El Banco Mundial presentó Doing Business 2020, una serie de estudios anuales que evalúan las regulaciones que favorecen o restringen la actividad empresarial.

 Doing Business se compone de indicadores cuantitativos sobre las regulaciones empresariales y la protección de los derechos de propiedad que se pueden comparar en 190 economías, desde Afganistán hasta Zimbabue.

Doing Business identificó 294 reformas regulatorias implementadas entre mayo de 2018 y mayo de 2019. En todo el mundo, 115 economías introdujeron mejoras regulatorias sustanciales que facilitan la actividad empresarial en todas las áreas medidas por Doing Business.

Las economías con la mejora más notable en Doing Business 2020 son Arabia Saudita, Jordania, Togo, Bahréin, Tayikistán, Pakistán, Kuwait, China, India y Nigeria. En 2018-19, estas economías implementaron un quinto de las reformas recopiladas a nivel mundial.

Las economías de África subsahariana y América Latina y el Caribe continúan rezagadas en términos de reformas. Sólo dos economías de África subsahariana se posicionan en entre las 50 mejores clasificadas, ninguna economía en América Latina se encuentra en este grupo.

 Desde 2003–04, 178 economías han implementado 722 reformas relacionadas a la apertura de una empresa, ya sea reduciendo o eliminando las barreras de entrada. Las economías que obtienen buenos puntajes en Doing Business tienden a beneficiarse de mayores niveles de actividad empresarial y menores niveles de corrupción.

Si bien las razones económicas son las principales impulsoras de reformas, la mejora de las economías vecinas proporciona un impulso adicional para el cambio regulatorio. Veintiséis economías se volvieron menos amigables para los negocios, introduciendo 31 cambios regulatorios que disminuyen la eficiencia y la calidad de las regulaciones.

El documento, analiza las regulaciones que afectan 12 áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez de estas áreas están incluidas en el puntaje y la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.

Además mide la regulación del mercado laboral y las contrataciones con el gobierno, estas áreas no están incluidas en el puntaje y la clasificación de este año sobre la facilidad para hacer negocios.

Al documentar cambios regulatorios en 12 áreas de la actividad empresarial, en 190 economías,  analiza regulaciones que fomentan la eficiencia y la libertad de hacer negocios.

Los datos recopilados abordan tres preguntas sobre los gobiernos. Primero, ¿cuándo cambian los gobiernos la regulación para desarrollar su sector privado? Segundo, ¿cuáles son las características de los gobiernos que implementan reformas? Tercero, ¿cuáles son los efectos del cambio regulatorio en diferentes aspectos de la actividad económica y de la inversión? Responder estas preguntas aumenta el conocimiento sobre desarrollo.

La opinión de expertos

ZOE BRAZIULIS/EL CRONISTA

Tal como indica un informe del Banco Mundial, Doing Bussiness, la Argentina se encuentra a la cabeza en el podio de los países con mayor carga fiscal sobre el sector formal de la economía en todo el mundo, un punto que afecta ampliamente a la falta de inversión en el país.

Frente a este contexto, "se suma también el aumento del 35% al Impuesto a las Ganancias para las sociedades, el cual retrocede con la reducción adoptada por Mauricio Macri durante su gestión, lo que lleva no sólo a una merma en la inversión privada, sino que también posibilita una mayor inflación".

Así lo plantearon Matías Olivero Vila, socio del departamento de Impuestos del estudio Bruchou, y Fernando Guntern, presidente del departamento de Política Tributaria de Copal además de gerente Corporativo de Impuestos de Arcor, en el reciente Bruchou Legal Week.

En principio, Olivero Vila insistió en distinguir los conceptos de presión y de carga fiscal en el sector formal, "el que paga impuestos", tal como apuntó el abogado. La presión fiscal es "la recaudación sobre el PBI, mientras que lo segundo es cuántos impuestos pagan los que pagan impuestos", detalló.

Luego de esta aclaración, pasó a centrarse en el estudio: "En el Doing Business 2020 del Banco Mundial, que estudia a 190 países, el sistema tributario argentino está ubicado en el puesto 170".

De esta forma, considerando la tasa total de imposición sobre la utilidad -la cual en Argentina es del 106%- los números del país son los más altos "sin tener en cuenta jurisdicciones de un millón de habitantes, como las Islas Comoras".

"Este porcentaje es más del doble que el promedio regional y más alto que Brasil. Estamos en standalone también en materia fiscal", agregó el especialista, haciendo referencia a la nueva categoría en la que el MSCI (Morgan Stanley Capital International) posicionó a la Argentina frente a los mercados internacionales.

Como consecuencia, y tal como analizó Olivero Vila, esta carga fiscal extrema que sufre el país "genera falta de competitividad del sistema tributario argentino para las empresas". 

Sin embargo, según el especialista, el mayor impacto lo recibe el consumidor: "No es que las empresas pagan más, sino que los precios tienen que subir para absorber esta carga tan elevada", por lo que esta situación afecta principalmente a los millones de argentinos que salen a comprar todos los días.

Por su parte, Guntern se basó en un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) para evidenciar este impacto sobre los precios de los productos y, en consecuencia, el bolsillo: "Hubo una tendencia a la baja entre 2016 y 2018, pero en 2019 con la crisis, el cambio de gestión y la pandemia, los cambios quedaron frezados o se revirtieron".

El especialista en impuestos explicó que, previamente, "se incrementó el pago a cuenta total del impuesto al cheque, hubo cambios en el mínimo no imponible, unificación de alícuotas de las contribuciones a la seguridad social y se redujo en forma gradual el impuesto a las Ganancias para utilidades no distribuidas". Sin embargo, lamentó, todas esas modificaciones se frenaron o se revirtieron.

Para Guntern, de Copal, de entre los más de 100 tributos vigentes en la Argentina, solo 11 concentran el 90% de la carga impositiva. Frente a ello, insistió en que la reducción del IVA a algunos productos de la canasta básica no es una herramienta plausible ya que no se aplica en toda la cadena productiva y, por lo tanto, no se refleja en precios más bajos para el consumidor.

Como alternativa, su propuesta es la de ampliar el mecanismo de devolución del IVA, el cual actualmente aplica a los sectores de menores recursos, a toda la sociedad a través de la bancarización, contribuyendo también a la formalización de la economía.

En conclusión, ambos oradores resaltaron en más de una oportunidad las "particularidades" de la política tributaria argentina, que ejemplificaron con el Aporte Solidario o Impuesto a las Grandes Fortunas. "Solo se aplicó en la Argentina durante la pandemia, aunque se debatió en muchos países. Y acá se aplicó con una alícuota que duplica la sugerida por Oxfam, la organización que propuso esta tasa a nivel internacional. Otra vez, standalone", concluyeron