Consejo Económico, Social y Ambiental (CESyA) dos temas que han sido (¿son?) banderas para colocar en la agenda de la provincia como objetivos prioritarios, de acuerdo con la visión del actual Poder Ejecutivo, temas que ya recibieron pronunciamiento ciudadano y negativa política.
El primero cuando se pretendió modificar la Ley 7.722 para que arriben a la provincia empresas que exploten la minería metalífera y el segundo, cuando se propuso una importante reforma constitucional.
Ambos temas, los ha comenzado a tratar el CESyA tras pedido que hiciera en su momento el gobernador Rodolfo Suarez. El de la reforma tiene pronunciamiento oficial de la Universidad Nacional de Cuyo, el minero está llevando su tiempo, por lo complejo del tema y la pluralidad representativa del consejo donde hay posiciones diametralmente opuestas sobre esta cuestión.
Para conocer la posición asumida por la UNCuyo, El Ciudadano entrevistó a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Esther Sánchez, a quien se le preguntó en primera instancia, el porqué del apoyo de la universidad al debate reformista a lo que respondió: “La universidad tiene como esencia el análisis y discusión de todo proceso que pueda tener por objetivo una mejora e innovación en las estructuras institucionales. Eso es un punto desafiante por el solo hecho de poder analizarlo y debatirlo de allí, el compromiso que la universidad asume con la sociedad”.
- ¿Qué produce esto?
- Se incentiva el debate generando conciencia a través de la consideración y análisis de ideas con distintas perspectivas y pluralización de argumentos. Esto tiene el doble propósito de generar aportes desde las diversas miradas con fundamentos académicos para el debate en la Legislatura y el de llegar a la sociedad con la inserción de la temática de su conocimiento a través de un lenguaje accesible.
- ¿Esta es la idea básica de la UNCuyo?
- Sí, fue la propuesta del ciclo universitario de conferencias sobre la reforma constitucional organizada por la Universidad Nacional de cuyo con participación activa de la ciudadanía. Allí quedó demostrado que lo importante es enriquecer el debate con las distintas miradas sobre el tema.
- ¿Por dónde debe pasar la discusión de la reforma constitucional?
- El basamento de apoyar el debate legislativo, es porque ese es el canal institucional adecuado para analizar y discutir este tema. Es el camino y el ámbito natural para debatir con sustento una ley de necesidad de reforma. Por eso, desde la UNCuyo tenemos la convicción de que el rol que nos corresponde en la sociedad es fortalecer el desarrollo integral de la comunidad que desde el ejercicio pleno de atributos ciudadano contribuye en la construcción de estructuras institucionales sólida y actualizadas en el presente y con perspectiva de futuro.
Quien también respondió a la requisitoria periodística de nuestro diario, fue el senador Marcelo Romano (Ciudadanos por Mendoza), quien, al preguntarle sobre su postura de volver al debate minero, dijo: “Creo que el Consejo Económico, Social y Ambiental que (Rodolfo) Suarez puso en marcha tiene un objetivo claro y concreto, volver a debatir el tema minero. Algo que para el Gobernador es urticante luego de la numerosa cantidad de gente que se expresó en diciembre del 2019 a favor de la Ley 7.722".
- ¿Por qué el consejo?
- Porque allí el oficialismo puede diluir la responsabilidad política y el costo que le puede ocasionar volver a tirar sobre la mesa provincial el debate sobre la minería. No hablan de desarrollo, del progreso y la manera potenciar la matriz productiva de la industria, ganadería y del turismo, sino, simplemente la megaminería como si fuese la salvación”.
“Al respecto, tenemos ejemplos de sobra en Catamarca y San Juan, allí donde el único derrame es el de sustancias químicas en los ríos más importantes de esas provincias y no el derrame económico al que muchas veces hacen referencia”, señaló el legislador.
- Pero, la provincia tiene ya legislación y organismos de control.
- Mire, no sé a lo que usted se refiere con controles, porque aquí esos controles no existen. Cuando a usted le dicen que vamos a controlar, solo muestran su incapacidad de hacerlo, el ejemplo es el fracking, método de extracción no convencional que se le permitió a una empresa petrolera, beneficiada por el gobierno anterior.
- Entonces, ¿no hay salida minera?
- Sabe qué pasa, muchos mendocinos no le creemos que van a controlar, porque además estamos absolutamente seguros de que lo que van a hacer es un perjuicio para las próximas generaciones contaminando el agua de un desierto como en Mendoza, que necesita del vital elemento.
