Según YPFB, la nacionalización generó US$ 37.484 millones
JOSUÉ HINOJOSA
Según datos publicados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Estado boliviano obtuvo ingresos superiores a US$ 37.484 millones por concepto de renta petrolera entre 2006 y 2019 como resultado de la nacionalización de los hidrocarburos.
La estatal petrolera destaca ingresos generados por el sector de hidrocarburos favorece en forma directa a gobernaciones, municipios, universidades públicas y al Tesoro General del Estado (TGN), actores que desarrollan programas y proyectos de cobertura de salud, educación, vivienda, empleo y diversificación productiva que mejora la calidad de vida del pueblo boliviano.
La renta petrolera es el resultado de la comercialización de hidrocarburos y las actividades realizadas en el sector. Está compuesta por los ingresos generados por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), regalías, participación del TGN, participación de YPFB, patentes hidrocarburíferas, impuestos upstream, entre otros.
Según datos expuestos en la audiencia de rendición pública de cuentas inicial 2021 de YPFB, la renta petrolera en 2020 llegó a US$ 1.652 millones, mientras que para este año se prevé 1.918 millones.
El analista en hidrocarburos José Padilla afirma que no hubo nacionalización de los hidrocarburos en 2006, puesto que la medida de Morales consistió en modificar los contratos existentes.
Padilla menciona que en 1969, cuando el presidente Alfredo Ovando Candia encaró un proceso de nacionalización, indemnizó a la Gulf Oil Company para tomar posesión de la misma. “Pero en este caso (2006) no hubo nacionalización porque el Estado no ha tomado posición de las empresas”, dijo.
Asimismo, cree que el llamado proceso de nacionalización representó un obstáculo a la llegada de inversiones privadas.
En mayo de 2008, el Estado adquirió el 100 por ciento de las acciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos, que se encontraba en manos peruanos y alemanas. La empresa ahora se conoce como YPFB Logística S.A.
Compra de acciones de Chaco y Andina
También en 2008, el Estado adquirió las acciones de las sociedades Empresa Petrolera Chaco y Transredes para dar paso a lo que actualmente es YPFB Chaco SA. Hizo lo propio con Andina, filial de Repsol YPF, para conformar lo que hoy es YPFB Andina S.A.
Air BP, un proceso que duró 10 años
En mayo de 2009, se inició el proceso de nacionalización de Air BP, filial de la empresa británica British Petroleum, dedicada a la distribución de combustible en aeropuertos del país. Este proceso fue uno de los más complejos, puesto que se prolongó hasta 2019. Ahora es YPFB Aviación.
Las nueve empresas nacionalizadas son S.A.
YPFB Chaco S.A., YPFB Andina S.A., YPFB Transporte S.A., YPFB Refinación S.A., YPFB Logística S.A., La Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A., Gas TransBoliviano S.A (GTB), YPFB Transierra S.A. e YPFB Aviación S.A. tienen una mayor participación estatal, pero son sociedades anónimas.
La distribución de ingresos provenientes del sector hidrocarburos, que gracias a la nacionalización pasó del 18% a 82% en favor del Estado boliviano, además del boom de la renta petrolera como consecuencia de la nacionalización, son dos aspectos que, a 15 años de la medida lanzada por Evo Morales, aún permanecen envueltos entre mentiras y verdades.
Mientras el Gobierno nacional destaca este proceso que permitió, a partir del 1 de mayo de 2006, retomar el control de los recursos naturales que habían sido anteriormente privatizados, especialistas en hidrocarburos lo califican como un fracaso y aseguran que no hubo nacionalización.
Y es que, en los últimos 15 años, ha sido frecuente escuchar: “Antes, el Estado se quedaba con el 18 por ciento de los ingresos y las transnacionales con el 82; con la nacionalización, el Estado pasó a recibir el 82 por ciento”.
Pero el Decreto 28701 de nacionalización de los hidrocarburos, en su artículo 4, establece que esa fórmula se aplica solamente en los campos cuya producción promedio de gas natural supere los 100 millones de pies cúbicos por día (MMp3d) por un periodo de seis meses. La distribución en los campos con una producción menor a la mencionada no tuvo alteración.
De este modo, en la práctica se aplicó la fórmula del 82 por ciento para el Estado únicamente en la producción de los campos San Alberto y Sábalo por un periodo de seis meses, así lo refleja el estudio denominado “Nacionalizaciones de hidrocarburos en Bolivia”, elaborado por la Fundación Jubileo.
No obstante, aún hay personas que creen que el Estado se queda con el 82 por ciento de los ingresos provenientes de los hidrocarburos en la totalidad de los contratos de operación.
Según el analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, existe un componente discursivo de carácter político antes que técnico, puesto que el Gobierno recurrió a un simbolismo con la etiqueta de nacionalización.
Algo similar ocurre con el boom de los ingresos por renta petrolera, cuyo pico máximo se dio en la gestión 2014 con más de US$ 5.500 millones. Según el Gobierno, el aumento de recursos es fruto de la nacionalización.
Sin embargo, Velásquez afirma que los ingresos subieron a consecuencia de las inversiones realizadas tras la firma del contrato de exportación de gas a Brasil. Al haber un mercado con volúmenes crecientes y por 20 años, las inversiones llegaron al país.
Velásquez también señala que el boom de los ingresos es consecuencia del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), creado el año 2005 antes de que Morales llegue a la presidencia y, por ende, antes de la nacionalización.
Asimismo, el especialista menciona que los elevados ingresos en 2013 y 2014 están directamente relacionados con el aumento del precio internacional del barril de petróleo, que en esa época superó los US$ 110.
“Los políticos siempre intentan sacar el crédito de ese tipo de medidas, pero lo cierto es que es un proceso que se ha ido construyendo de demandas sociales que implicaron un problema muy serio político y social en 2003 que derivó en un referéndum en 2004”, dijo Velásquez.
Añade que el efecto de la nacionalización se plasma en al menos un 19 por ciento de la renta petrolera producto de la participación de YPFB en los contratos de operación.
