Un exsecretario de Energía de la Nación, un politólogo e investigador de temas energéticos, un académico con 20 años de experiencia en hidrocarburos en América Latina y un economista especializado en petróleo y gas analizaron la nuevo proyecto de Ley de Promoción de los Hidrocarburos que presentó el Gobierno nacional.

La iniciativa busca incrementar la producción e industrialización, escalar las exportaciones de petróleo y gas natural, aumentar el ingreso de divisas, incorporar valor agregado nacional, garantizar el autoabastecimiento y fortalecer las finanzas provinciales, entre otros objetivos.

Según detalló la Secretaría de Energía a cargo de Darío Martínez, la norma que se comenzará a debatir en el Senado, otorgará importantes beneficios para atraer inversiones. Entre los incentivos se destacan la exportación garantizada del 20% al 50% de la producción incremental de cada empresa, libre disponibilidad de dólares en el mercado de cambios del hasta 50% de la exportación garantizada y una reducción del Impuesto a las Ganancias para incentivar la asociatividad empresarial. Esos beneficios aumentan para los impulsores de proyectos especiales, que buscan fomentar inversiones privilegiadas de pequeñas empresas, en Áreas Marginales, en cuencas con declinación productiva, en industrialización en origen y para exploración y explotación de áreas convencionales.

El ex secretario de Energía Emilio Apud dijo a Ámbito que la ley no es suficiente para atraer inversiones. “La promoción de hidrocarburos por un Gobierno que es la continuidad de los tres que lo precedieron hasta 2015, y que paralizaron la industria, es una fantasía. La producción e industralización requiere de cuantiosas inversiones que no vendrán por una simple ley, menos promovida por el kirchnerismo”, señaló el exfuncionario radical.

Para Apud, el camino es “recuperar” la confianza. “Una ley de hidrocarburos no es suficiente, máxime si es promovida por los mismos que hicieron perder esa confianza, que entre otras razones, obedece a la introducción de cepos cambiarios, indisponibilidad de dividendos, restricciones al comercio exterior, impuestos abrumadores e imprevisibles, el poco apego a las instituciones y la seguridad jurídica y el sostenimiento de leyes laborales anacrónicas”, enumeró el exdirector de YPF durante la gestión de Cambiemos.

“Es una pérdida de tiempo promover una ley que no va a tener ningún tipo de efecto en las inversiones necesarias para poner en valor los inmensos recursos energéticos que tenemos en hidrocarburos, sobre todo teniendo en cuenta que es un recurso que en 30 o 40 años va a dejar de usarse, y no podemos perder tiempo”, subrayó Apud.

Martín Bronstein, politólogo e investigador del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPYS) aseguró que la norma es una “buena herramienta” para fortalecer la industria y poner en valor el potencial de recursos de gas y petróleo. “Lo interesante es que no solo se centra en el desarrollo no convencional, sobre todo Vaca Muerta, sino que además contempla la revitalización de los yacimientos maduros”, indicó ante la consulta de este medio.

La ley prevé beneficios tributarios, arancelarios y cambiarios para los proyectos especiales, como los de exploración y sísmica para explotación convencional con una inversión mínima de u$s6 millones y un plazo máximo de 3 años o la explotación de petróleo o gas natural de origen convencional o con recuperación secundaria y/o terciaria con inversiones por u$s100 millones en cuatro años.

Para Bronstein que esas medidas estén vigentes por 20 años generan un “horizonte de previsibilidad” en la actividad. “Es fundamental para sobrellevar la inestable situación macroeconómica que viene atravesando nuestro país hace tiempo. Las inversiones en la industria de los hidrocarburos requieren capital intensivo y las mismas se recuperan en el largo plazo. Debemos garantizar un marco de confianza en el sector privado”, sostuvo.

El analista del CEEPYS también destacó que el proyecto contempla como recompensa la habilitación en firme de exportaciones ante el aumento de la producción.

“Si esto se concreta permitirá evitar la salida de divisas para la importación de energía, como sucede actualmente con el gas natural. Posteriormente esto permitirá generar saldos exportables y conseguir dólares tan necesarios para nuestro país. Además, si se logra un crecimiento sostenido permitirá generar puestos de trabajo en la industria”, advirtió Bronstein.

