Chubut no minera: Para la Nación hubo muchas mentiras durante las protestas

La vocera de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que durante las protestas violentas contra el proyecto de zonificación minera en la provincia de Chubut se dijeron muchas cosas que no son ciertas y, de esta forma, fijó una posición a favor del desarrollo de la actividad.

A diferencia de lo que ocurrió en el caso de Mendoza en 2019, cuando el gobierno provincial pidió el apoyo del exsecretario de Minería Alberto Hensel y no tuvo respuesta, en esta oportunidad la Nación apuntó a las mentiras que se dijeron en el ámbito de los grupos que están en contra de la actividad.

"Hubo muchas cosas que se dijeron en Chubut que no son ciertas. No es cierto que estuviera comprometido el tema del agua por la explotación de esta mina", dijo la vocera gubernamental en su conferencia de los jueves ante la consulta de la postura de gobierno nacional en el caso.

Aunque evitó referirse más en detalle a las cosas que se difundieron y que no son ciertas, porque corresponde a la Secretaría de Minería, dijo que el compromiso del ejecutivo nacional es la lucha contra la crisis climática y con un compromiso ecológico.

Dijo que se necesita un proceso y aseguró que en "ese tiempo y ese proceso se tiene que llevar con mucha solidaridad".

Cerruti destacó que "el gobierno lo que entiende es que estamos en un proceso hacia otro tipo de energía" y que en ese camino se van a necesitar muchos minerales, como el litio, tal como también destacaron numerosos informes de especialistas y del propio Fondo Monetario Internacional.

El gobierno nacional dijo que no se resta al desarrollo de la minería con los controles y los cuidados necesarios.

Esta semana se derogó en Chubut, tal como ocurrió en 2019 en Mendoza, la ley que permitía el desarrollo minero después de protestas violentas en las que se quemó la Casa de Gobierno, el archivo provincial y uno de los diarios más importantes de la Patagonia.

Sin embargo, a diferencia de Mendoza, en esa provincia se abrió la puerta a una consulta ciudadana para habilitar o no el desarrollo de la industria.

Conferencia de prensa de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti

FISCAL INVESTIGA VIOLENCIA EN CHUBUT

El fiscal de Trelew Marcos Nápoli, que integra la comisión especial dedicada a investigar la cadena de episodios violentos ocurridos en Rawson y Trelew, en el marco de las movilizaciones en rechazo a la ley de zonificación minera que finalmente fue derogada por el Gobierno provincial previa votación de la Legislatura, deslizó que mientras transcurra la pesquisa podrían imputarse a funcionarios públicos por incumplimiento de los deberes o abuso de autoridad.

La causa «es robusta», tiene varias aristas consecuentes con la comisión de varios delitos, explicó el funcionario en una extensa entrevista concedida al programa «La última palabra», que emite FM EL CHUBUT.

El procurador General Jorge Mirquelarena conformó una unidad especial para desandar las causas y consecuencias que derivaron en los brutales sucesos acontecidos las últimas semanas en la capital provincial y la urbe valletana. Ya hubo dos encuentros, donde bajo la dirección del procurador Adjunto, Emilio Porras Hernández, cada uno de los fiscales investigará distintas secuencias, al tratarse de hechos encadenados y complejos, a partir de la disposición de documentales valiosas para la pesquisa.

Frente a la «complejidad de la situación, considerando su heterogeneidad, porque se cometieron delitos de tanta diversidad donde se afectaron bienes jurídicos que están protegidos por la ley penal, es necesario generar un andamiaje de trabajo bastante robusto para dar una respuesta satisfactoria a requerimiento no solo de la víctima sino también del Estado», señaló Nápoli.

CAUSAS

«En esta gama de bienes jurídicos afectados se encuentran no solo los bienes de carácter públicos y privados en su propiedad, sino también la posibilidad de instigación a cometer delitos, de intimidaciones públicas, incumplimiento de los deberes de funcionario, vejaciones, malos tratos, apremios ilegales. Es decir, es difícil por un lado investigar a quienes provocaron daños, y por otro, si personas que participaron de las marchas fueron agredidas injustamente por personal policial, tenemos que dividir la mirada y dar respuesta a todo», insistió el fiscal.

«El caso de EL CHUBUT es paradigmático, porque se vino agitando con anterioridad a la comisión del hecho atacar el medio de comunicación por estar en contra, si se quiere, de una línea editorial o formular una opinión generalizada sobre la explotación minera. Esto alertó a personal policial que se hizo presente en las instalaciones, y lo cierto es que al momento del ataque al edificio, la escasez de uniformados que había o de protección en concreto que el Estado le estaba dando a la propiedad era casi nula, lo cual fue aprovechado por estas personas; un grupo desalineado por completo de lo que fue una marcha pacífica», agregó. 

INVESTIGACION  

El funcionario judicial avanzó en que «tenemos testimonios, tomamos muchas entrevistas personales a gente que estuvo presente en la marcha, pudimos revelar imágenes de los edificios de alrededores. Estamos poniendo el ojo sobre las redes sociales y lo que se publicó en estas plataformas los días antes, durante y luego del ataque.

Cuestión que va cerrando una teoría del caso que manejamos, que no podemos revelar, pero anticipamos que Fiscalía está orientada. Es decir, hay indicios de cuáles eran las intenciones o ultraintenciones que había detrás de esto, y si hubo falencias del Estado en la gestión de este conflicto».

En rigor, «creemos que hay, a futuro, importantes imputaciones a realizar a funcionarios públicos por los incumplimientos de sus funciones, por los abusos de autoridad que se cometieron, que fue un caldo de cultivo que terminó en los desmanes, por la reunión de un montón de conductas que no eran las debidas». 

INDICIOS 

El fiscal de la causa acotó que quienes promovieron los ataques son grupos heterogéneos. «Creemos que forman parte de alguna organización barrial o incluso algunos tienen pertenencia a algún club social y deportivo. Son personas que tienen influencia sobre otras en determinados barrios o actividades. También observamos con preocupación, tanto en Rawson como en Trelew, que quienes llevan adelante las acciones más temerarias son jóvenes. Alrededor de 14 o 15 años, lo que nos hace pensar que pudo haber habido una utilización de estas personas».

 DELITOS 

Durante la charla con FM EL CHUBUT, el fiscal deslizó que por el cuerpo de la causa, varios podrían ser los delitos imputables. A partir de la documental obtenida, «podríamos pensar en daño agravado, considerando el incendio en el lugar, que prevé una pena de 3 a 10 años de prisión; robo agravado, porque en el diario se llevaron computadoras y además fue cometido en poblado y banda, también se lo hizo durante una conmoción pública, y en ese contexto de manifestación y movimiento de masa, se encuentra más desprotegido. Peor si se suma el incumplimiento del deber del funcionario público, el abuso de autoridad, es decir, dar órdenes contrarias a las leyes que rigen la materia».