JUAN SALDARRIAGA

El año 2021 cierra su periplo con un evento nunca antes presenciado en la historia del país: la detención de una operación minera en marcha de forma permanente debido a un conflicto social.

Al día de hoy, la mina de cobre Las Bambas (Apurímac) suma diez días de paralización por causa de eventos fuera de control que ocurren a 200 kilómetros de distancia, en tierras cusqueñas (Chumbivilcas).

Para Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), se trata de un evento sin precedentes, que le dice al mundo que “el Perú no es un destino para las inversiones”, tampoco un país seguro y que “es mejor irse a otro lado a invertir”.

Esta no era, sin embargo, la situación que la minería encontró a comienzos de año.

Inicio alentador

Miguel Cardozo, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), recuerda el “gran entusiasmo y dedicación” con que la minería empezó sus labores en el 2021 para superar el bajón productivo ocasionado por la pandemia de COVID-19.

El ingreso de Mina Justa (Minsur), que inició actividades de producción en el segundo trimestre, abonaba a ese entusiasmo. La expectativa, según Gálvez, era batir récords de producción, de valor de las exportaciones y de recaudación fiscal aportada por el sector minero.

“En ese sentido, hubo un repunte importante de las minas grandes y algo menos de las medianas, que tuvieron algunas dificultades asociadas a su menor tamaño y tipo de explotación (subterránea). Pero, en general, tuvimos una excelente recuperación en el primer semestre”, apunta Cardozo.

Todo eso cambió, no obstante, con el ingreso del nuevo gobierno (julio de 2021), el cual trajo consigo “varios conflictos sociales que comenzaron a afectar la marcha de muchas empresas”, precisa el geólogo.

Conflictos desatados

La primera empresa en sentir la pegada fue Buenaventura, que tuvo que cerrar su mina de plata Uchucchacua (Lima) en octubre pasado debido a protestas permanentes de la comunidad de Oyón.

A ello siguió la paralización Antamina (Ancash) por varios días, el incendio de Apumayo (Ayacucho) por turbas enardecidas, y el asedio a Breapampa (Ayacucho) y Cerro Lindo (Ica).

Así, hasta llegar al cierre temporal de Las Bambas (Apurímac) el pasado 18 de diciembre.

En total, seis minas vieron afectadas de forma apreciable sus operaciones desde julio del 2021, lo que le ha costado al país la pérdida de 150.000 toneladas de cobre –el 6% de la producción corriente– y S/1.450 millones de recaudación tributaria, según estimaciones de la SNMPE.

¿Qué de nuevo ha traído la administración de Pedro Castillo para que todo esto ocurra?

¿Plan reconcebido?

Gálvez señala que el meollo del asunto es el cambio de actitud del gobierno hacia el sector minero, y su indiferencia e inacción frente a las protestas que paralizan las actividades productivas.

“Ha habido un retroceso en todo lo que es resolución de conflictos, el diálogo ha disminuido y ha abierto paso al vandalismo más desembocado. Y, esta vez, con el apoyo de funcionarios del Ejecutivo”, anota Marita Chappuis, es directora general de minería del MINEM.

Ambos especialistas en minería apuntan, como principales responsables de este estado de cosas, al ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, quien “no tiene la menor noción de lo que es la actividad minera”. Y a la primera ministra Mirtha Vásquez, a quien “no le interesa para nada el tema”, a entender de Gálvez.

Tal es, también, la opinión de Rómulo Mucho, viceministro de Minas, para quien queda claro que el gobierno despliega un plan preconcebido para debilitar a la minería, el cual podría tener como siguientes blancos otras minas y proyectos, como Cerro Verde o Quellaveco.

“Se viene una escalada violentista azuzada por el gobierno mismo, porque el Minem y la PCM están capturados por personas opuestas a la inversión minera”, advierte.

Cero inversiones

Lo concreto, por lo pronto, es que la conflictividad social ha paralizado todas las nuevas inversiones en minería.

Muestra de ello es que todas las empresas mineras “están repartiendo dividendos y no están guardando nada para reinvertir”, remarca Chappuis.

El corolario de todo esto resulta bastante claro para Gálvez: “En estas condiciones, yo no creo haya posibilidad, no solo del reinicio de operación de Las Bambas, sino del inicio de construcción de cualquier nuevo proyecto”, señala.

El MINEM espera para el 2022 el inicio de la construcción de siete proyectos mineros por una inversión conjunta de US$ 4,417 millones. ¿Saldrá adelante alguno de ellos?