JUAN SALDARRIAGA

El presidente Pedro Castillo anunció el inicio de la masificación del gas natural para todos los peruanos, política de Estado que arranca con la renegociación del contrato del gas de Camisea y con la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República.

Se trata de un proyecto que, a decir del mandatario, permitirá recuperar el recurso energético para toda la población, razón por la cual exhortó a los congresistas a aprobarla “de manera inmediata”. ¿De qué trata esta norma?

Encargos especiales

Lo más resaltante del proyecto, titulado “Ley que establece medidas para impulsar la masificación del gas natural”, es la decisión estatal de desarrollar estos proyectos a través de “encargos especiales a las empresas estatales del sector energía”.

Esto significa que delegará en estas empresas la responsabilidad de construir, operar y/o mantener las redes de ductos que se desarrollarán en las regiones que no cuentan con suministro de gas natural.

A ese efecto, la norma propone que esta tarea recaiga en las empresas estatales de distribución de electricidad, de tal forma que estas puedan “contratar o asociarse con una empresa especializada para el desarrollo de los proyectos”.

Adicionalmente, establece que Petro-Perú también se encargue de estas actividades, aprovechando su experiencia como administrador de la concesión de gas natural en el sur del país (Arequipa, Moquegua y Tacna).

Y, en atención a “lo previsto en el literal A del artículo cuarto de su Estatuto Social”, el cual “señala que puede desarrollar actividades de gas natural”.

El proyecto de ley detalla que las empresas estatales encargadas de masificar el gas deberán ser provistas de los recursos necesarios para su sostenibilidad financiera, los cuales serán registrados en una contabilidad separada.

Dichos recursos provendrán del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) o del Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE).

Nueva agencia de hidrocarburos

Otra novedad es la creación de una nueva entidad energética, denominada Agencia de Inventarios de Combustibles (ACI), la cual se encargará de “gestionar, administrar y disponer de la infraestructura de almacenamiento de combustibles preexistente a la Ley”.

Es decir, que dispondrá de las redes de ductos y las instalaciones de almacenamiento consideradas estratégicas por el Estado.

En tal sentido, propone que la ACI actúe como una especie de Coes, pero orientada al sector hidrocarburos.

Para ello, plantea que la nueva entidad sea un ente privado e independiente, con un “directorio y gerencia de primer nivel” y la potestad para financiar en la banca comercial y gestionar inventarios de seguridad de suministro.

El objetivo, explica la norma, es garantizar los volúmenes requeridos para asegurar el abastecimiento continuo y regular de combustibles en el país, como lo hace la International Energy Agency (lEA) en Estados Unidos.

Tarifa única para el gas

Finalmente, el proyecto de ley propone un esquema de precios nivelado para el gas natural consumido en todas las concesiones que obtienen su suministro de Camisea.

Esto significa que el costo del gas natural será el mismo para todas estas concesiones, eliminando, de esta manera, las diferencias que originan que el combustible no sea competitivo en el sur y el norte del país.

El financiamiento, explica la norma, provendrá de los “recursos que se recauden a través de un recargo al servicio de transporte de gas natural por ductos, actualmente operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú S.A. (TGP)”.

“La creación del mencionado mecanismo permitirá a los usuarios del servicio público de gas natural por red de ductos acceder al servicio en las mismas condiciones económicas, mejorando la competitividad del precio final de dicho energético”, añade el proyecto de ley.

Precisa que estarán exceptuados de este esquema las concesiones de Piura y Tumbes, las cuales no obtienen su suministro de Camisea.