Desde que llegó al poder, Pedro Castillo no ha hecho otra cosa que tratar de calmar a los inversionistas. Dice que su gobierno respeta la propiedad y la inversión privada, y que jamás impulsaría la expropiación. “No hemos venido a expropiar a nadie, vamos a invitar a las empresas a que vengan a invertir”, dijo el presidente en la OEA.

Pero su primer ministro, Guido Bellido, le está complicando la tarea; hace unos días amenazó al consorcio que opera el principal yacimiento de gas con “recuperar” el recurso si no aceptaba renegociar el contrato de la concesión.

Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entregaron un oficio el 27 de septiembre en las oficinas de Pluspetrol −que integra el consorcio con la española Repsol y la estadounidense Hunt Oil entre otras firmas− en Lima con el fin de formalizar el inicio de las renegociaciones del reparto de utilidades a favor del Estado peruano. “Hemos venido a iniciar el proceso de renegociación, el Estado tiene que tomar acciones”, dijo el primer ministro a la prensa.

Pero sus pares cuestionaron sus ideas, y no solo por las amenazas; al parecer, el consejo de ministros no aprobó la información difundida. Sin mencionar que Bellido habría coordinado actos de su función con personas que no hacen parte del Gobierno, específicamente con Vladimir Cerrón, según explicó la periodista Jacqueline Fowks a El País de España. Este personaje político, que no puede tener cargos públicos por una sentencia por corrupción, es para muchos el verdadero poder detrás del gobierno.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, dijo al diario La República que no puede haber “nacionalización unilateral por parte del Estado”. Y aunque sostuvo que él mismo se encuentra a favor de la renegociación del contrato con Camisea, (al igual que casi todos los demás ministros), este asunto no ha sido objeto de una conversación formal dentro del gabinete.

Con todo y esto, Bellido invitó a la empresa para sostener la primera sesión de trabajo este miércoles 6 de octubre, día en el que se iniciará el proceso de renegociación y “se espera llegar a un buen resultado entre ambas partes”, se lee en un documento publicado por AFP.

Fowks explica que aunque según la Constitución, el primer ministro es el portavoz autorizado del gobierno, “Bellido expresa posiciones contrarias a las de sus colegas que no son miembros de Perú Libre, entre ellos, los ministros de Economía, Justicia, Interior, Relaciones Exteriores, Trabajo, y Defensa”.

¿Qué dicen las empresas?

El director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, dijo que la amenaza de nacionalizar el yacimiento es “inconstitucional y pone en riesgo la matriz energética de Perú”.

“Lo expresado por premier Guido Bellido difiere notablemente de lo que viene comunicando el Gobierno en las últimas semanas: un mensaje de confianza y de invitación a la inversión privada”, indicó De la Flor en un comunicado de SNMPE, que agrupa a las empresas mineras y petroleras del país.

Agregó que las declaraciones de Bellido implican una amenaza explícita en torno a una de las inversiones privadas más importantes de las últimas décadas y que ha permitido a Perú cambiar su matriz energética. “Es necesario una nueva renegociación y nosotros lo vemos como un nuevo pacto, creo que están dadas las condiciones para ello y nosotros no vamos a violar ninguna norma”, declaró el ministro Merino.

Según advierte la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), la expropiación de Camisea podría costarle al Perú alrededor de US$ 30.000 millones. El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señala que este monto equivale al todo el presupuesto del sector Educación, Salud y Transportes.

¿Qué dice Castillo?

El 13 de setiembre, el presidente peruano, Pedro Castillo, anunció su intención de “recuperar” el yacimiento de Camisea, una de sus principales promesas de campaña.

“En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales. El Estado y el sector privado trabajando juntos por un Perú mejor”, tuiteó Castillo.

El Consorcio Camisea entregó en los últimos 17 años (2004 a 2021) más de 9.750 millones de dólares entre impuestos y regalías. Más de 1,2 millones de hogares reciben en la actualidad gas natural, según el gobierno, una sexta parte de los hogares del país.