El secretario de Energía se presentó ante un plenario de las comisiones de Energía, Minería y Combustibles y Presupuesto y Hacienda para brindar detalles sobre la iniciativa que fue presentada días atrás por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
El proyecto del Poder Ejecutivo propone, un esquema destinado a estimular la producción y las exportaciones de gas y de petróleo en un horizonte a 20 años mediante una serie de beneficios, que incluyen el acceso parcial a divisas y la rebaja de impuestos.
Según resaltó Martínez, el proyecto en debate no propone una nueva ley de hidrocarburos, sino que establece una serie de incentivos para promover las inversiones en el sector. Buscó así despejar las dudas que genera la iniciativa, sobre todo en los senadores de las provincias petroleras: insistió en que el texto respeta a rajatabla que tanto la propiedad del recurso como las potestades tributarias corresponden a las provincias.
Al hacer un repaso por el proyecto, Darío Martínez destacó que “lo que atraviesa a toda la normativa es promover el desarrollo regional, incrementar el valor agregado nacional, que es fundamental que las pymes se desarrollen y se vayan incorporado a la cadena de valor de manera creciente”.
Respecto a los proyectos especiales, sostuvo que “en cuencas con rendimiento distinto, tenemos que tener incentivos distintos y lo importante es desarrollar todas las cuencas y cuidar los puestos de trabajos en cada una de ellas”.
En cuanto a la cuestión medioambiental, Martínez dijo que “este proyecto de promoción de inversiones en hidrocarburos no exime de ninguna responsabilidad ambiental, no va en contra de ninguna normativa ambiental y tal es así que contempla un capítulo sobre la sustentabilidad energética”.
Martínez negó este miércoles que el proyecto de ley de hidrocarburos invada potestades propias de las provincias, tal como advirtieron senadores de la oposición como la mendocina Pamela Verasay (UCR) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) durante un plenario de comisiones.
Sobre la participación de las provincias, aclaró que “son las dueñas de los recursos, se fortalecerán porque el aumento de la producción se reflejará en el aumento de regalías. Esto no es una nueva ley de hidrocarburos sino un régimen de promoción hidrocarburífera. Esta norma no modifica las potestades que ya tienen las provincias, no estamos discutiendo ni la propiedad ni el poder concedente y tampoco tocamos ninguna potestad tributaria de las provincias, absolutamente ninguna”, enfatizó.
Alberto Weretilneck, que se ha convertido en un jugador clave del Senado para facilitar o complicar el quórum, cuestionó que haya beneficios distintos para las empresas que operan yacimientos de shale y las que lo hacen en convencionales. Y subrayó que el texto no especifica nada sobre las empresas que producen en Vaca Muerta.
Pero la crítica central apunta al artículo 41 que deja afuera a las provincias de la definición de beneficios. "la ley tiene un sentido unitario", afirmó el rionegrino y advirtió que "no se debe dejar en manos de la Secretaría de Energía la decisión de si el petróleo exportable es de una u otra cuenca".
Cuestionó además que se busque instrumentar un régimen de dos décadas: "Plantear un horizonte de 20 años en esta actividad no tiene en consideración que el país va a cambiar en ese lapso", opinó.
Por su parte, Lucila Crexell cuestionó los artículos 8 y 74 del proyecto que premian a las firmas que abastecen la mayor cuota del mercado local. "Esta norma respondería a una suerte de salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados", sostuvo en obvia referencia a YPF.
"No tiene sentido poner la línea base en el período de plena pandemia cuando algunos operadores cerraron producción y pospusieron inversiones. La línea base perjudica específicamente a los productores que más crecieron en inversión y producción durante la pandemia, lo cual contrasta con el tratamiento beneficioso que reciben los productores integrados de crudos pesados", afirmó.
La primera crítica llegó de parte de Pamela Verasay, senadora del PRO por Mendoza, se quejó que el borrador del proyecto llegó a las provincias “24 horas antes”. “Esto no es una ley de hidrocarburos, sino que es un régimen de inversión que trata una política fiscal, cambiaria, de divisas, y las provincias tienen que estar representadas en las decisiones”.
“Quisiera saber qué tipo de injerencia tiene la decisión de las provincias sobre el Consejo que resuelve por unanimidad”, agregó la legisladora.
Por su parte, la legisladora del PRO Gladys González apunto a que el proyecto “no contempla los objetivos de descarbonización de nuestra matriz energética y más allá de entender la necesidad de nuestra economía y del sector hidrocarburífero, creo que no hay posibilidad de avanzar sin la discusión del cambio climático”.
El senador salteño Sergio Leavy, del Frente de Todos, manifestó que se van a “tener que modificar algunas cosas de este proyecto, porque sino siempre se incentiva la exploración y el desarrollo de producciones en las mismas cuencas y hay muchas cuencas olvidadas como la del NOA”.
El proyecto fue presentado hace una semana por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada indicó que “tenemos que poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera”, y convocó a “poner el máximo impulso a la actividad petrolera y gasífera” con “previsibilidad” y “preservando el acuerdo social y la sustentabilidad ambiental”.
YouTube: Toda la presentación en el Senado
