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ENTREVISTA
Villarino. Minería, sustentabilidad y royalty
EL RANCAGÜINO/MINING PRESS

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, ahonda en el documento de aproximaciones y propuestas que la asociación gremial redactó 

02/08/2021

PATRICIA MIRANDA HUMERES

Son 38 páginas las que componen el documento “El Consejo Minero ante la Nueva Constitución. Aproximación y Propuestas”, escrito con que la asociación gremial que reúne a las empresas más importantes del área, como Codelco, Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP, Collahuasi, entre otras, busca ser un aporte en la discusión constituyente.

Temas que van desde el reconocimiento a los Pueblos Originarios a cómo gravar el mineral están dentro de los contenidos, justo cuando esto último se discute en el Congreso, en el proyecto de ley de royalty minero.

Con todo, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, asegura que en el gremio buscan ver las discusiones con optimismo. Sobre todo con lo que pueda pasar en la Convención Constituyente, donde aún no comienza la discusión de los temas de fondo.

“Si bien hay algunas escenas que llaman la atención, la preocupación de temas que parecen que no son de la competencia de la Convención, o ciertas conductas que parecen reñirse con la sana convivencia o la construcción de acuerdos para el futuro del país, parece razonable que haya momentos de tensión durante los primeros meses de funcionamiento”, asegura Villarino.

“Por lo tanto, prefiero ser más optimista que pesimista. Y más constructivo que destructivo. Yo les daría tiempo, un par de meses, para que se conozcan, se pongan de acuerdo y, finalmente, se enfoquen en cumplir la tremenda responsabilidad que el país les ha delegado, que es redactar las reglas por las cuales nos regiremos las próximas generaciones”.

- Ad portas de que comience la discusión en la Convención, durante las primarias presidenciales se revivió el tema de la nacionalización del cobre ¿Existe preocupación en el gremio o se mantiene este optimismo que comenta?

 

- “Creo que el candidato que proponía nacionalizaciones y que tenía una postura un poco más radical respecto a los cambios a introducir en la vía económica, no fue electo y eso quiere decir que ni siquiera es mayoría en los sectores de extrema izquierda. Y creo que es una buena noticia para el desarrollo del país.

“Creo que la Convención tiene muchos independientes que están menos ideologizados que los partidos tradicionales y, por lo tanto, sobre temas de nacionalización, sobre el futuro de la industria del cobre, lo que hay que hacer es informar, darles antecedentes. No todos ellos tienen, entiendo yo, una postura preconcebida o ya establecida respecto a cómo hay que desarrollar la industria”.

En esa línea, Villarino plantea que el escrito del Consejo pretende ser un insumo que explica los principios básicos para que el sector pueda desarrollarse, además de los compromisos a los que aspira el gremio.

“Insisto, hay que ser optimista hasta el final. Creo que si uno enfrenta este proceso, o cualquier otro, con mucho pesimismo, la verdad es que no termina contribuyendo al éxito”, sostiene el abogado.

Así, espera que el gremio sea capaz de mover la redacción de la Constitución “hacia una serie de posiciones que permitan el desarrollo económico, que se hace cargo además de las preocupaciones que mueven a gran parte de los constituyentes, como el desarrollo sustentable, cuidado de medioambiente, desarrollo social y crecimiento económico”.

Ello lo complementa con una idea que comenta en reiteradas oportunidades: “Si no hay crecimiento económico, no se puede financiar el desarrollo social ni preocuparse del medioambiente”.

Este último punto, de hecho, está recogido en el documento, donde se plantea que la “necesidad de mayor eficiencia de las normas sobre protección medioambiental que propiciamos no debe conducir a menoscabar el desarrollo y respeto de otras materias, principios y derechos a nivel constitucional”.

También se lee que no se debe “pretender transitar hacia niveles de protección del medioambiente técnicamente desequilibrados o de difícil aplicación. Creemos mejor tener normas realistas que efectivamente se cumplan, a contar con una regulación vanguardista que no sea posible de ejecutar en la práctica”.

- Allí, para el Consejo Minero ¿dónde está el límite de lo razonable y aplicable?

- “Quizás la respuesta más evidente está en el mismo documento. Cuando dice que nos gustaría que en la Constitución quede consagrado el principio del desarrollo sustentable, dentro de las bases generales del desarrollo del país. Las Naciones Unidas han definido el desarrollo sustentable como aquel que está construido sobre tres pilares: crecimiento económico, desarrollo social y cuidado al medioambiente. Cuando cargamos la mano sobre uno de estos aspectos, lo que ocurre es que el desarrollo deja de ser sustentable”.

Villarino asegura que el estallido social de 2019 es un claro ejemplo de qué es lo que pasa cuando se privilegia el desarrollo económico por sobre los derechos sociales: “Llegó el minuto en que la sociedad dice, saben que más, córtenla con el crecimiento económico, porque si no hay desarrollo social, equidad, ni cuidado del medioambiente, terminamos por rebelarnos”.

Respecto a los otros dos puntos, postula que de enfocarse solo en asegurar derechos sociales, generaría dificultades para el crecimiento de la actividad económica, impactando negativamente en los recursos para satisfacer las necesidades del país. Algo parecido plantea respecto del medioambiente.

“Hay que buscar de qué manera el desarrollo de la actividad económica impacta de la menor medida posible al medioambiente, o mitiga o compensa esos impactos, pero tiene que existir actividad económica”, sostiene.

- Usted habla de un equilibrio en el concepto de desarrollo sustentable, pero tomando las condiciones actuales en que se genera la explotación del mineral, van a tener que incurrir en gastos ¿Hasta dónde están dispuestos a, quizás, disminuir las ganancias en pos de este objetivo?

