El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, presidió el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que contó con la participación de representantes del sector sindical y empresario.

Allí se definió por 32 votos a favor y ninguna abstención o voto en contra, un aumento del 16% sobre lo acordado en marzo del salario mínimo, vital y móvil en tres tramos no acumulativos: 9% en septiembre, 4% en octubre y 3% en febrero de 2022.

De esta manera el nuevo monto, definido por unanimidad, pasará a ser de $33.000.

Es decir, una suba del 52,78% de marzo a marzo. Iguales porcentajes en los períodos y formas detallados se aplicarán a las prestaciones por desempleo.

Estas subas alcanzarán a alrededor de 1.100.000 trabajadoras y trabajadores. También impactan en programas tales como Potenciar Trabajo y Acompañar, del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, entre otros.

La medida apunta a recomponer el poder adquisitivo de trabajadoras y trabajadores y de beneficiarios de programas sociales atados a este salario.

Las partes acordaron realizar un seguimiento de la situación en los próximos meses y volverán a reunirse en caso de considerarlo necesario.

Entre las medidas económicas dispuestas por el Ejecutivo fueron planificadas tras las PASO, pero quedaron suspendidas hasta los cambios de ministros. El Gobierno trabaja en la implementación de un nuevo bono destinado a los jubilados para compensar la pérdida salarial sufrida por la inflación. Sería un plus de entre 5000 o 6000 pesos por única vez, que se cobrararía en octubre. Anteriores gestiones, como las de Mauricio Macri, y las de Néstor y Cristina Kirchner aplicaron recetas similares.

Dentro de los beneficios a los jubilados, se lanzará el programa PreViaje sólo para los afiliados del PAMI, con una  devolución de hasta 50 por ciento para aquellos que compren planes turísticos.

Amnistía fiscal a pequeños contribuyentes y  extensión de la moratoria

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto para aliviar la mochila fiscal de los pequeños contribuyentes que pagan IVA y Ganancias. También propuso extender la Moratoria, aunque con menos cuotas.

La iniciativa otorga una amnistía fiscal -borra las deudas- de asociaciones sin fines de lucro y a pymes con pasivos menores a los $100.000, y extiende la moratoria que ya estaba vigente.

La iniciativa consta de dos bloques. El primero es la amnistía fiscal a entidades sin fines de lucro y pequeños contribuyentes -Mipymes, no monotributistas- con deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto. Se condonarían deudas de bomberos, entidades sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

“En la actualidad, la deuda corriente post pandemia asciende a cerca de $290.000 millones, concentrada en Mipymes. Este importe equivale al 36% de la recaudación mensual promedio (hoy en $ 825.000 millones)”, señalaron los fundamentos. “Cuando se sancionó la moratoria de diciembre de 2019, ese índice era muy similar (40,5%). En ese contexto, la propuesta es ampliar la anterior ley, para marcar un sendero de salida de la pandemia”, dice el proyecto firmado por Massa.

En tal sentido, se condonan las siguientes deudas:

1. Las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV) y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples, asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.

El costo fiscal de esta medida es teórico, consideraron los asesores económicos de Massa, ya que nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación.

Las entidades sin fines de lucro con deuda líquida y exigible ante AFIP ascienden a cerca de 45.000 con un importe adeudado de $15.000 millones.

2. Las deudas de pymes y contribuyentes del Impuesto a las Ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.

Aproximadamente, existen 3 millones de pequeños contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas). De esos 3 millones, 900.000 tienen deuda liquida y exigible con AFIP; es decir deuda, en condiciones de ser ejecutada.

A su vez, de esos 900.000 contribuyentes, 600.000 tienen deudas inferiores a $100.000 y acumulan una deuda total de $13.000 millones.

O sea que, con un esfuerzo fiscal proyectado de $13.000 millones se deja en cero la deuda liquida y exigible de 600.000 contribuyentes, con un promedio de $21.000 por contribuyente.

Estos 600.000 contribuyentes son en su mayoría pymes y contribuyentes pequeños y medianos del régimen general de IVA y Ganancias. No se incluyen los monotributistas, porque ya fueron beneficiados con la reciente Ley de Alivio fiscal para el sector, explican cerca de Massa, indicó iProfesional.

Según esas fuentes, se puede evaluar ampliar o limitar el beneficio a los sectores más afectados por la pandemia: comercio minorista, restaurantes.

Por otro lado, el proyecto prevé extender y al mismo tiempo ampliar la moratoria sancionada en principio en diciembre del 2019 a través de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, y modificada posteriormente por la ley 27.562 a raíz de la pandemia. "La anterior moratoria incluía deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020: esta amplia para deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021", señala el texto.

El período de alcance por las obligaciones vencidas será desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021 y se podrá incluir las infracciones relacionadas con la moratoria mencionada, para aquellos se se acogieron a la misma. Además permitirá sumar a este régimen "la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos, cuando la caducidad haya acaecido dentro de las fechas indicadas en el párrafo anterior".

Asimismo, la cancelación de la deuda mediante la moratoria prevé la suspensión de las acciones penales, tanto tributarias como aduaneras que se encuentren en curso, como también la suspensión de la la interrupción de la prescripción penal referido a delitos vinculados a las obligaciones mencionadas.

Por otro lado, señala que, en caso de ser aprobado el proyecto, los planes de pago que dispondrá la AFIP tendrán un plazo máximo de 36. 60 o hasta 120 cuotas, dependiendo de la categoría del contribuyente. La primera, vencerá no antes del 16 de noviembre de 2021. Respecto a la tasa de interés, explicita que "será fija, del dos por ciento (2%) mensual, durante las seis (6) primeras cuotas resultando luego de aplicación la tasa BADLAR en moneda nacional de bancos privados".

Al mismo tiempo, estipula la caducidad de los planes de pago en caso de que se distribuyan dividendos o utilidades a sus accionistas o socios o socias "en los términos de los artículos 49 y 50 de la Ley del Impuesto a las Ganancia", mientras esté en vigencia el plan y por los 24 meses siguientes. En tanto que también prevé una situación similar en caso del acceder al Mercado Único y Libre de Cambios para realizar pagos de beneficios no habilitados en el proyecto.

De acuerdo a cifras oficiales, la moratoria sancionada en el 2020 permitió la regularización de deuda por $533.000 millones, mediante 1,2 millones de planes de/pago. El sector pyme abarca al 69% de la deuda regularizada. Asimismo, el sector manufacturero encabezó los rubros que más deuda presentaron al regularizar pasivos por más de $109 mil millones, lo cual representa el 20,5% del monto total consolidado, seguido de Comercio con un monto superior a los $88 mil millones, mientras que las entidades sin fines de lucro representaron 26.000 planes de pago por unos $37.000 millones, detalló Ámbito.