Bolivia presentó el Plan de Reactivación del Upstream (2021-2025) que destinarán US$ 400 millones en la gestión 2022 para la ejecución de proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera en el país, según informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

Durante el lanzamiento, el gobierno admitió que existe una declinación de la producción de gas y líquidos de los principales campos de gas y que la Ley de Hidrocarburos 3058 cumplió su ciclo y que se deben realizar ajustes al sector para generar mayor inversión.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, sostuvo que a principios de año se lanzó un plan que tiene el desafío de avanzar en la exploración y ser autocríticos porque la producción de gas ha bajado. 

“Ser autocríticos en sentido que hace algunos años estamos en una situación de una declinación de la producción, aproximadamente desde 2015 a la fecha y que definitivamente ha impactado los volúmenes”, precisó.

Según Molina, esta situación se acentuó el año pasado porque se frenaron proyectos importantes y se paralizó la inversión.

“A raíz de esta situación hemos tomado acciones inmediatas, lanzamos un Plan de Reactivación del Upstream con proyectos que están en proceso de ejecución, como Itacaray-X1, Sararenda-X3D y San Miguel X2ST, y de algunos que han dado resultados positivos, como el caso de los pozos Boicobo Sur-X1 y Yarará-X1”, expresó la autoridad.

Los datos oficiales del Ministerio de Hidrocarburos reflejan que en 2014 el país producía 61,33 millones de metros cúbicos día (MMmcd), el año pasado eso bajó a 43,52 MMmcd.

El vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, informó que la producción actual llega a 45 MMmcd.

Según Molina, los objetivos de este plan son estabilizar la producción hidrocarburífera y mejorar los índices de reposición de reservas. En esa línea, remarcó que la prioridad del gobierno no solo es garantizar el abastecimiento del mercado interno y cumplir con los contratos de exportación, sino también garantizar la producción para futuros proyectos de industrialización de estos recursos, como por ejemplo para una posible segunda planta de úrea.

“En ese sentido, venimos trabajando en la adecuación de la normativa vigente para acompañar toda esta estrategia. La Ley 3058 (de Hidrocarburos), promulgada en 2004, cumplió su ciclo y se deben hacer ajustes porque el sector de hidrocarburos requiere fuertes inversiones, pero a la vez requiere una nueva visión debido a cómo se está desarrollando la industria y las perspectivas que se nos vienen en los próximos años; ejemplo de ello es la reciente promulgación del Decreto Supremo 4616 para incentivar la producción de crudo”, aseveró Molina.

Plan de Reactivación 

Además, Franklin Molina destacó que las nuevas actividades permitirán incorporar reservas de gas y líquidos, además de incrementar la producción de esos recursos, garantizando la seguridad energética para el país y el cumplimiento a los mercados de exportación.

“Los 400 millones de dólares son recursos que forman parte del Plan de Reactivación Hidrocarburífera que YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) viene encarando desde la presente gestión. Por eso, los distintos proyectos que están en marcha, así como los que se incorporarán el próximo año, sin duda representarán un incremento en la producción y reservas de gas y petróleo”, dijo la autoridad.

En una conferencia de prensa junto al vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen, el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, se explicó que el Plan de Reactivación del Upstream contempla 28 proyectos exploratorios impulsados por YPFB y operadoras petroleras en el país, con una inversión aproximada de US$ 1.500 millones, que permitirán reponer el consumo e incrementar las reservas de gas y petróleo en el mediano y largo plazo.

“Nosotros hemos venido coordinando las distintas actividades con YPFB, hemos presentado a principios de año un plan exploratorio que tiene un importante desafío en materia de Upstream. Desde que asumimos el gobierno, en noviembre de 2020, asumimos también acciones inmediatas, y esas acciones fueron desarrollar", comentó. 

Dorgathen, señaló que la inversión de los 400 millones de dólares que se proyecta para 2022 priorizará el estudio de prospectos que tengan recursos que rondan un trillón de pies cúbicos (TCF) o superiores.

“Estamos priorizando proyectos grandes, exploraciones en campos que tengan recursos superiores a 1 TCF. Es por ello que el próximo año entraremos a proyectos como Charagua, Iñau y Vitiacua, que son proyectos bastante significativos en lo que refiere a volúmenes”, agregó.

