El gobierno de Jair Bolsonaro autorizó el despliegue de un cuerpo de seguridad federal en la reserva indígena Yanomami, en la Amazonía brasileña, tras semanas de denuncias de invasiones y ataques de mineros ilegales.

La medida, por 90 días prorrogables, acata la orden dada a fines de mayo por un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) para que el gobierno adopte "las medidas necesarias para proteger la vida" de los indígenas de las reservas Yanomami y Mundurucu, que también denunció invasiones violentas en sus tierras.

En la tierra indígena Yanomami, de 96,000 km² (entre los estados de Roraima y Amazonas), la mayor de Brasil, viven unos 27,000 habitantes.

El decreto emitido por el ministro de Justicia, Anderson Torres, "autoriza el uso de la Fuerza Nacional", un cuerpo federal formado por policías y bomberos de todos los estados de Brasil, "para preservar el orden público" en la tierra yanomami.

La sede de la operación estará en Boa Vista, capital de Roraima.

Interrogado por la AFP, el ministerio indicó que no divulga el número de efectivos que serán desplegados por razones de seguridad.

Los yanomamis alertan desde 2020 sobre la situación de extrema tensión en su reserva. Según ellos y las organizaciones ambientalistas, las invasiones de tierras están alentadas en parte por el discurso de Bolsonaro a favor de la explotación de las áreas protegidas.

La minería ilegal, una de las principales causas de destrucción del medio ambiente en la selva amazónica, se expandió un 30% en 2020 en territorios yanomamis, devastando el equivalente a 500 campos de fútbol, de acuerdo con un informe publicado a finales de marzo por la Asociación Hutukara Yanomami (HAY).

A finales de mayo, Bolsonaro se reunió con líderes yanomamis en una comunidad del estado de Amazonas y les prometió "que no habrá minería" en sus ricas tierras si ellos no lo quieren, en referencia a un proyecto de ley preparado por el gobierno para regular la explotación de los recursos del subsuelo en jurisdicciones indígenas.