La noticia más llamativa de los últimos días ha sido el deslinde del aspirante presidencial Pedro Castillo con el ideario de su agrupación política (Perú Libre), el cual propugna cambiar la Constitución y ‘capturar’ los principales yacimientos mineros y de hidrocarburos, como el de Camisea, al cual dedica especial atención.
Y es que la nacionalización del gas cusqueño, en el imaginario de Perú Libre, permitiría triplicar el presupuesto para el sector educación, convirtiendo dicho recurso “en el pan de la educación peruana”.
En vez de eso, Castillo propuso “no ir más allá” en la nacionalización de Camisea si el consorcio liderado por Pluspetrol acepta destinar toda su producción al mercado interno y mostrar su conformidad “con el planteamiento de que el 70% queda para el país y el 30% se la lleva”.
Esto es, una ‘vuelta de tuerca’ a la supuesta expoliación de los recursos de gas por parte del Consorcio Camisea, una noción distorsionada por cuanto éste ya deja el 50% de sus ganancias en el país a través del pago del Impuesto a la Renta (30% de la utilidad bruta) y regalías (37, 24% del valor de la producción), según expertos consultados por Día1.
“Pocas personas conocen que los lotes 88 y 56 de Camisea pagan las regalías gasíferas más elevadas de la selva peruana. Con este dinero Cusco ha recibido S/1 millón al día desde el 2005 y ahora recibe US$1 millón diario”, apunta Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy.
Gonzalo Chávez, economista de la Universidad Católica Boliviana, apunta que la repetición constante de cifras erróneas por parte de un “líder que se victimiza” y que achaca los males de un país a las trasnacionales constituye “la receta perfecta para nacionalizar los recursos minero-energéticos”.
Ejemplo de ello es lo acaecido en Bolivia a inicios del prolongado gobierno de Evo Morales (2006-2019), un acontecimiento que brinda muchas luces sobre lo que podría suceder en el Perú.
“Se decía antes de la nacionalización del gas que el 82% de las riquezas se iba con los extranjeros y que sólo el 18% se quedaba en el país. Pero cuando uno examinaba el conjunto del government take veía que la proporción era de 55% a 45%. Jamás hubo la expoliación que se pregonaba”, comenta Chávez.
A entender del economista, es muy difícil desmontar propagandas como esta, profundamente enraizadas en el inconsciente colectivo de muchos latinoamericanos.
Pero, ¿qué implicancias tendría su aplicación en el Perú?
Fuentes del Ejecutivo citadas por el diario Gestión estiman que una eventual nacionalización de Camisea motivaría una demanda internacional de US$7 mil millones, fundamentadas en las inversiones efectuadas por el Consorcio Camisea desde el 2000.
Esta no sería, sin embargo, la única manera de estimar una indemnización. Otra forma, según el ex viceministro de energía Luis Espinoza, consiste en analizar el flujo futuro de ganancias por la venta de gas natural y, sobre todo, de líquidos de gas natural, hasta el término del contrato de Camisea (2040-2044).
Las reservas de gas natural y líquidos de Camisea se han reducido dramáticamente en los últimos años tras sucesivos fracasos exploratorios por parte del Consorcio Camisea.
Esta ecuación arrojaría un valor nominal de más de US$26 mil millones y un valor presente de más de US$13 mil millones, asumiendo precios corrientes para el gas y el petróleo.
“Una cifra monstruosa”, declara Espinoza.
Sea cual fuere el caso, el exministro de energía y minas Carlos Herrera Descalzi considera que la nacionalización de Camisea sería un mejor negocio para el consorcio liderado por Pluspetrol que para el Perú, debido al alto costo de la expropiación y al menor beneficio que el país podría obtener de un yacimiento con reservas declinantes tras 20 años de explotación continua.
“Hoy, Camisea tiene la mitad de los recursos que tenía cuando el contrato se firmó hace 21 años, sobre todo, en líquidos de gas natural (materia prima del gas licuado) que es lo que sostiene al consorcio”, anota.
Por esta razón, Herrera enfatiza que una eventual expropiación de Camisea dejaría al Perú en un trance parecido al que nos dejó Juan Velasco Alvarado cuando nacionalizó La Brea y Pariñas en 1969: ahorcados y endeudados.
El costo de la expropiación no es, sin embargo, el único impacto que se debe considerar en un escenario de nacionalización. Uno no menor es el riesgo de desabastecimiento de gas natural y gas licuado, como consecuencia de la pérdida de conocimiento “en cómo operar eficientemente los pozos con los más altos estándares internacionales”, apuntan fuentes del sector gasífero.
Según un reciente estudio de Macroconsult, la puesta en marcha de Camisea ha generado ahorros para el país por US$100 mil millones, particularmente, en generación de energía eléctrica debido a la sustitución del diesel, combustible más caro y contaminante que el gas natural.
