Los gobiernos apristas y Alan García siempre tendrán dos lados: uno nefasto, y uno de correcto manejo económico que influyó en un crecimiento que superó las expectativas y en la competitividad del Perú. La gestión del periodo 2006-2011 fue lo opuesto a lo ocurrido en el quinquenio 1985-1990 con un enfoque de apertura comercial y promoción de la inversión.

Durante el periodo mencionado, el crecimiento promedio anual fue de 7%. Este resultado fue superior al 5.3% que se tenía proyectado y se produjo en un contexto internacional favorable para las materias Ecoprimas. Este panorama ya se veía reflejado en el crecimiento económico del Perú desde 2002, cuando el Producto Bruto Interno (PBI) aumentó en 5.5% respecto al año anterior.

De esta forma, en 2010, el PBI alcanzaba los US$154 mil millones, un 8.8% más que el año previo y el doble del registrado en 2005. Esto fue acompañado de la creación de 2.3 millones de nuevos puestos de trabajo, cuya evolución fue más notoria entre las microempresas (10 o menos trabajadores), donde el empleo aumentó en 23.7% en el periodo, sobre todo en Piura y Puno.

En Lima Metropolitana, por primera vez, más del 50% de la población económicamente activa (PEA) tenía empleo adecuado. Esto contribuyó a que más peruanos pudieran acceder a un sistema de pensiones y, por ello, el total de afiliados al sistema previsional (AFP y ONP) se incrementó de 1.79 millones a 2.97 millones.

Este dinamismo de la economía peruana impulsó una significativa disminución de la pobreza, que permitió que las personas que vivían en esta condición pasaran de 49.1% en 2006 a 27.8% en 2011%. Esto significó que 5′478,000 peruanos lograron salir de la pobreza a nivel nacional.

Las regiones que mostraron una mejoría notable fueron Áncash, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Tacna y Ucayali. Para 2010 lograron tener una tasa de pobreza por debajo del 30%, constituyendo un bloque de nueve regiones con estas características. Las otras eran Arequipa, Ica y Tumbes.

La reducción de la pobreza fue producto de varios factores asociados a la expansión de la economía, tales como el incremento de la inversión privada, el aumento del empleo, la consecuente mejoría de los ingresos de las familias y el crecimiento de la recaudación tributaria. Este aspecto fiscal fue fundamental para costear programas sociales y el impulso al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes).

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, Carlos Casas, quien fue viceministro de Economía en 2010, durante la gestión de García, explica que “lo que bajó fuertemente con los programas fue la pobreza urbana, porque la rural es más complicada de atacar ya que las personas están más dispersas y los costos de los programas sociales para llegar a esta población son mucho más caros. Atender a personas en ciudades como Lima, Arequipa, Trujillo o Cusco costaba un tercio de lo que implicaba llevar el mismo programa hasta un poblado alejado”. La pobreza rural se redujo, pero a menor velocidad al ser un fenómeno distinto.

Si bien la reducción de la pobreza se explicó más que nada por la dinamización de la economía y la mayor disponibilidad de recursos en gobiernos regionales y municipales gracias al canon minero y petrolero, esto también tuvo algunas sombras como casos de corrupción o mal uso de los recursos en varias regiones. Pese a ello, se impulsó significativamente el gasto en inversión pública, que pasó del 2.5% del producto bruto interno (PBI), en el gobierno de Alejandro Toledo, al 6% del PBI en la gestión de García, lo cual también contribuyó al desarrollo de infraestructura y creación de empleos.

“Fueron años en los que el Estado contó con más recursos e incluso hubo superávit fiscal. Esto fue explicado principalmente por una coyuntura favorable al precio de los metales. Fue una situación muy buena, de ingresos fiscales en crecimiento”, comenta Casas.

La promoción de la inversión

El Perú debía aprovechar el alto precio de las materias primas e hizo esfuerzos para promover la inversión privada local y extranjera. “Había un esfuerzo de todos los ministerios por estar en estos road shows (giras de negocios) en las que el ministro de Economía estaba un día en Nueva York, luego estaba en Washington, después viajaba a Londres o Alemania y después estaba en China. Era agotador, pero se hacía una labor de promoción agresiva.

Eso generó un ambiente propicio para la inversión privada y tuvo resultados. Los inversionistas preguntaban cuánto costaba la energía en el Perú, cuánto costaba la mano de obra, qué disponibilidad de internet había. Entonces ahí saltaban algunas limitaciones en las que había que trabajar, como mejorar la infraestructura para tener mejores costos operativos y ser más competitivos”, recuerda el viceministro de Economía.

Ese trabajo dio frutos, pues, en abril de 2008, la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación de la deuda peruana en dólares de BB+ (otorgada a los países con el denominado “grado especulativo”) a BBB- (asignada a los países con “grado de inversión”). En tanto, el Perú fue considerado como un mercado con riesgo de crédito moderado y adecuada capacidad de pago.

