ISABELLA COTA

La propuesta del Gobierno colombiano para recaudar más impuestos busca evitar que la calificación de su deuda soberana caiga a la “basura”, pero va más allá. Presentada el jueves por la Administración de Iván Duque, se atreve también a experimentar con una idea que forma parte de una oportuna conversación global: la renta básica.

Si el Congreso la pasara tal y como está, aumentaría los impuestos recaudados lo suficiente para reducir el endeudamiento. El riesgo es que una versión diluida por el Congreso no recaude lo suficiente para que Colombia retenga su grado de inversión crediticia.

El Gobierno gastó el 4,1% del PIB en medidas de ayuda y financiamiento para los grupos más vulnerables durante la pandemia, de acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional. Esto ensanchó el hueco que ya tenían las finanzas del Gobierno y las agencias calificadoras de riesgo crediticio tomaron nota.

Durante 2020, la calificadora Fitch Ratings recortó su calificación, la cual refleja la confianza en que el Gobierno tiene la capacidad de pagar su deuda soberana. La calificación de Colombia ahora mismo es solo un grado por encima de especulación o “basura”, como se le conoce, en las tablas de S&P y Fitch.

“La reforma es bastante ambiciosa,” dice Daniel Velandia, economista jefe de la firma Credicorp Capital en Bogotá, “en ninguna reforma de los últimos 30 años ha recaudado dos puntos del PIB, que es la meta del gobierno”.

De estos dos puntos del PIB que quieren recaudar, 1,4 es para hacer frente a la situación fiscal y el resto es para mantener los programas sociales. “Pero el 1,4% es el que realmente importa desde el punto de vista fiscal y para las calificadoras de riesgo”, explica Velandia. ”Eso es tal vez lo más relevante en la discusión, que va a ser complicada. Siempre lo es, pero estamos en año de pandemia y en año preelectoral y muchos de los impuestos son sensibles y políticamente complejos”.

Es poco probable que el Congreso apruebe la reforma como está y esto pudiera traer un problema, dice al teléfono desde Nueva York Benito Berber, economista jefe para América Latina del banco de inversión Natixis. “Si le cortan mucho los dientes a esto y terminan con algo cuyo beneficio en términos de ingresos adicionales es la mitad o menos de 1% [del PIB], la probabilidad de que les recorten la calificación a “basura” aumenta. Y es muy poco probable, no imposible, pero poco probable, que les aprueben la ley así como la mandaron”.

La opinión de Moody’s, agencia que mejor califica a Colombia entre las tres más grandes, ha sido, hasta ahora, positiva. Las autoridades deben actuar “para incrementar los ingresos estructurales del gobierno con el fin de apoyar la consolidación fiscal y crear espacio para aumentar el gasto social”, dijo el analista Renzo Merino en un comunicado.

“Esto último es relevante dada la prevalencia de una alta desigualdad de ingresos, condición que se agudizó como resultado de la pandemia y que expone al perfil crediticio de Colombia a mayores riesgos sociales. El anuncio de restricciones al gasto corriente sumado a modificaciones a la regla fiscal son factores que, de implementarse efectivamente, reforzarían la credibilidad del proceso de consolidación fiscal”, agregó.

En 110 páginas, el Ministerio de Hacienda propone a detalle múltiples cambios en los impuestos que pagan los colombianos a través de dos principiares ejes.

El primero es ampliar la base de contribuyentes de manera progresiva, es decir, de acuerdo a los ingresos y a partir de quienes ganen el equivalente a 700 dólares al mes.

El segundo, es el impuesto al valor agregado (IVA), el cual se extendería a más servicios y productos. Se eliminarían exenciones como las de productos electrónicos y de transporte, mientras se agregan nuevas exenciones, por ejemplo, a productos menstruales y dispositivos anticonceptivos — una tendencia en Europa, en donde Francia y el Reino Unido han reducido los impuestos sobre productos femeninos.

El Gobierno quiere gravar también la riqueza. Quienes vivan en el país y tengan un patrimonio de más de 4.870 millones de pesos (1,3 millones de dólares) deberán pagar un “impuesto temporal y solidario” de 1% para los estratos más bajos dentro de este rango y de 2% a los más altos.

Esta propuesta toca un punto sensible a nivel mundial, ya que desde antes de la pandemia del año pasado, políticos, líderes de opinión y legisladores debaten sobre si esta es una solución al creciente problema de la desigualdad. Los nuevos impuestos entrarían en vigor en 2022.

El Gobierno de Duque quiere también hacer permanentes los programas sociales creados por la pandemia, ofreciendo en el país una renta básica, un controvertido concepto que algunas economías desarrolladas ofrecen a manera de red de seguridad social. La ONU se manifestó a favor el año pasado, argumentando que la pandemia empujaría a millones más a la pobreza.

En Colombia, estos se focalizarían a personas que viven en pobreza o pobreza extrema y serían de entre 20 y 150 dólares dependiendo de la necesidad del ciudadano. “La iniciativa responde a estas sugerencias de política pública en las que los que menos tienen tengan un ingreso básico, que muchos países nórdicos se han movido y que algunos países emergentes han jugado con esta idea en función de que su circunstancia no la puede cambiar de un año para otro”, dice Berber, de Natixis.

El texto de 110 páginas, en cambio, sí contempla IVA del 19% a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6 –la mitad superior en el sistema colombiano–. La canasta de bienes gravados pasaría de 39% a 43%, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda. También aumentará de manera escalonada la base de contribuyentes que deben pagar renta, que incluirá a las personas que ganen desde 2,5 millones pesos colombianos, unos 700 dólares.

El ingreso medio en Colombia ronda los 500 dólares al mes, según dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a reporteros el jueves durante la presentación. Esto quiere decir que la base gravable sí se ampliase, pero no de manera focalizada a la clase media.

En cuanto al gasto público, le pone un techo al presupuesto nacional al plantear que se incremente hasta por debajo de la meta de inflación de cada año hasta el 2026, y le otorga durante un semestre al presidente Duque facultades extraordinarias para liquidar y reestructurar entidades con el propósito de reducir gastos.

Desde 2019 y de nuevo en 2020, miles salieron a las calles a protestar con indignación tras los sucesos de violencia en el país. Ahora, gremios y grupos sindicales ya plantean huelgas en contra de la iniciativa, lo cual pudiera retrasar su paso por el Congreso. “Esa va a ser un desafío permanente”, opina Velandia. “Por eso, creo que es bien importante que el Gobierno pueda comunicar realmente el tema de los programas sociales, que pueda comunicar de manera potente que los cambios impositivos están recayendo sobre las personas de relativos altos ingresos”.