El presidente y gerente general de Antamina, Víctor Gobitz, indicó que la suspensión de actividades de la minera afecta a la Áncash, pues ellos suman el 50% del PBI de dicha región.

Una nueva junta directiva en la comunidad de Aquia, en Áncash, sería la que ha instigado a los pobladores a realizar ataques violentos a la minera Antamina, según explicó su presidente y gerente general, Víctor Gobitz en RPP.

Afirmó que se reunirá en las próximas horas con el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, un día después de que la compañía anunció que había parado sus operaciones por el bloqueo de una vía por parte de pobladores, que dicen que la empresa ha incumplido sus compromisos sociales y económicos, según informó Marco Aquino en Reuters. 

“La comunidad de Aquia eligió una persona muy violenta con una agenda distinta. El señor se apellida Damian tiene un discurso muy agresivo y muy reciente ha hecho amenazas de muerte y de quemar las instalaciones de Antamina, por ello hemos suspendido las operaciones”, dijo en Punto Final de RPP.

Asimismo, dijo que hay fines políticos detrás de este paro que ha paralizado las actividades en Antamina, a partir de este domingo. La minera anunció la suspensión de sus operaciones para evitar situaciones desfavorables por las manifestaciones en la comunidad de Aquia.

“Lo que hay detrás sin duda es un movimiento político. Estamos entendiendo mal lo que es la representatividad. La representatividad se alcanza cuando se eligen a las personas y estas tienen un plan de desarrollo. Se está legitimando la violencia”, aseveró.

“Tenemos un concentraducto, un tubo subterráneo que transporta los concentrados de 4200 metros de altura hacia la costa. Y ese concentraducto cruza 29 comunidades distintas, una de ellas es Aquia y para eso tenemos documentación muy clara de la compra de esos terrenos hace 23 años”, dijo en Punto Final.

La paralización de las operaciones de Antamina generará pérdidas diarias de entre US$ 10 y US$ 14 millones,  Gobitz.

“En términos generales, por la dimensión de Antamina, estamos hablando de entre US$ 10 y 14 millones diarios, de menores ingresos. Esto impacta en ingresos de trabajadores, en recaudación del país y en el canon minero”, apuntó el ejecutivo en diálogo con Cuarto Poder.

Hoy, la compañía minera Antamina decidió paralizar sus operaciones a raíz de los bloqueos y protestas por parte de miembros de la comunidad de Aquia, que se ubica en su área de influencia.

“Nos llama la atención que estemos dejando que haya estos liderazgos violentos. Aquia tiene 2,000 pobladores. y solo 500 forman parte de la comunidad. Es un grupo minoritario el que está promoviendo estos actos violentos”, señaló Gobitz.

El CEO de Antamina informó que se reunió el jueves pasado con el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke. Además, mañana se reunirá con el titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el viceministro de Minas.

“Queremos el diálogo y solucionar esto de forma pacífica y eso explica por qué hemos decidido suspender las operaciones”, puntualizó.

Minas como Constancia de Hudbay Minerals, Las Bambas de MMG Ltd y Antapaccay de Glencore encaran bloqueos de carreteras de pobladores que exigen más beneficios. 

Gobitz dijo que los pobladores que protestan afirman que Antamina no reconoce un terreno de la comunidad de Aquia que esta ubicado a 60 kilómetros de la mina, cuando la empresa ha tenido acuerdos de uso y "compra de terrenos con las comunidades" desde que entró en operaciones hace dos décadas.

"En todos ellos se llegaron a acuerdos", dijo Gobitz. "Tenemos los documentos, se quiere llegar al extremo. El país sufre las consecuencias, lo que tenemos que tratar es restablecer el orden", afirmó Gobitz.

El paro afecta al empleo directo de 10.000 personas. Además, indicó que en el corredor minero hay 100.000 personas que sin duda no pueden transitar de forma normal. “El 50% del PBI de Ancash lo produce Antamina. Esto significa entre 10 y 14 millones de dólares”, sostuvo.

YouTube: Víctor Gobitz: “No podemos aceptar que un grupo minoritario imponga la violencia”

CONFIEP: FALTA REACCIÓN DEL GOBIERNO

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) criticó al gobierno por su falta de reacción frente a los recientes actos vandálicos que se han producido en algunas mineras de Ayacucho, Áncash y otras regiones del país.

“Lamentamos profundamente que frente a estos actos vandálicos no exista una condena explícita y una reacción oportuna por parte del gobierno, para mantener el diálogo y asegurar la tranquilidad de las comunidades y los trabajadores, la protección de la propiedad privada y el libre tránsito, y el respeto al Estado de Derecho”, dijo el gremio empresarial en un comunicado.

