Las empresas pesqueras arrojan sus residuos al mar y contaminan 1,5 millones de litros por día”. Lo denunció el empresario Héctor Chechic, gerente de GP Inversiones/Landfarming, quien cuestionó el comportamiento de las empresas locales que paralelamente componen el directorio de la firma encargada del procesamiento de los residuos en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

“El problema es que no recibimos efluentes líquidos de las seis pesqueras. Hicimos una gran inversión en una planta de tratamiento muy importante para solucionar al tema y las pesqueras lo arrojan sin tratamiento al mar. Ambiente de Provincia lo confirmó porque hizo varios estudios y todos dieron mal. Se hicieron sumarios y cortes de vuelcos que nunca se cumplieron”. Durante dos años no se recibió ningún tipo de efluente para su procesamiento.

El gerente de GP Inversiones/Landfarming reconoció a Diario Jornada que el incumplimiento de las empresas pesqueras generó dificultades en la empresa. “Hace dos años perdemos plata y tuvimos que presentar un preventivo no sólo por la inversión inicial sino por el mantenimiento, personal y productos que por no utilizarse, se echan a perder. Por eso Camioneros bloqueó nuestras plantas, en defensa de los derechos de sus trabajadores. No podemos pagarle a las personas que tenemos hoy y mucho menos desarrollarnos”.

Destacó que hay empresarios que disponen de sus propias plantas de tratamiento y podrían tratar sus propios efluentes cumpliendo la ley. “No hay ningún tipo de conciencia ambiental” y advirtió ante esto, la existencia de un delito federal.

“Vino el Ministerio de Ambiente de Nación, el de Chubut y la Subsecretaría de Ambiente. Ellos deben hacer cumplir la ley, no es el sindicato ni la empresa”. Y explicó que una situación similar se dio hace años en la zona del Golfo San Jorge. “Se volcaba ilegalmente y eso se eliminó. A nadie se le ocurre arrojar efluentes crudos al mar. Desde hace cuatro años nadie tira efluentes crudos al mar y todos tienen su certificado de disposición e inclusive algunos tienen sus propias plantas”.

Indicó que Ecoprom es la pesquera más grande de Comodoro y su propietario es dueño del 30% de Landfarming. “No entendemos porque no manda sus efluentes a tratar” agregando que el 66% del total corresponden a pesqueras locales. Negó la existencia de “monopolios” y que se ejerza coerción contra las empresas de la ciudad. “Somos un centro de disposición para que vengan a tratar sus residuos o efluentes, no hay extorsión cuando se trata de una ley. Y se paga un 20% más barato de lo que se cobra en Madryn por el metro cúbico. Se les pidió que traten un tercio de sus efluentes para ir llevándolos gradualmente a cumplir con la ley”.

El referente de Landfarming aclaró que cualquier persona puede invertir en Chubut y reconoció la presencia de actores locales en su directorio. “Las pesqueras tampoco son nacionales, son todas empresas multinacionales que se llevan el recurso argentino para comercializar y hacerse millonarios en el exterior”.

Finalmente remarcó el preocupante panorama ambiental que se plantea en las costas comodorenses por esta irregularidad y el alto nivel de contaminación. “Son seis las empresas pesqueras, equivale a 200 mil litros diarios y eso representa más de 1,5 millones de litros contaminados al mar por día”, denunció.

“El delito es de quien genera el efluente y lo tira en el mar. Es muy triste ver las playas tan hermosas donde se prohíba bañarse por contaminación. Lo cloacal contamina y representa 240/300 miligramos de DBO (demanda biologica de oxígeno) cuando las pesqueras arrojan entre 6 y 7 mil miligramos por litro. Contaminan 20 veces lo que puede contaminar un cloacal y los residuos contienen además productos químicos que son mucho más nocivos”

LAGUNA ROSA

En julio de este año dos lagunas ubicadas dentro del predio de Corfo en el ejido de la ciudad de Trelew se tiñeron de rosa como consecuencia de vertidos de la pesca.