Otro punto en contra es la pérdida de credibilidad del país frente a futuros inversionistas en gas, petróleo y, sobre todo, minería.
“Las inversiones en hidrocarburos no son muchas, pero jalan a otras. Si el Perú no respeta este sector, existe el riesgo de que tampoco respete al resto. Los inversionistas lo ven así. En este escenario sus inversiones se van a ahuyentar”, refiere Espinoza.
El gobierno podría verse tentado a creer, sin embargo, que ha vuelto a recuperar la riqueza de todos los peruanos y que lo que vendrá será una maravilla, si sigue los pasos del modelo gasífero boliviano.
No obstante, estaría obviando una evidencia poco conocida en el Perú, y es que la nacionalización de los recursos de hidrocarburos en Bolivia tuvo muy poco o nada que ver con el auge del gas en el país altiplánico.
De acuerdo a Gonzalo Chávez, la nacionalización del gas boliviano tuvo un efecto más político que efectivo, pero se le atribuyen todas las virtudes.
“Lo cierto es que Evo Morales se sacó la lotería cuando entró al gobierno porque encontró un precio del petróleo en alza y una nueva ley de hidrcarburos (promulgada anteriormente) que fue la que motivó la captura de una mayor renta gasífera. La nacionalización no tuvo nada que ver”, remarca el economista.
Prueba de ello es que el modelo boliviano ha colapsado desde el desplome del precio del crudo en el 2014, al extremo de que su producción de gas ha entrado en “declinación profunda” y sus ductos “se están quedando vacíos”, añade Álvaro Ríos, ex ministro de hidrocarburos de Bolivia.
Bolivia, en efecto, ha pasado de una situación fabulosa en 2008-2014 a una muy preocupante, en la que tiene que importar todos los derivados del petróleo que consume debido a la nula exploración por parte del Estado, propietario de los recursos de hidrocarburos.
“Si no hay un cambio en el modelo, Bolivia también va a necesitar importar gas en el 2029 o 2030”, advierte Ríos.
¿Cuál es la aternativa, entonces, a la nacionalización Camisea? El mismo Pedro Castillo lo ha adelantado, cuando indica que renegociará los contratos del consorcio liderado por Pluspetrol.
Al respecto, los especialistas en hidrocarburos concuerdan en señalar que es posible implementar nuevas reglas, pero sin atentar contra la competitividad de las empresas y el sector hidrocarburos.
Por ejemplo, Luis Espinoza señala que se puede empezar a negociar el precio del gas natural para que sea “un poco más bajo”, lo cual no sería difícil de conseguir porque el gas seco no es la médula del negocio para el Consorcio Camisea, como sí lo son los líquidos de gas (mejor cotizados).
El volumen de gas natural necesario para la masificación en hogares y comercios es muy pequeño, pero aún así se necesitan redes de ductos regionales e interregionales para poder transportarlo.
Por el contrario, advierte que el precio del gas licuado, debe seguir guiándose por el mercado, salvo que el gobierno acceda a devolverlo al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, como demanda la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas Licuado (ASEEG).
El desafío mayor, sin embargo, es cómo masificar el gas natural en el Cusco y el interior del Perú, una aspiración que no se podrá plasmar reencausando el gas que se exporta hacia el consumo interno, como propone Pedro Castillo.
Si el gas natural no es exportado, señala Gustavo Navarro, se quedará en Lima o en Camisea, porque no existe forma de transportarlo hacia el Cusco u otras regiones debido a la falta de gasoductos (sólo hay dos, que conectan Camisea con Lima e Ica, respectivamente).
Esta ausencia de infraestructura, y de un fuerte mercado de consumo en la sierra, obliga al Consorcio Camisea a reinyectar el 12% de su producción de gas natural.
De allí la importancia de reemprender el desarrollo del gasoducto surperuano (SIT-Gas), pensado para llevar el gas natural a las urbes más pobladas del Ande.
La alternativa a este proyecto es la masificación del gas mediante gasoductos virtuales (camiones) una opción que ha demostrado ser poco exitosa debido a sus elevados costos logísticos y de transporte, como lo demuestra la quiebra de Naturgy, concesionario del gas para el sur del Perú, y las dificultades de Quavii en la concesión norte.
“No se puede masificar el gas natural con camiones. Para eso se necesitan gasoductos”, sostiene Álvaro Ríos.
Estos planteamientos brillan por su ausencia en los planes o los dichos de Perú Libre y Fuerza Popular. Cualquiera que gane las elecciones tendrá, sin embargo, que encararlos.
La penetración del uso del gas natural es muy grande en Lima pero escasa en las regiones, una situación que alimenta las contradicciones entre la capital y el resto del país.