Esta mejor calificación permitió cambiar deudas caras por bonos que vencían a mayor largo plazo y que pagaban una menor tasa de interés, en beneficio del país. “Eso llevó a que tengamos ese ratio de deuda tan bajo que nos ha permitido el año pasado endeudarnos para cubrir los gastos por la pandemia”, agrega Casas.

Buen manejo ante la crisis internacional

No podemos olvidar que, en esos años, el Perú también enfrentó la crisis financiera internacional de 2008-2009 y, gracias al buen manejo que el Gobierno tuvo, fue uno de los pocos países que mantuvo su economía en crecimiento mientras la mayoría entraba en recesión.

Elena Conterno, actual presidenta de IPAE y exministra de la Producción entre 2008 y 2009, recuerda que en ese contexto se respondió rápidamente con el programa Compras a Myperú para estimular la actividad económica de las micro y pequeñas empresas (mypes). “Esto se puso en marcha para poder comprar carpetas, uniformes, buzos, chompas, zapatos y activar a nuestras mypes como parte del plan de estímulo económico. Ahora es una política permanente de promoción del desarrollo de las mype”, nos comenta Conterno. También recuerda la campaña Cómprale al Perú para fomentar un mayor consumo de producción local que ya estaba en condiciones de competir con productos extranjeros.

La apuesta por la sostenibilidad también fue un aspecto que no pasó inadvertido. Por ejemplo, se implementó el sistema de cuotas individuales para la pesca de anchoveta. La exministra recuerda que “eso tuvo grandes efectos en ordenar el sector. Por eso el Perú ha sido reconocido por el manejo sostenible de su pesquería”.

A esto se suma que los Tratados de Libre Comercio (TLC) también empezaron a dar resultados en favor de las exportaciones. “Ya teníamos varios acuerdos comerciales, de ahí se profundizaron y se empezó a trabajar en el aumento de la oferta exportable (en la agroexportación, principalmente)”, destaca Conterno.

Minería e hidrocarburos

García desplegó todo lo necesario para cultivar el capital inversor extranjero, en particular el estadounidense, muy presente en las concesiones mineras. No quería que hubiera dudas de que el Perú era un país de oportunidades y con seguridad jurídica. Para impulsar la actividad minera, se creó el slogan ‘Perú, país minero’. Las concesiones otorgadas se duplicaron entre 2006 y 2010, pasando de 11 millones de hectáreas a más de 21 millones. Y en los últimos seis meses del 2011, estas concesiones aumentaron en, aproximadamente, 1.5 millones de hectáreas.

Según el informe del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM) del segundo semestre del 2010, más de 21 millones de hectáreas del territorio peruano se encontraban concesionadas. Es decir, el 16.73%, alcanzando un récord histórico de concesiones mineras que ocupan gran parte del territorio nacional, siendo Arequipa la región con la mayor área concesionada del país, con más de dos millones setecientos mil hectáreas. Puno ocupó el segundo lugar, seguido por Cajamarca.

El rol del sector minero e hidrocarburos como un motor de este periodo de crecimiento económico es innegable. Pedro Sánchez, exministro de Energía y Minas, opina que se tiende a señalar que el boom minero peruano se explica básicamente por los altos precios de los metales que hubo durante el gobierno de García, pero esa visión desmerece el aporte del liderazgo en la gestión de las entidades dedicadas a la promoción y la gestión de los proyectos.

En efecto, el sector minero llegó a representar el 25% del total de los tributos internos y el 49% del Impuesto a la Renta (IR) en el 2007, aunque luego, en 2010, se redujo al 15% de los tributos internos y a 33% del IR. Además, su participación en las exportaciones llegó a representar más del 60% del total.

Sánchez precisa que, durante su gestión, el sector desarrolló proyectos por US$41,951 millones, de los cuales veintiuno, con inversiones estimadas en US$12,000 millones, tenían estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados y listos para ser ejecutados.

“Entre los proyectos emblemáticos se encontraban: Las Bambas, Toromocho, Antapacay, Ampliación Antamina, Ampliación Cerro Verde, Quellaveco y Conga, Minas Justa, Pucamarca, Invicta y Tantahuatay. Los primeros se implementaron y entraron en operación, excepto la última que fue detenida en los primeros meses del siguiente gobierno (Ollanta Humala)”, subraya el exministro.

El lamentable episodio del ‘Baguazo’

Un capítulo lúgubre en el segundo gobierno de Alan García y que también motivó una crisis política fue lo que se conoció como el ‘Baguazo’, un enfrentamiento entre comunidades nativas y las fuerzas del orden que acabó con 23 policías y 10 civiles muertos, la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán y 250 heridos, el 5 de junio de 2009.

Nativos wampis y awajún llevaban protestando más de cincuenta días en la zona llamada Curva del Diablo, Cordillera del Cóndor, departamento de Amazonas. La protesta se dio luego de que, en el contexto de la suscripción del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU., el Gobierno de Alan García dio dos decretos legislativos en 2008. Uno autorizaba que la mitad de la población de una comunidad nativa podía decidir la venta del territorio comunal a terceros (antes era decisión de toda la comunidad). Otro decretaba que bastaba la decisión del Estado para que una empresa se dedicara a una actividad extractiva, sin requerir la consulta a la población. La minera Afrodita inició exploraciones.

