Los modelos boliviano y ecuatoriano no deben replicarse en la industria hidrocarburífera peruana, por sus fracasos y grandes riesgos que plantean para el crecimiento de la inversión, la producción y las reservas petroleras y gasíferas. Así lo señalaron el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli Monrroy y el ex Secretario de Hidrocarburos de Ecuador, Andrés Donoso Fabara, durante su participación en el foro virtual “Modelos de Desarrollo para el Sector Hidrocarburos implementados en Bolivia, Ecuador y Perú”, organizado por la Escuela de Post Grado GĚRENS.

El economista y exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Mauricio Medinaceli, explicó que entre los años 2005 y 2014, la participación del fisco en la exploración y explotación de hidrocarburos -el llamado upstream-  se incrementó debido a la aprobación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos- (IDH), equivalente al 32% de la producción bruta de las empresas, y en menor medida, a la llamada “nacionalización” de los hidrocarburos, que se produjo en el 2006 durante el gobierno de Evo Morales.

Comentó que el gobierno del expresidente Morales estableció que la petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) participará de hasta un 32% adicional de la producción de hidrocarburos en aquellos campos de gas natural que producían 100 millones de pies cúbicos diarios (mpcd) al año 2005.

Bajo este esquema, -anotó- a las regalías del orden de18% se añadió  el IDH ascendiente al 32%, y en algunos casos, también se consideró  la participación de YPFB que fluctuó entre 10% y 15%, con lo que la participación total del Estado boliviano en algunos campos llego a ingresos en boca de pozo que oscilaban entre 60 y 65%.

Asimismo, se tomó el control y la regulación de toda la cadena operativa del sector, desde la explotación, refinación, transporte, almacenaje, hasta la comercialización. Estas medidas -sostuvo- provocaron un incremento efímero de los ingresos fiscales para el Estado boliviano.

“Esto se produjo no solamente como resultado de la nacionalización, sino también como consecuencia del aumento de la producción de proyectos que ya estaban en marcha antes de la llegada de Evo Morales; y por el alza de los precios internacionales en la segunda mitad de la década del 2000 (el precio del gas se multiplicó por 10 y el barril de petróleo cotizó sobre los US$ 100)”, añadió.

Medinaceli dijo que en dicho periodo no se brindó ningún tipo de incentivos a la inversión privada y que más bien la política del gobierno se focalizó en la sobreexplotación de los campos gasíferos ya descubiertos, más no se alentaron nuevos proyectos que garanticen la reposición de las reservas de gas natural.

“Las reservas de gas natural disminuyeron de 24 trillones de pies cúbicos en el 2005 a 10 trillones en el 2018, por lo que el Gobierno boliviano se vio obligado a renegociar los contratos de exportación de gas hacia Argentina y Brasil, debido a su incapacidad para cumplir con los compromisos establecidos”, comentó.

Medinaceli, remarcó que, “todas las reformas de corte fiscal y político partidario que se aplicaron en Bolivia dañaron seriamente la estructura institucional del sector hidrocarburífero, generando mayores trabas a la inversión y prácticamente la política energética perdió claridad y horizonte”.

Por el contrario, en el Perú -señaló- aún existe un ordenamiento legal e institucional que permite reglas claras y transparentes, lo que facilita las labores de control y regulación; y da garantías para que el sector privado realice inversiones con un menor riesgo.

Por su parte, Andrés Donoso Fabara, ex Secretario General de Hidrocarburos de Ecuador, manifestó que los cambios que imprimió el ex presidente Rafael Correa en la política energética de su país a partir del 2017 frenaron el crecimiento de la inversión privada en la industria hidrocarburífera.

“Mientras que los precios del petróleo eran bajos, el Estado ecuatoriano estuvo de acuerdo y fomentó la suscripción de contratos de participación que auspiciaban las inversiones de riesgo de las compañías operadoras, pero cuando los precios del petróleo se incrementaron internacionalmente, el Gobierno optó de manera arbitraria por llevar adelante renegociaciones con el fin de adoptar la modalidad actual de prestación de servicios, donde existe el pago de una tarifa por barril producido”, indicó.

Asimismo, explicó que al igual que el caso boliviano la bonanza de los precios internacionales del petróleo significó una mayor captura de la renta petrolera que fue destinada al gasto social; no obstante este esquema se cayó ante la drástica reducción del precio del petróleo en los últimos años, mermando los ingresos fiscales.

Donoso subrayó que el modelo de contratación (en el sector de hidrocarburos) ecuatoriano ha traído serias desventajas a la inversión privada nacional y extranjera por la falta de claridad, certeza y seguridad jurídica que han estado asociados a los constantes cambios normativos, así como a los desincentivos para la fase de exploración.

“Los límites impuestos a las actividades de exploración y explotación han ocasionado que en la actualidad Ecuador sufra una gran incertidumbre en torno a sus reservas petroleras. No se ha descubierto ningún campo significativo, ni se ha desarrollado ningún nuevo horizonte en las regiones en donde se estima que hay un potencial hidrocarburífero”, citó.

En tanto, Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía del Perú, expresó que no es exacto que la industria del gas y petróleo obtiene muchas ganancias y deja poco para el país.

“Las operaciones de producción de hidrocarburos en la industria del gas y el petróleo en el Perú aportan cada año, entre impuestos, contribuciones y otros pagos al Estado, entre el 56% y el 67.7% de sus utilidades en promedio. La carga fiscal efectiva del Lote 88 de Camisea ascendería a un máximo de 75% de sus utilidades”, destacó. Además, refirió que esta industria genera aproximadamente el 3% del PBI y que en los últimos 12 años el valor agregado generado por el sector asciende a US$ 58,315 millones.

Vásquez expresó que el Modelo Peruano de Gestión de la Industria Hidrocarburífera constituido a partir de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1993 ha generado recursos suficientes para que las autoridades públicas realicen obras que permitan cerrar las brechas sociales en las zonas de extrema pobreza del país.

“En los últimos 20 años el sector hidrocarburos ha contribuido con S/. 99,177 millones de soles en tributos internos y regalías. Además, se han redistribuido a los gobiernos regionales y locales S/. 47,120 millones de soles entre 1991 y el 2020 por concepto de canon y sobrecanon petrolero y gasífero. Solo en el Cusco, los recursos generados por la industria del gas natural han financiado más del 50% del presupuesto de los gobiernos regional y locales en esta región del sur del país”, precisó.

Sin embargo, -anotó- que la falta de capacidad de gestión de los gobiernos subnacionales para invertir de manera oportuna y eficiente los fondos provenientes por la explotación de los hidrocarburos es un reto que debe abordar el Estado peruano en su conjunto, a fin de contribuir a la lucha contra la pobreza, cerrar las brechas sociales, y mejorar la calidad de vida de los peruanos.