- “Esta industria es consciente de que su proyecto no es viable si es que no se preocupa de su entorno y el medioambiente. Entonces no se trata de cuánto está dispuesto a dejar de ganar, sino a cuánto tiene que invertir para subsistir.

Ahora, cuando esa inversión para subsistir y desarrollarse, que significa tener energías más limpias, desalar agua de mar, menores emisiones, cambiar flotas apenas las tecnologías estén disponibles a una flota eléctrica, mayor inversión en aporte a las comunidades, mayores compensaciones… llega un minuto en que el costo de hacer todo eso, el negocio no tenga una renta razonable y eso cada inversionista lo decide”.

Pero el presidente ejecutivo del Consejo Minero también tiene claro que el mundo actual demanda que las empresas se transformen y reduzcan cada vez más su huella de carbono. Incluso postula que en el gremio han ido más allá en ciertos aspectos y que son pioneros en algunas áreas, Nombra, por ejemplo, materias de seguridad en los sectores productivos, la desalinización del agua de mar e incluso la transición del gas al carbón.

“Creo que la voluntad ya está demostrada en los hechos desde hace décadas y eso permite que la industria minera chilena sea líder a nivel global. Ahora, cargarla con impuestos desmesurados que no tienen en consideración la competitividad del sector global, es un sinsentido que va a terminar por sacrificar una industria que es un motor de desarrollo importante y eso es lo que tenemos que evitar”.

 

La discusión por el royalty

Uno de los temas que se ha tomado la agenda del Congreso es la discusión de un proyecto de ley que busca establecer un royalty minero, que podría oscilar entre el 39% y 85%, según un estudio del Centro de Estudios Públicos.

Cómo se pueda resolver el tema en la nueva Carta Magna también mantiene atento al Consejo Minero. El tema, a todas luces, preocupa, y configura parte importante del documento que elaboraron y donde se plantea que ya existe un gravamen exclusivo para el sector, que es el Impuesto Específico a la Actividad Minera.

- La propuesta del Consejo Minero de que se fijen regalías a las que se les descuenten los costos de las etapas productivas difiere bastante de lo que se discute en el Congreso ¿Cuál es el razonamiento que hay detrás para sustentar aquellos descuentos?

- “No existe solo una manera de calcular los royalties, existen muchas en el mundo. Calcular los royalties sobre márgenes operacionales, es decir ingresos operacionales menos costos operacionales, es una fórmula que se aplica en otros países. En Perú, en algunos distritos de Canadá y Australia también. No es anormal.

La gran virtud que tiene este mecanismo, que aplica una tasa sobre márgenes operacionales y, por lo tanto, descuenta costos sobre ventas, es que distingue entre distintos costos. Cuando ello no se hace, se sacrifica a las empresas que son económicamente más marginales. Es decir, las que tienen costos más altos, que les cuesta más producir. Esa es la razón, el fundamento por el cual promovemos que se conserve el esquema actual”.

Villarino plantea, además, que “al final, el Estado no es dueño de cátodos ni concentrado de cobre”, sino que “de un recurso mineral que está mezclado con material que no es mineral, en rocas que no sabemos dónde están, que hay que salir a buscar y, por lo tanto, hay que descontar los costos de exploración, de permisos, laborales, todo aquello que permite que esa roca mineralizada se transforme en un producto comercializado. Eso es justicia y totalmente razonable”.

Así, la visión que desde el Consejo Minero, es que una medida que tenga en cuenta estos aspectos propenderá a que empresas que tienen costos de producción más elevados, puedan pagar menos impuestos y ser, finalmente, viables. “Es cierto que son proyectos más caros, pero otorgan mucho trabajo y reinyectan plata a la economía”, reflexiona Villarino.

Con ello en mente, el abogado sostiene que el foco al momento de pensar en cómo gravar al sector no debe estar puesto solo en cuánto dinero dejará la minería, sino que también en el impacto asociado a otras áreas.

“Por cada US$100 que se generan en la industria minera, US$80 se generan en el resto de la actividad económica: transporte, turismo, alimentación, proveedores, banca, servicios, etc.”, asevera.

- ¿Coincide con los dichos del presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile, que de aprobarse el royalty prácticamente se acabaría la minería en Chile?

- “Creo que hay que entender un poco las declaraciones de Diego Hernández. En el fondo, lo que está diciendo no es literalmente que nos vamos a quedar sin minería, sino que medidas de este tipo afectan el desarrollo de los proyectos económicamente marginales y desincentivan la inversión.

En definitiva, si hubiera una carga tributaria en torno al 80% ¿quién va a querer invertir? No hay ninguna otra actividad económica en el país que tenga una carga tributaria de esa magnitud. Cuando los precios son bajos, (las mineras) van a tener que salir a endeudarse para pagarle al fisco para explotar los recursos. Lo que naturalmente llevaría a dejar de explotarlo mientras los precios estén bajos y eso significa pérdidas de puestos de trabajo, de inversión, de oportunidad de desarrollo, etc.”.

Así, las críticas al proyecto de ley son compartidas por Villarino y lo califica como técnicamente deficiente. Pero el abogado no se queda ahí. “En la medida que se incrementen los impuestos, puede haber una mayor recaudación en el corto plazo, pero en el mediano a poco andar, lo que hace es desincentivar la producción, la inversión y caen dramáticamente las recaudaciones. Mucho pan para un año, pero poco pan para el futuro. Pan para hoy, pero hambre para mañana”.


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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