Molina afirmó que esta inversión posibilitará que los pozos Boicobo Sur-X1 y Yarará-X1 ingresen a fase de producción a mediados de año, con lo que se incrementará la producción de gas y petróleo.

El viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, dijo que desde 2015 hasta 2019 se desarrollaban en promedio dos propuestas geológicas de perforación por año, y en la gestión 2020 no se desarrolló ni una propuesta.

Sin embargo, este año se diseñaron 10 proyectos exploratorios, de los que dos están aprobados por YPFB, mientras los restantes serán aprobados pronto para entrar en ejecución en 2022. “El Plan del Upstream proyecta que tengamos más actividad exploratoria sobre la base de proyectos con evaluaciones técnicas, económicas y análisis de riesgos”, subrayó.

COMPRA DE COMBUSTIBLE

En 2022 Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destinará el 66% de su presupuesto a la importación de hidrocarburos y el 23 por ciento a contratos petroleros enmarcados en el Upstream.

Esta situación preocupa a los especialistas porque consideran que pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, que se agrava cada año por la caída de la producción nacional. 

El Presupuesto General de Estado (PGE) 2022 asignó 58.347 millones de bolivianos para el gasto público, de ese monto 31.967 millones serán destinados a YPFB (55 %). A su vez, la empresa estatal destinará 21.145 millones (el 66%) para la compra de hidrocarburos, mientras que para contratos de exploración-producción (Upstream) destinará 7.437 millones. 

Este 2021 el Gobierno nacional dispuso un presupuesto de 18.634 millones de bolivianos para la compra de hidrocarburos, por lo que para el 2022 se elevará en 13 por ciento, revela el PGE 2022.

“El monto asignado a YPFB es alto respecto al resto del Estado y el presupuesto para la importación de combustibles es el 66 por ciento del presupuesto de YPFB. Se pone en evidencia la extrema gravedad de la dependencia energética del país, por la caída de la producción nacional y que el Gobierno no puede solucionar al mantener la estructura estadística del sector petrolero”, dijo el analista en hidrocarburos y expresidente de YPFB Hugo del Granado.

Asimismo, la asignación de 21.145 millones de bolivianos para la compra de hidrocarburos fue calificada como “catastrófica” por un exgerente de YPFB, que prefirió no identificarse. 

“Son más de 3.000 millones de dólares que se va importan a precios por encima de seis bolivianos el litro. La subvención va a perforar las arcas del Estado y eso porque no hay petróleo ni condensado, las refinerías trabajan al 58 por ciento de capacidad, tienen 42 por ciento ocioso”, dijo el exejecutivo. 

El especialista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo Raúl Velásquez indicó que la situación se vuelve complicada cuando se utiliza dinero público para la actividad exploratoria. 

“En lugar de usarlo en perforar un pozo que podría resultar seco, podría servir para inversión en salud, educación o desarrollo económico. Por ello, es que venimos insistiendo en que el financiamiento de YPFB debería venir de la participación que tiene en las ganancias de los contratos de operación”, indicó.

Agregó que, al margen de la cantidad de dinero que se asigna a YPFB, la empresa requiere ajustes estructurales urgentes a través de una nueva ley de hidrocarburos. 

“Hay varios temas que deben ser ajustados con una nueva ley como ser: los roles institucionales, modelos de contrato para exploración y explotación, normativa ambiental, obligación de reponer reservas, régimen fiscal, transparencia y acceso a información. Estos son aspectos que no se solucionan con un mayor presupuesto, sino con una nueva ley debatida y consensuada con los diferentes actores”, dijo.

El analista en hidrocarburos José Padilla coincidió en que urge una nueva norma para atraer a la empresa privada. 

“Si no hay ley no van a venir las inversiones, los decretos de incentivo no son suficientes; para que haya seguridad hay que cambiar la ley”, manifestó.

Los analistas también cuestionaron que el Gobierno no brinde más detalles de los montos que se destinarán a la exploración y explotación en 2022. 

A octubre de este año, YPFB sólo alcanzó una ejecución presupuestaria del 15,08 por ciento de los recursos destinados a inversión pública, cifra que, según los expertos, demuestra falta de eficiencia y capacidad de gestión.

La situación preocupa al propio ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, que en la nota MHE-09017-DESP-1496/2021, del 13 de octubre de 2021, dirigida al presidente de YPFB, Wilson Zelaya, manifestó su “profunda preocupación por la baja ejecución de inversión pública.