En lo único que coincidió el joven politólogo con Apud es que en el proceso de transición energética acelerada es necesario acelerar el desarrollo de los hidrocarburos. “La ventana de tiempo se ha achicado y el momento es ahora”, concluyó. Los promotores de la ley aseguran que en un mundo y una economía global donde prima la incertidumbre y la pandemia, la ley trae previsibilidad, estabilidad y reglas claras, a través de estabilidad tributaria federal y de los incentivos o tratamientos diferenciales.

Sobre este punto se expresó el ingeniero Roberto Carnicer, director del Área de Energía de la Universidad Austral. “Son los tres objetivos lógicos en los que cualquier país normal debe manifestarse. Aunque sorprenda, esa estabilidad es una muy buena noticia y espero que se cumpla”, indicó.

De los ocho objetivos que se propuso la norma, Carnicer resaltó la idea de incrementar la producción e industrialización para el mercado local y exportaciones y celebró la institucionalización del Plan GasAr. “El plan es un éxito en función de su estructuración, primero porque contractualiza algo que estaba destruido y necesitaba previsibilidad, que es fundamental. No es imprescindible que sea a 20 años, pero sí que tenga un horizonte cercano”, señaló.

Carnicer también destacó la libre de disponibilidad de dólares para las empresas extranjeras que inviertan, aumenten la producción y exporten al mundo. “Es un tema siempre en cuestionamiento, y ojalá que fuera así esa disponibilidad de divisas del 50% del valor de lo exportado se materializa en 20 años. Creo que todas esas intenciones están orientadas en la dirección correcta”, afirmó.

El profesor de la Austral, con dos décadas de experiencia en el sector, consideró que el proyecto es un “avance” ante la gran incertidumbre. “Una ley no puede incorporar todas las particularidades en sí. Ante la realidad argentina es bueno que se exista y se identifiquen proyectos especiales y se planteen su vialidad con mejores condiciones, sobre todo con lo que tiene que ver con almacenamiento, transporte y refinación, porque Vaca Muerta no es para el mercado interno, es para el mercado internacional, y cualquier monetización que se logren son divisas que ingresan. Un tema de los que no se habla y debería ser analizado son las retenciones a las exportaciones”, remarcó Carnicer.

Pablo Besmedrisnik, economista y analista de temas en energéticos, recordó que hoy la inversión en la fractura y perforación en baja escala es posible porque con planes de corto plazo se evita medianamente la incertidumbre macro, pero no ocurre lo mismo cuando se quieren encarar procesos de gran escala y, fundamentalmente, proyectos de infraestructura necesaria para la exportación. “Un plan de fomento a la inversión en el sector petrolero que intente desacoplar la realidad del sector respecto de la macro argentina es una buena noticia”, consideró Besmedrisnik. “Un marco especial es un paliativo interesante para las circunstancias actuales”, agregó, aunque aclaró que el desacople “no puede ser total ni permanente” porque los recursos están en suelo argentino y la economía doméstica “es lo que es”.

El director de Invenómica puso el foco en la instrumentación de planes que circunvalen la incertidumbre macroeconómica y apuntalen la demanda externa. “El sector hidrocarburífero argentino no puede esperar a la normalización de la macroeconomía, porque puede ser un período largo que termine haciendo desperdiciar la oportunidad que significan los recursos no convencionales de la Argentina”, aseveró, y advirtió que si la ley no se lograra aprobar, en la medida que se recupere niveles de actividad previos, “la Argentina volverá a tener el déficit crónico de balanza comercial energética y por lo tanto una necesidad de dólares que hoy no están disponibles”.

Además de destacar la “mayor flexibilidad” para la movilidad de capitales eludiendo la brecha cambiaria y las restricciones cambiarias, Besmedrisnik supuso “muy positivo” que se procure instrumentar políticas que incentiven el desarrollo exportador sin descuidar el mercado local. “El tamaño del mercado interno es una limitación importante para el crecimiento. La orientación exportadora es necesaria para la expansión del sector. Es relevante el fomento de proyectos de infraestructura, esencialmente para el tratamiento y evacuación del gas, para su exportación, porque de esa forma se aumenta el potencial productivo y la escala, y se viabilizan proyectos de fractura y perforación que hoy no son posibles”, sentenció.