Según expertos estas condiciones no van en un modelo dónde vas a invertir en proyectos de 20 años y me van a otorgar un permiso para comercializar cinco años
YESHUA ORDAZ/El Milenio
Aunque la iniciativa para reformar la Ley de Hidrocarburos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene un impacto directo en el sector de la exploración y producción (upstream), diversos especialistas señalaron que el sector se encuentra integrado por lo que sí tendrá un impacto en este sector.
El socio del despacho Galicia Abogados, Carlos de María y Campos dijo que toda la industria petrolera es una actividad integral, por lo que no sirve como empresa tener bloques de producción sino se puede comercializar, transportar y almacenar el hidrocarburo, por lo que calificó como un obstáculo y bloqueo si se obstaculiza a los participantes de la cadena de valor.
“Definitivamente las empresas de upstream deben de estar preocupadas por el impacto que va a tener esto en la posibilidad de realizar su negocio, la comercialización es la puerta chiquita por la cual le ‘pegas’ al upstream” dijo.
Por su parte la analista de productos refinados para Latinomécia de IHS Markit, Alejandra León, coincidió en que para una empresa un proyecto de exploración y producción no tiene sentido sin la comercialización de los hidrocarburos, y estas vías son las exportaciones de gas o petróleo.
“Definitivamente estas condiciones no van en un modelo dónde vas a invertir en proyectos de 20 años y me van a otorgar un permiso para comercializar cinco años. Es un poco difícil hacer una evaluación económica de cualquier proyecto de los flujos totales y de generación de valor total, si tengo ese grado de incertidumbre sobre la comercialización”.
El abogado constitucionalista Raúl Pérez Johnston, aseguro que aunque la mayoría de los expertos no han visto un riesgo para el sector de exploración y producción se puede encontrar muchas vías de que esta reforma apliqué también upstream en más de una manera.
“Una redacción tan amplia de estos conceptos como la exposición de motivos pueden cambiar de sentido, incluso de disposiciones que ya estaban en la ley. Estamos introduciendo nuevos principios interpretativos dentro de la propia exposición de motivos que tienen que ver con todos los conceptos de soberanía energética, seguridad energética y de seguridad económica nacional que no estaban presentes”.
Infobae
Un impacto a los bolsillos es lo que ocasionará la Ley de Hidrocarburos, de ser aprobada dicha iniciativa, ya que familias mexicanas, así como empresarios tendrán que pagar más por hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, así lo advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Y es que de acuerdo con la Cofece, algunos términos de la reforma a la Ley de Hidrocarburos afectarían la competencia en el sector, lo que desencadenaría el alza en los costos que pagan los mexicanos por los productos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la advertencia fue lanzada en una época de alzas, ya que por ejemplo el gas LP registró un incremento de 36.5% anual hasta marzo de este año, la gasolina “roja” o Premium creció 11.1%, mientras que la “verde” la Magna se ha elevado a 11.4%.
Ante ello, la Cofece recomendó al Congreso de la Unión, no aprobar en los términos propuestos dicha Iniciativa.
Los cambios en el régimen de competencia se relacionan con los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, dentro de las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.
Según la Cofece: “para que Petróleos Mexicanos (Pemex), otras empresas productivas del Estado y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos –que deben otorgarse de manera expedita y no indebidamente discriminatoria–, cuyo objetivo es el cumplimiento de requisitos razonables vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura, entre otros. En ningún caso, el régimen de permisos debe restringir el acceso a los interesados que cumplan con los requisitos aplicables”.
*Desincentivaría la entrada y reduciría la oferta al distorsionar el régimen de permisos, porque faculta y da amplia discrecionalidad a la Secretaría de Energía (Sener) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender temporalmente permisos en caso de que consideren de peligro inminente para la “seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Sin embargo, estos conceptos no se definen ni se establecen criterios para su clara aplicación.
*Generaría incertidumbre al modificar de afirmativa la negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos, lo que reduce los incentivos de la autoridad para resolverlas de manera expedita, e impide inicialmente a los agentes económicos conocer las razones para negarlas.
También, reduciría el número de competidores y la oferta al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la Sener para el otorgamiento de permisos.
Si bien contar con capacidad de almacenamiento suficiente es necesario para que exista competencia en la cadena de producción de combustibles, requerir su comprobación previa al otorgamiento del permiso genera un círculo vicioso entre la falta de dicha capacidad por la inexistencia de permisos, y la falta de estos ante la escasez de infraestructura, desalentando inversiones en este rubro.
La Iniciativa permite la revocación de permisos vigentes que, a la entrada en vigor de la reforma planteada, incumplan con este requisito, lo que constituiría una violación a los derechos adquiridos y una restricción injustificada a la oferta.
Pese a solicitar su no aprobación, la Cofece reconoció, por otra parte, como legítimos los esfuerzos del Gobierno Federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, por lo que en dicha opinión no se pronuncia sobre la modificación legal que prevé revocar los permisos por esta causa específica.
Regresa el estímulo fiscal a la gasolina Premium
En tanto, regresó el estímulo fiscal a la gasolina Premium, luego de dos semanas de mantener un costo más elevado respecto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la decisión se dio a partir del pasado sábado 10 de abril y hasta el 17 del mismo mes.