Luego de varios meses, se planteó la derogación de esas normas, pero ello no prosperó en el Congreso. Eso motivó que unos dos mil nativos tomaran la vía. El Gobierno dispuso el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde ese 5 de junio, para lo que envió a más de 360 agentes de Operaciones Especiales de la PNP con el apoyo del Ejército. Usaron gases lacrimógenos y armas de fuego.

El líder awajún Santiago Manuin fue herido de bala. En otro punto, la subestación de bombeo 6 de Petroperú, nativos tomaron las instalaciones en protesta por la represión, así como a 38 policías y a un ingeniero como rehenes. Pero todo se desbordó. En ese lugar encontraron los cadáveres de diez policías asesinados.

Deudos de los efectivos denunciaron ante la fiscalía al presidente García, al entonces premier Yehude Simon, y a los ministros Mercedes Cabanillas (Interior), Mercedes Aráoz (Comercio Exterior) y Ántero Flores-Aráoz (Defensa) por supuesta responsabilidad política. En otro proceso 53 indígenas fueron absueltos en 2016. La empresa minera se retiró de la zona luego de los luctuosos sucesos.

Con más ingresos creció el consumo en las ciudades

Con una economía estable, crecimiento y reducción de la pobreza entre 2006 y 2011, se sintió un impacto significativo en la capacidad de gasto.

El segundo gobierno de Alan García tuvo lugar en un contexto muy distinto al primero. En esta ocasión, veníamos de un periodo de estabilidad económica, alcanzada por las medidas adoptadas en los 90 y a comienzos del año 2000. También había un fuerte deseo de reivindicación por parte del entonces presidente para limpiar el amargo recuerdo de su mala primera gestión.

García encontró una economía estable y permitió que el mercado creciera por sí mismo. Ya en el gobierno de Alejandro Toledo se había abierto las fronteras internacionales con el tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, por lo que García pudo continuar un gobierno sin limitaciones a las importaciones, permitiendo que el mercado peruano siga expandiéndose.

El 10 de febrero de 2011, se dispuso la reducción del Impuesto General a las Ventas (IGV), del 19% al 18% para impulsar la formalización de las empresas pequeñas y grandes, fortalecer su capacidad productiva y alentar el consumo.

La alta reducción de la pobreza durante el gobierno de García tuvo un impacto significativo en el consumo de los peruanos. Según el investigador Rolando Arellano, la pobreza, desde un punto de vista sociológico, es no tener la capacidad de comprar lo que uno quiere, sino solo lo que puede. Cerca de un millón de peruanos pasaron, entonces, a la clase media y se convirtieron en un segmento con capacidad de gasto y de endeudamiento.

Hubo una mayor oferta de créditos de consumo, vehiculares e hipotecarios en la banca. Los productos hipotecarios se entrelazaron, además, con programas de vivienda social como Mivivienda o Techo Propio, que ya existían desde antes, pero que continuaron siendo promovidos.

“Un aspecto que impulsó tanto el consumo como la demanda de créditos por aquellos años fue el efecto del ‘bono demográfico’, que se tradujo en que el 60% de la población tenía entre 18 y 45 años, edades con mayor capacidad y necesidad de gasto”, nos lo explica Juan José Calle, presidente de la Asociación de Centros Comerciales del Perú.

Nuevos gastos, moda y centros comerciales

Uno de los principales destinos del gasto de los peruanos fue vestuario. Es así como en el segundo lustro de los 2000 se dio un auge de los centros comerciales, tiendas por departamentos y marcas de ropa importada. Este crecimiento empezó en Lima, pero rápidamente se extendió por otras ciudades del Perú como Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cajamarca, Ica, Piura y más.

El punto de encuentro tradicionalmente ha sido la plaza mayor de cada ciudad, pero en muchas zonas urbanas, que crecieron sin planeamiento, no existe ese espacio o no es suficiente. Los centros comerciales adoptaron este rol como infraestructura social y se convirtieron en destino familiar o de salida de amigos.

Un caso emblemático es Megaplaza, el primer centro comercial que se desarrolló en una zona popular, como el distrito limeño de Independencia, en 2002. Los ciudadanos de los alrededores de la zona ya tenían la capacidad adquisitiva suficiente para poder gastar importantes sumas de dinero en moda, comida o entretenimiento. La oportunidad de negocio fue tal que, en 2009, se abrió el mall Plaza Norte en el mismo distrito. Esa estrategia se replicó en otros distritos de la capital y otras regiones del país con diversos formatos.

A esto se sumó el hábito de salir a comer en familia o con amigos, algo que hasta hace quince años no era tan frecuente, pero que se hizo más popular tras el crecimiento de la clase media. En ese sentido, Rolando Arellano explica que los peruanos gastamos en promedio más que otros países de la región en salidas a comer. Una situación que, lamentablemente, se ha visto sumamente afectada con la pandemia de la COVID-19.