Desde que el gobierno de Chile se puso como meta descarbonizar la matriz energética en la lucha contra el cambio climático, la comunidad parlamentaria ha puesto el acento en acelarar dicho proceso.

En ese marco, los integrantes de la Comisión de Minería y Energía se encuentran analizando el proyecto que prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país al 2025, el que cursa su segundo trámite, según informó la sitio web oficial del Senado de Chile.

Los congresistas decidieron que la discusión se realizará bajo el mismo formato que se hizo en la tramitación en general, del proyecto de royalty minero, es decir, efectuar un largo proceso de escucha que contemple audiencias y talleres donde tomen parte una extensa lista de invitados.

En esa línea, han escuchado en las últimas semanas al presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA), José Ignacio Escobar; y el director ejecutivo de dicha Asociación, Carlos Finat; y a la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín.

Asimismo, ha tomado parte de las sesiones, el ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien dio su impresión sobre la iniciativa manifestando el respaldo del Ejecutivo a terminar con las centrales termoeléctricas a carbón en el breve plazo, pero siempre que no se afecte el suministro eléctrico. En ese sentido apuntó a:

+ La importancia de no minimizar el rol que tiene hoy este tipo de energía dentro de la producción. La capacidad eléctrica nacional es 28 mil MW (si todas la energías operan al tope), la demanda máxima promedio es 11 mil MW y la energía termoeléctrica a carbón produce 5 mil MG,

+ La urgencia de incrementar exponencialmente el desarrollo de ERNC para compensar este retiro

+ La necesidad de contar con líneas de transmisión

El objetivo de esta norma es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que emite nuestro país, donde el 78% de estas tendrían su origen en el uso de combustibles fósiles y la potenciación del uso del carbón mineral y de gas natural para la generación eléctrica.

“Artículo único.- Se prohíbe la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en el territorio nacional. Artículo transitorio.- Esta ley entrará en vigencia el 31 de diciembre del año 2025 respecto de las plantas de generación termoeléctrica a carbón que tengan menos de treinta años de antigüedad”.

En la sesión del miércoles 27 de octubre, los senadores dialogaron con el ministro Jobet, quien expuso el 6 del mismo mes, sus impresiones de la propuesta. Fue así como existió coincidencia en acotar el cierre de las centrales a carbón por ley, como así también evaluar la factibilidad de extender en cinco años el plazo que propone la iniciativa, es decir, establecer como fecha tope el 2030.

En la sesión del 29 de septiembre, desde ACERA explicaron que encargaron un estudio a la consultora SPEC Energy y al Instituto de Ciencias Complejas de Ingeniería (ISCI) de la Universidad de Chile, cuyos resultados preliminares indican que “ante un escenario de descarbonización total hacia el año 2025, se requiere la puesta en servicio de 18 mil MegaWatts (MW) renovables durante el periodo 2022-2025 para alcanzar un desarrollo económicamente adaptado”.

Escobar explicó que “en la actualidad, solo 10 mil MW se encuentran en desarrollo y puesta en servicio, por lo cual la industria deberá impulsar el desarrollo del parque de generación a una mayor tasa, especialmente en cuanto a energía solar y eólica. Esto nos hace pensar que es muy difícil cumplir la meta que pone este proyecto, es decir, es inviable”.

Luego Larraín apuntó a que es fundamental acotar por ley que el cierre de las centrales a carbón se produzca mucho antes de 2040, como fue acordado por las empresas y el Gobierno, asegurando que las generadoras cuentan con los fondos para realizar las inversiones necesarias.

"Existen 28 centrales termoléctricas a carbón, de ellas 18 ya han firmado su plan de cierre para el 2025, de hecho ya hay 5 cerradas y 2 tendrán esa condición a fines de este año. 10 centrales no se han comprometido con esto. Si no se establece por ley el cierre, aplicará el acuerdo voluntario de los incumbentes. Tal vez no se pueda el cierre al 2025, pero puede ser el 2030. Lo importante es que haya una fecha clara que obligue y no deje esa decisión a la voluntariedad”, enfatizó.

El ministro Jobet enfatizó en cómo se ha acelerado el plan de descarbonización firmado por el Ejecutivo y las empresas generadoras en base a carbón. “Estamos apurando el proceso lo más que hemos podido mientras no se afecte el suministro. La política energética dice que deben retirarse estas centrales el 2030 y creemos que es un plazo viable, no queremos generar un problema mayor porque las renovables no dan abasto”, aclaró.

Respecto de la norma en sí, la autoridad reconoció que “estamos de acuerdo con el artículo pero insistimos que la clave está en no afectar la seguridad del suministro eléctrico y el precio que actualmente pagan los consumidores. Estamos dispuestos a dialogar para mejorar esta propuesta”.