El color rosado intenso estaría vinculado a un importante volcado de efluentes de la industria de la pesca de la ciudad de Rawson. De hecho, el 18 de junio pasado, el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut firmó un acuerdo con la Municipalidad de Rawson y la empresa Rawson Ambiental S.A. (RASA), que está construyendo un centro de disposición de residuos pesqueros en la capital provincial. A través de un acta-acuerdo se autorizó en forma “temporal y excepcional” el traslado de efluentes líquidos desde plantas pesqueras ubicadas en la ciudad de Rawson hasta las lagunas de Corfo en las afueras de Trelew.

Según lo citan dichos medios, los efluentes habrían llegado de la ciudad de Rawson, a la vez que remarcan que el pasado mes de junio el Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable de Chubut autorizó en forma “temporal y excepcional” el traslado de efluentes.

LA NUEVA LEY DE PESCA

Si bien el tratamiento de la Ley de Pesca 140/20 quedo para 2022, uno de los puntos más novedosos era que en el Artículo 11º se creaba “el Consejo Provincial Pesquero, el que estará integrado por: a) Un representante por cada una de los municipios de Puerto Madryn, Rawson, Camarones y Comodoro Rivadavia; b) El titular de la autoridad aplicación; c) Tres representantes designados por el Poder Ejecutivo Provincial; d) Un representante del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación”.

Este punto causó escozor entre los diferentes sindicatos marítimos, ya que no existe explicación lógica de por qué el gremio de la alimentación tendría un rol tan protagónico en la administración pesquera provincial, y el resto convidados de piedra, informó la Revista Puerto.

Modificaciones “unilaterales”

Con todo, en las diferentes audiencias en las que se debatió el proyecto oficial, en ningún momento se consensuó la creación de un Consejo Provincial Pesquero, por lo que sorprendió en la redacción del presunto “borrador” que circuló como modificaciones unilaterales, presuntamente incorporada por el diputado Carlos Eliceche, que preside la Comisión de Recursos Naturales.

Dentro de las funciones de ese Consejo Pesquero Provincial tendría como facultad el “otorgamiento” de las licencias de pesca, en la que el STIA tendría un voto clave. Ese ítem no era aceptado por el resto de los gremios, ni por el sector privado.

Aumento del canon de extracción

Desde la Cámara de la Flota Amarilla expresaron su abierto rechazo a los términos de la versión, mientras que desde la CAPIP prefirieron mantener un prudente silencio, toda vez que no era un proyecto que tuviera dictamen, y no estaba firmado por nadie, optando por no darle “entidad” a lo que era un Word en circulación. Pero de ser parte de un texto que fuera a tener tratamiento parlamentario, lo rechazaban en todos sus términos, al tiempo de advertirse que de una primera lectura presentaría visos de inconstitucionalidad.

La modificación al proyecto original establece un fuerte incremento del canon de extracción, como del valor de los permisos de pesca. Todas cuestiones que no han sido parte del debate y discusión cuando la Legislatura citó a los diferentes actores de la industria.

Dura advertencia del SICONARA

Por su parte, el SICONARA expresó anoche en un comunicado que «estuvimos a instantes nuevamente de que los diputados que dicen representar a los chubutenses, aprobaran una Ley de Pesca absolutamente inconsulta y que afecta y vulnera los derechos de los trabajadores».

«Estamos en absoluto desacuerdo con el proyecto que se intentaba aprobar como asimismo aprovechamos para manifestar que seguiremos luchando incansablemente para defender los derechos de los trabajadores, por eso aprovechamos también para solicitar la inmediata derogación del FAP», añade el comunicado del gremio de los conductores y maquinistas navales.

Finalmente, expresaron que «nos encontramos en estado de alerta y convocamos a los diputados y diputadas a generar un espacio de diálogo de manera tal que puedan verdaderamente representar los intereses de quienes los han elegido para ello», concluyeron.