El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) financiará un relevamiento sobre los proyectos existentes en distintas provincias para construir pequeños aprovechamientos hidroeléctricos (PAH), menores a 50 Mw (megavatios), así como de los emprendimientos ya en funcionamiento y con potencial de ser rehabilitados o repotenciados.

El aporte del BID, en carácter de Cooperación Técnica, será de US$ 200.000, y busca respaldar actividades de apoyo que permitan continuar con el proceso de planificación estratégica del sector energético argentino.

La operación apunta a promover "la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables, y contribuir a la consolidación de una agenda energética sostenible en el mediano y largo plazo", indicó el organismo, al convocar a la presentación de servicios de consultoría para realizar los estudios.

Los interesados deberán realizar sus propuestas antes del 28 de este mes, a fin de realizar el análisis económico y financiero y la estimación del costo de generación de los proyectos identificados en el relevamiento.

Entre las tareas previstas, las consultoras deberán encargarse de revisar, validar y adecuar la metodología y los criterios de priorización de proyectos del Programa de Aprovechamientos Regionales Multipropósito (PARM), para ser aplicada a los aprovechamientos hidroeléctricos de menor tamaño.

Ese programa comenzó a desarrollarse en marzo de 2018, como un instrumento de política de largo plazo para cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable y de lucha contra el cambio climático.

Su objetivo consiste en priorizar los proyectos de embalse multipropósito que forman parte de inventarios vigentes, como guía para la planificación gubernamental.

Los estudios respaldados por el BID incluirán el análisis de prefactibilidad de los primeros proyectos priorizados; y un examen de la normativa para contractualizar la venta de la energía a valores competitivos y comparables con el precio monómico del sistema eléctrico,

Las consultoras se encargarán además de elaborar una propuesta normativa concreta y un contrato modelo de venta de energía, adecuados para el tipo de proyectos priorizados.