El aporte fiscal del sector hidrocarburos hasta hoy es incuestionable: solo a través de las regalías e impuestos se recaudaron en los últimos 20 años cerca de S/ 99,177 millones. Asimismo, el aporte de la inversión privada en el sector asciende a un valor acumulado de US$ 18,315 millones entre 1995 y el 2020.

Los gobiernos locales y regionales, a través del mecanismo del canon y sobre canon petrolero y gasífero, han sido los más beneficiados. Desde 1991 hasta el 2020 se han redistribuido alrededor de S/ 47,120 millones a las regiones para la inversión en centros educativos y de salud, asfaltado de carreteras, entre otras inversiones en infraestructura pública.

Entre los beneficios microeconómicos destaca el empleo. Se estima que por cada S/ 52.000 de inversiones en el sector hidrocarburos se podrían crear tres empleos, uno directo y dos indirectos.

La carga fiscal al sector hidrocarburos

Para continuar aprovechando este aporte fiscal, es necesario enfrentar varios retos en el sector. Uno de ellos es maximizar los beneficios para el país de un nuevo súper ciclo de precios altos de los hidrocarburos que acompañe el actual proceso de transición energética.

Pero hay más. Para Arturo Vásquez, exviceministro de Energía, consultor experto en hidrocarburos y director de Investigación de la Escuela de Postgrado Gérens, se requiere principalmente revisar el esquema de regalías y contribuciones fiscales para hacerlo flexible y adecuarlo a los estándares de los países más competitivos, puesto que se trata de un esquema complejo y que genera una carga fiscal distorsionante para promover el desarrollo del sector.

“En promedio, los regímenes fiscales en materia de hidrocarburos existentes en América Latina generan una carga fiscal (o government‘s take – GT) del 73%. Esto significa que, en promedio, los inversionistas privados retienen un 27% de las rentas producidas por la extracción de hidrocarburos en la región”, explica Vásquez.

En el caso peruano, el GT está configurado por las regalías, el impuesto a la renta y el aporte por regulación, entre otros tributos. Sin embargo, cada proyecto tiene su propio esquema de regalías, lo cual dificulta el cálculo del GT en el Perú.

Por eso, considerando que cada empresa tiene una tasa de regalía distinta, dependiendo de su contrato, la carga fiscal de las empresas petroleras varía entre 44.7% y 67.2% para tasas de regalías que varían entre el 5% y el 20%, respectivamente. Sin embargo, el GT podría llegar hasta un 90% para una regalía de 35%.

Y en el caso de las empresas de gas natural, la carga fiscal mínima es de 67.7% y la máxima de 79.8%, para regalías que varían entre 30% y 42%, respectivamente. En el caso del Lote 88 de Camisea, el GT asciende a 75%. Sobre este extremo, Vásquez afirma que un GT por encima del 70% es considerado excesivo porque deteriora el clima de inversión en el sector.

“Esto es importante ya que los GT más altos, por lo general, son los que provocan las distorsiones de mayor magnitud y, como resultado, son los menos efectivos para generar una mayor recaudación fiscal. Ello se debe a que los regímenes en materia de hidrocarburos dependen considerablemente de instrumentos fiscales menos eficientes, como las regalías, por lo que no toda la imposición es recaudada y se desincentiva la inversión privada, que es la encargada del desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos”, destaca Vásquez.

El experto destacó el ejemplo de Guyana, país reconocido como uno de los que mejores prácticas fiscales aplican al sector de hidrocarburos. Allí, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la tributación petrolera en Latinoamérica, se encontró una menor ineficacia de su carga fiscal debido en gran parte a que sus tasas impositivas son relativamente bajas (el GT en Guyana es de alrededor de 60%) y porque el énfasis está en el impuesto a la renta, en lugar de hacer hincapié en regalías sobre las ventas o la producción.