MARTÍN BIDEGARAY/CLARÍN

La mayoría de los actores económicos supone que un acuerdo de la Argentina con el FMI requerirá cierta disminución del gasto público. Todos miran a los subsidios energéticos como posible forma de achicar esas erogaciones. La “segmentación” de tarifas en las boletas de electricidad y gas asoma como una forma de lograr ese objetivo.

Un trabajo de la consultora Analytica evalúa la segmentación de tarifas como una alternativa para la reducción de subsidios. En su escenario, el 50% de la población de menores ingresos no pagará ningún aumento. Pero la otra mitad del país tendrá que desembolsar más por el servicio de electricidad, gas y agua.

La consultora supone que la mitad del país que es clase media y/o mayores ingresos tendrá que afrontar una recomposición promedio del 155% entre las tarifas de electricidad, gas y agua. Hoy, un hogar promedio de esa categoría destina $ 3.756 mensuales a esos servicios, lo que representa alrededor de un 3,2% de su gasto.

De efectuarse estas correcciones, el desembolso promedio mensual de esos hogares subiría a $ 9.800 mensuales y representará casi un 8% del gasto de esos hogares.

En el caso del 10% de la población de mayores ingresos, Analytica sugiere una suba del 220%. Eso sería como subsanar la quita de subsidios. Pondría a esos hogares a pagar la mayoría de los servicios por los costos reales de los mismos, sin la subvención del Estado.

Una suba del 220% para el decil de mayores ingresos representaría una reducción del 0,24% en el déficit fiscal, según Analytica. Si la corrección sugerida (155%) también abarca a la clase media, el ahorro en subsidios podría llegar al 0,7% del déficit fiscal.

En el gobierno manejan otros números con respecto a estas correcciones. Allí suponen que el 10% de mayores ingresos podría pagar los servicios por su costo real, lo que implicaría una corrección como la sugerida por los especialistas. Pero con la clase media tienen otra mirada. Suponen que los ajustes allí deberían ser similares a los de la inflación anual o similares. Lejos del 155% que les sugiere este estudio y otros especialistas.

“Analizamos cómo hacer recaer la carga del ajuste entre las familias de mayores ingresos para maximizar el ahorro en subsidios económicos, minimizar el impacto sobre los precios y mantener el poder de compra de los sectores más rezagados”, es la consigna de Analytica.

Las tarifas pesaban en un 7% del gasto de los hogares en 2018, después de los sucesivos incrementos de la administración anterior. Ahora, estén en torno al 3%.

Si el Gobierno decidiera ajustar las tarifas “de una vez y para todos”, esto generará un salto de 15 puntos porcentuales de inflación. Más la inflación que ya viene acumulada, daría una tasa de 65% de inflación anual, según Analytica.

El aumento focalizado en sectores de mayores ingresos generará impacto inflacionario, pero distinto. Un hogar que hoy paga $ 2.500 por los servicios seguiría destinando ese mismo monto. El aumento para el otro 50% traerá un alza en el costo de vida, pero más atenuado.

La actual gestión decidió no aumentar las tarifas de electricidad y gas en 2020, y retocarlas 6% (gas) y 9 % (electricidad en Buenos Aires) durante este año. En ese bienio, la inflación acumulada subirá un 90%.

La necesidad de mayores partidas para solventar los costos se vio reflejados en los subsidios, En 2019, representaba un 1% del PBI y este año se dirigen al 2,7% del PBI.

“El peso de los regulados en el IPC se reduce desde julio de 2019 y se profundizó desde mayo del año pasado”.

“El aumento de las tarifas según el nivel de ingresos es de difícil implementación. Lo más probable es que haya ineficiencias en el proceso. Pero el costo de la segmentación es inferior a recortar las partidas de asistencia social o jubilaciones”, sugiere Analytica.

