A 48 horas de los ataques a las oficinas de la empresa Minera Agua Rica-Alumbrera (MARA) y a la sede del PJ en Andagalá, la Justicia comenzó a tomar las primeras medidas. 

En ese sentido, fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, Soledad Rodríguez, ordenó el allanamiento de seis propiedades y a la vez dispuso el arresto de seis personas que estarían involucradas a los desmanes ocurridos el sábado. 

Luego de su arresto, a estas personas se les realizaron los controles de rutina para ser alojados en la comisaría de la ciudad. Hoy pasarían a calidad de detenidos y serían puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro, para que determine cómo sigue su situación.

Finalmente, el gobernador Raúl Jalil suspendió la visita que tenía prevista  para hoy en Belén y Andalgalá y convocará a los intendentes del Oeste a una reunión en Capital para seguir tratando la  situación que se generó tras el ataque antiminero a las oficinas de la empresa Agua Rica y a la sede del Partido Justicialista. Ayer se reunió con diputados del interbloque de Juntos por el Cambio, quienes respaldaron al intendente de Andalgalá Eduardo Córdoba. Los diputados no aceptaron la invitación a viajar a la Perla del Oeste. 

Por otra parte, no se descarta que en las próximas horas se realicen nuevos allanamientos con más detenciones.

Ayer, grupos antimineros realizaban protestas frente a la Comisaría pidiendo la liberación de los arrestados. El lugar estaba protegido por un importante operativo de seguridad para evitar conflictos. Al parecer existían supuestas amenazas por parte de estos sectores de atacar el edificio. 

En diálogo con El Ancasti, Rodríguez explicó que los seis allanamientos se hicieron en las viviendas de las personas que fueron detenidas, cinco hombres y una mujer. En los lugares se secuestraron celulares y cámaras de fotos que serán analizadas por peritos informáticos para buscar información que esté vinculada a la organización de los ataques del sábado. También se encontraron botellas con elementos de combustión en algunos de los lugares allanados, que podrían ser para la elaboración de bombas molotov.

Estas personas fueron identificadas gracias a los videos que estuvieron circulando por las redes sociales, algunas cámaras de seguridad que había en el lugar y por las declaraciones de vecinos que presenciaron los desmanes en las oficinas de MARA y el PJ. 

Según señaló la funcionaria judicial, los seis arrestados son personas que viven en Andalgalá "conocidas" dentro de la comunidad. 

Al cierre de esta edición, aún no estaba definida la tipificación del delito que recaería sobre estas personas, pero no se descarta que sean acusados por el delito de incendio agravado.  Más adelante, Rodríguez explicó que en la Fiscalía son varias las denuncias que se presentaron contra los revoltosos. En ese sentido, dijo que se recibieron presentaciones de la empresa minera, del dueño del local donde está la sede del PJ, de empleados de la minera que sufrieron la destrucción de sus vehículos y de vecinos que fueron agredidos por los violentos al momento de perpetrar su ataque. 

Sin bien, reconoció que el proceso puede estar un poco demorado, afirmó que esto se debe a que es mucha la información recolectada del sábado que hay que corroborar para avanzar con más medidas. “Está costando identificar a las personas, pero se está trabajando con todas las herramientas que contamos”, sostuvo. 

Posteriormente y en el marco de esta investigación, la fiscal agradeció el apoyo de parte de la Corte de Justicia y de la Procuración en las personas del procurador y la fiscal general. En ese sentido, resaltó que desde la Capital se enviaron "los insumos necesarios" para poder llevar adelante el proceso. Así destacó el arribo de peritos informáticos para analizar los equipos que fueron secuestrados.

También, mencionó el refuerzo en las fuerzas de Seguridad para evitar nuevos inconvenientes. "Esperemos que no pasa nada porque esto llegó a un límite que es inaceptable. Las marchas antimineras se realizan desde hace tiempo y siempre fueron pacíficas. De la marcha del sábado se desmembró un grupo que realizó cosas inaceptables", dijo y añadió "si con amenazas piensan que la Justicia no va a actuar están muy equivocados". 

Posteriormente, resaltó que producto de la pandemia del COVID-19, se vio resentido el trabajo en la Fiscalía porque gran parte de los empleados forman parte de grupos de riesgo. En ese sentido, adelantó que desde la Fiscalía General se dispuso enviar al fiscal de quinta nominación de la Capital, Hugo Costilla, para que la acompañe en la investigación.