La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a la privatización de la mayor empresa eléctrica de América Latina, Eletrobras, uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro para mantener a parte de su electorado liberal y el respaldo del mercado financiero a su gestión.

Por 313 votos a 166, la Cámara baja envió al Senado el proyecto, que es un decreto provisorio firmado por Bolsonaro y que tiene fecha de vencimiento para ser aprobado el 22 de junio.

El proyecto no incluye a Eletronuclear y a la central hidroeléctrica binacional brasileño-paraguaya de Itaipú, la segunda mayor del mundo después de Tres Gargantas, de China.

Para la oposición, se trata de una venta del patrimonio público tan importante como la privatización de la gigante minera Vale do Rio Doce en 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.

Según el expresidente Lula da Silva y líder opositor favorito en las encuestas para las presidenciales del año próximo, "está en marcha un crimen más contra el pueblo brasileño y el futuro de Brasil con la venta de Eletrobras, a la que Bolsonaro quiere vender a precio de banana, poniendo riesgo la seguridad energética de Brasil".

La privatización forma parte de un paquete que incluye a varias empresas estatales.

La más codiciada en la fila del plan de desestatización del ministro de Economía, Paulo Guedes, es Correios, la mayor empresa postal de América Latina, que pretenden adquirir empresas como la versión brasileña de Mercado Libre y la estadounidense Amazon.

Eletrobras tiene 48 centrales hidroeléctricas, 62 eólicas, 12 termoeléctricas, dos termonucleares y una solar, además de 70.000 kilómetros de líneas de transmisión. En Brasil, la distribución por estados fue privatizada en los años noventa.

De acuerdo con el proyecto, el estado federal debe reducir su participación actual de 60% del paquete accionario al 45%, y el aumento del capital social será por medio de oferta pública de acciones para que cada accionista no pueda tener más del 10%.

El Gobierno federal de Brasil tendrá la llamada acción de oro que dará poder de veto en el directorio.

La Asociación de Grandes Consumidores y Consumidores Libres de Energía (Abrace), por ejemplo, estima que la tarifa de la factura eléctrica puede aumentar hasta un 10% para los consumidores en general y un 20% para el sector productivo.

El oficialismo defendió la privatización y el plan ambiental y de empleos ante la crisis hídrica que sufre Brasil este año, la más grave de los últimos 20 años, que activa de inmediato las centrales térmicas y genera aumentos en las tarifas.

El miembro informante del proyecto, Elmar Nascimento, del oficialista Demócratas, afirmó que el texto recibió más de 500 modificaciones y que preserva derechos de los trabajadores ya que los empleados de Eletrobras que serán despedidos y podrán ser enviados a otras empresas del estado.

Dijo que los empleados podrán comprar acciones de Eletrobras con parte de la indemnización en caso de despido.

La presidenta del opositor PT, la diputada Gleisi Hoffman, advirtió que en caso de llegar al Gobierno nuevamente la izquierda, habrá una reestatización de la empresa.