Fernando Navajas, de Fiel, supone que la “segmentación” alcanzará al 15% de mayores ingresos, que representan un 25% del consumo, Pero se pregunta que pasará con las tarifas del otro 85% que no es de mayores ingresos. Entiende que allí también debe haber alguna recomposición para mejorar los números fiscales.

FIN DE SUBSIDIOS: impactos en la economía 

VIRGINIA PORCELLA/INFOBAE

De acuerdo a los cálculos de Julián Rojo, del Instituto Argentina de la Energía, contemplando la última ampliación presupuestaria de la semana pasada (que implica USD 1500 millones adicionales para subsidios a la energía) el monto total en 2021 trepa a los USD 10.500 millones. El gasto es mayor si se considera también el congelamiento en las tarifas del agua.

Pero el enorme escollo para subsanar este agujero por el que se escurren los fondos públicos va más allá del costo político. Si se apuntara a eliminar casi por completo los subsidios a las tarifas, el nivel de aumento necesario en las boletas de los servicios se ubicaría en torno a 150% lo cual, en términos de inflación, implicaría llevarla a un nivel en torno al 65% anual. D

icho de otro modo, es de tal magnitud el esfuerzo fiscal para sostener invariables las tarifas -o su nivel de atraso- que recuperar el equilibrio precario que se había alcanzado hace dos años implicaría un salto de 14 puntos en la inflación, de acuerdo al último informe semanal de la consultora Analytica, en el que se ensaya un ejercicio posible de segmentación de tarifas y se analiza su impacto inflacionario.

“El retraso de las actualizaciones tarifarias permitió, como buscaba el Gobierno, modificar la estructura de consumo de las familias. Mientras que las tarifas de electricidad, gas y agua (EGA) en 2018 eran el 7% del gasto de los hogares, hoy representan apenas el 3%”, señala el informe, en el que advierte que “si el gobierno decidiera llevar todas las tarifas domiciliarias de la EGA a los niveles de inicios de gestión (diciembre de 2019), se requeriría un salto superior al 100%. Hacerlo de una vez y para todos implicaría 14 puntos más de inflación, ubicándola en la zona del 65% anual. Este resultado es claramente insostenible desde lo social y pone a la economía al borde un cambio de régimen inflacionario”.

De ahí que la segmentación en la que insiste el ministro de Economía, Martín Guzmán, pero que expertos consideran de escasa viabilidad, surge como la alternativa preferida para avanzar en la solución.

De acuerdo al ejercicio teórico de la consultora, el impacto inflacionario de una segmentación que implique que el 50% de los hogares, aquellos de menores recursos, mantienen el subsidio sin ningún incremento en sus boletas y que el otro 50%, el de mayores recursos, afronte un incremento de 155%, sería infinitamente menor. En ese escenario, el ajuste sumaría a la inflación del año apenas 2,5 puntos dado que, según explicó el economista Claudio Caprarulo, “se relaciona con el peso del pago de tarifas en la canasta de consumo de los hogares de mayores ingresos según pondera el INDEC. Ciertamente es el efecto más difícil de medir al segmentar”. Con esos supuestos, el Gobierno se ahorraría 0,7% del PBI en subsidios.

Aunque tal vez la principal, el impacto inflacionario no es la única dificultad. La complejidad central de la segmentación de tarifas pasa por determinar con la mayor precisión posible aquellos hogares que deberían mantener el subsidio en detrimento de aquellos que pueden soportar un incremento mayor al que afrontarían en caso de una suba generalizada. Es por esto que para Rojo, por ejemplo, la mejor herramienta es la ampliación de la tarifa social en lugar de establecer nuevos parámetros que podrían derivar en nuevas distorsiones o resultar, en el peor de los casos, inaplicables.

“Evidentemente el aumento de tarifas según nivel de ingresos es difícil de implementar. Lo más probable, entonces, es que haya ineficiencias en el proceso. Pero el costo de la segmentación es inferior a recortar otras partidas de gasto, como la asistencia social, las jubilaciones o la obra pública”, consideraron en Analytica.