El pasado jueves 28, los pobladores de las provincias de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara iniciaran un paro indefinido para pedir el retiro de las empresas mineras de sus territorios. Cerca de 500 personas ingresaron a las instalaciones de la empresa Apumayo y causaron destrozos en la mina aurífera.

Por otro lado, la compañía Antamina decidió suspender sus operaciones en Áncash por un paro campesino que bloquea una de sus rutas de acceso a las instalaciones. Los manifestantes alegan que la empresa usurpó terrenos, además de exigir mejores condiciones sociales.

“Exhortamos al gobierno a realizar todas las acciones necesarias que conduzcan a restablecer la paz social en las regiones afectadas en beneficio de sus comunidades”, añadió Confiep.

Además, la confederación pidió al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, que se rectifique por sus “declaraciones tendenciosas y parcializadas” para tener “un diálogo que nos conduzca a la solución de los problemas”.

Torres señaló en la víspera a un programa de TV que se debe investigar a los accionistas de Antamina para saber si es que estos buscan promover la vacancia presidencial contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

El comunicado de CONFIEP

CONFIEP condena los actos de violencia y la incapacidad del gobierno deproteger la vida de las personas y asegurar la paz social

La CONFIEP y sus gremios asociados de la pequeña, mediana y la gran empresa rechazan los actos de violencia suscitados en los últimos días en contra de la actividad minera en Ayacucho, Ancash y otras regiones del país, donde se ha puesto en riesgo la vida de milesde trabajadores, comuneros, y donde se han causado graves daños a la propiedadprivada y al medio ambiente.

Lamentamos profundamente que frente a estos actos vandálicos no exista una condenaexplícita y una reacción oportuna por parte del gobierno, para mantener el diálogo yasegurar la tranquilidad de las comunidades y los trabajadores, la protección de lapropiedad privada y el libre tránsito, y el respeto al Estado de Derecho.

Así mismo, rechazamos las declaraciones tendenciosas y parcializadas del Ministro deJusticia, esperando una rectificación en aras de un diálogo que nos conduzca a lasolución de los problemas.

Exhortamos al gobierno a realizar todas las acciones necesarias que conduzcan arestablecer la paz social en las regiones afectadas en beneficio de sus comunidades, asícomo para lograr el reinicio de las actividades suspendidas, a fin de poder hacer frentea la crisis sanitaria que aún venimos enfrentando y poder reactivar la economía paragenerar el empleo que necesita el país.

De la Flor (SNMPE): El Estado debe tomar acciones concretas para retomar el control

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) señaló que el Ejecutivo debe tomar acciones concretas para retomar el control de la situación en Áncash, donde la minera Antamina suspendió sus operaciones a causa de un paro de comuneros en el distrito de Aquia.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, De la Flor manifestó que la suspensión de operaciones de Antamina afecta a la inversión privada en el país y especialmente a la población ancashina por el canon minero. Además, señaló que se debe proteger a los trabajadores que ven afectados sus derechos con la paralización.

“Esto tiene efectos adversos que van más allá de lo estrictamente referido a la minería porque lo que hace es erosionar la confianza de los inversionistas y no abona en favor de este tipo de ambiente que necesitamos para promover la inversión tan necesaria para la reactivación económica del país”, dijo.

“Necesitamos acciones concretas del Estado para restituir el imperio de la ley y asegurar el respeto al Estado de derecho, porque aquí se está vulnerando el derecho de los trabajadores. Además de proveedores locales y la propia población de Áncash, que evidentemente se va a ver vulnerada por no recibir las transferencias del canon que se suspende como consecuencia de la paralización de Antamina”, añadió.

Sobre protestas

El representante de la SNMPE sostuvo también que la protesta no tiene asidero legal y que solo se trata de un grupo mínimo de pobladores de Áncash. Además, indicó que estas personas buscan chantajear a la compañía y que esta situación se dio luego de que eligieran un nuevo liderazgo.

“Ellos reclaman usurpación de terrenos y Antamina legalmente adquirió esos terrenos hace 20 años. La empresa no ha tenido ningún problema con la comunidad y todo esto comienza con la elección de un nuevo liderazgo radicalizado, que básicamente está pretendiendo chantajear a la empresa con un bloqueo que ya vemos las consecuencias tan nefastas para el país y para la región Áncash en particular, que depende el 50% de su economía del canon minero”, señaló.

En ese sentido, manifestó que el Ejecutivo debe adoptar medidas claras para actuar ante estas situaciones, que consideró ahuyentan a la inversión privada. Para eso, dijo que se debe priorizar la prevención y buscar generar más diálogo entre las partes.