MARTÍN BIDEGARAY

La “segmentación tarifaria” que prevé implementar el gobierno en los próximos meses supone una quita de subsidios en las boletas de luz y gas para ciertos sectores. Para empezar, a los de mayores ingresos, según expresiones de funcionarios. Sin embargo, varios analistas consultados dudan de que la medida logre efectividad o no sea resistida judicialmente.

Expertos coinciden en señalar que la segmentación podría tener problemas de implementación. Y que, de mantenerse el congelamiento tarifario, los subsidios económicos irían de los US$ 10.500 millones anuales (previstos para este año) a cerca de US$ 16.000 millones.

“La segmentación no es otra cosa que la aplicación de un subsidio cruzado discriminando usuarios por algún parámetro: consumo, lugar de residencia, capacidad de pago”, según Alejandro Einstoss -economista Jefe del Instituto Argentino de Energía Gral. Mosconi y Julián Rojo, director del Departamento Técnico de esa institución.

Su implementación “implicaría aumentos bien por encima de la inflación para un porcentaje menor de clientes residenciales (entre un 15% al 25% de los hogares), mientras el resto de los usuarios no tendrían aumentos o deberían enfrentar aumentos menores, según estos especialistas.

Calculan aumentos de tarifas del 72% en electricidad y 60% en gas, según se desprende de los números del proyecto de ley de presupuesto 2022.

El riesgo de aumentarle a la clase media

“Se requieren aumentos del 200% en los hogares que van a ser segmentados. Y cuando hagan eso, no van a poder evitar 'filtraciones' del esquema a hogares de clase media. Es decir van a tener un problema de error de inclusión en el esquema”, dice Fernando Navajas, economista Jefe de Fiel.

“El esquema de segmentación tiene muchos defectos que lo pueden hacer zozobrar en la práctica, por más que sea una idea que pueda funcionar en teoría. Por ejemplo, no tiene validación internacional, nadie lo ha hecho”, desglosa Navajas.

”No sabemos cómo se va a implementar administrativamente, no hay ninguna experiencia piloto, y además es vulnerable a una judicialización por ser incompatible con la prohibición legal de tener subsidios cruzados”, señala.

“Es un sistema inédito que no encuadra en las buenas prácticas en la materia, que distorsiona precios y que choca con el marco normativo y regulatorio vigente lo cual constituye una barrera legal adicional. Aún con los aumentos de tarifas superiores a la inflación, los subsidios aumentarán en 2022. El nivel dependerá de la aceptación social de los aumentos pero las simulaciones permiten estimar un piso de US$ 11.300 millones”, según EInstoss y Rojo, bajo el supuesto de que haya incrementos en las tarifas.

“No tienen otro camino. Es segmentar tarifas o tocar el gasto social”, define Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica. ”Establecimos un esquema aumentando en promedio 155% las tarifas al 50% de los hogares de mayores ingresos. Así el peso de los subsidios económicos volvería a porcentajes de 2020, aún bastante más que en 2019”, detalla. Calcula que el gasto en esas partidas rondaría los US$ 10.000 millones.

Pero si en 2022 el gobierno mantiene el congelamiento tarifario “ los problemas del sector se profundizarán posiblemente a límites insostenibles no solo por la velocidad de la inflación, que devora el valor de las tarifas, sino también por crecientes restricciones de índole fiscal, social e industrial”, según EInstoss y Rojo. Allí los subsidios se dispararían a US$ 15.600 millones, con un crecimiento del 56% con respecto a los subsidios de 2021.

El consultor Daniel Gerold advirtió, hace más de un mes, que los subsidios energéticos llegarían a US$ 16.000 millones. Fue en una exposición ante la Amcham (la cámara de comercio de las empresas estadounidenses en el país).

“Un salto discreto en el tipo de cambio tendría impacto directo en el nivel de los subsidios energéticos a partir del alto componente dolarizado de los precios del petróleo y el gas natural. Y por lo tanto para mantener constante el nivel subsidios implicaría aumentos de tarifas por arriba de la devaluación, tanto mayores cuanto más grande sea la brecha entre precios y costos”, según Rojo y Einstoss.

“No tienen otro camino. Sin cambios, los subsidios llegarán a US$ 15.900 millones”, según Caprarulo.

“El gobierno argentino ha decidido inventar la rueda de nuevo y proponer 'de la boca para afuera' (hasta ahora) un mecanismo que es conceptualmente erróneo, no tiene antecedentes de aplicación exitosa en otros países y es impracticable para el estado actual de la información disponible, es decir es un imposible administrativo”; observa Navajas.