“En Chile hoy estamos en una situación grave tanto de sequía como de escasez hídrica, entendiéndose la sequía como un fenómeno meteorológico y escasez como un desbalance a un largo plazo entre la oferta y demanda”, plantea en el Diario de Concepción en una entrevista a fines de marzo de este 2021.

Cientos de miles de personas sufren la escasez hídrica en diversos territorios, comunidades y poblados rurales, incluso ya en algunos centros urbanos.  

Pablo Morales Estay, investigador de la Biblioteca del Congreso de la República, sobre esta realidad, señala: “La sequía y la escasez hídrica son dos eventos que a menudo ocurren simultáneamente, pero que no son sinónimos. Mientras la sequía se define como el déficit de precipitaciones (sequía meteorológica) y/o caudal de los ríos (sequía hidrológica), por otro lado, la escasez hídrica involucra no solo procesos hidrológicos y meteorológicos, sino también los usos que se le da al agua. Este último factor, relativo al uso del agua, está ligado a la toma de decisiones y a la gestión del recurso por parte de sus administradores, lo que lleva a que el ser humano tenga un rol preponderante”.

Los decretos de escasez, se dictan por una duración máxima de seis meses no renovables, con el objeto de proveer determinadas herramientas para reducir al mínimo los daños derivados de la sequía.

De acuerdo al Artículo 314º del Código de Aguas, se le entregan ciertas atribuciones a la Dirección General de Aguas (DGA), para -entre otras cosas- la redistribución de aguas; la extracción de aguas superficiales o subterráneas; y la distribución de causes naturales o artificiales, de ser necesario.

Desde 2008 a 2021 (abril), se han emitido 167 decretos, siendo 2020 el año récord con un máximo de 33 decretos, en su gran mayoría correspondientes a la Región Metropolitana (21), Valparaíso (9), y en menor medida Coquimbo (1), Maule (1) y Atacama (1).

No obstante, solo durante los primeros cuatro meses de 2021, ya se han emitido 14 decretos, ocho de ellos correspondientes a la Región Metropolitana, cuatro a Valparaíso y uno para Coquimbo y Los Lagos respectivamente.

En la publicación “Desafíos para la gestión ambiental del agua en Chile”, de Elizabeth Macpherson y Erin O’Donnell, se resalta en vista que existe un gran aumento de las demandas de agua, cuyo incremento en consumo es de casi tres veces en los últimos 25 años, relacionado al crecimiento de la población y expansión de las actividades económicas (industriales), sumado a los efectos del cambio climático, que tienen efectos no sólo en la disponibilidad de agua, sino también en el aumento de los niveles de riesgo para la población como aluviones, inundaciones, sequías severas.

Conclusiones de esta y otras investigaciones, coinciden que este escenario se debería transformar en una oportunidad para desarrollar una cultura del agua y un marco legal e institucional que permitan a la sociedad hacer frente a estas problemáticas y desafíos en materia de aguas

“De acuerdo al documento, desde 2010 el territorio comprendido entre las regiones de Coquimbo y de La Araucanía ha experimentado un déficit de precipitaciones cercano al 30%. Esta pérdida de lluvias ha permanecido desde entonces en forma ininterrumpida y ocurre en la década más cálida de los últimos 100 años, exacerbando el déficit hídrico a través de la evaporación desde lagos, embalses y cultivos. La persistencia temporal y la extensión espacial de la actual sequía son extraordinarias en el registro histórico, razón por la que la denominaron mega sequía", agregó Estay. 

Actualización del Balance Hídrico Nacional

Es un estudio de cinco años liderado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, en conjunto con la Dirección de Aguas (DGA), donde se analizaron 174 cuencas hidrográficas del país, proyectaron una disminución generalizada de los recursos hídricos.

Esta situación se debe al aumento en la demanda de usuarios de agua, cambios en el uso de suelo y variaciones climáticas. El estudio identificó que, en las últimas tres décadas, los caudales de las cuencas del Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito y Maule han disminuido entre 13 y 37%. recursos hídricos

Miles de millones de pesos destinados desde las arcas fiscales públicas del Estado, para fines de investigación, mitigación, compensaciones, protección, seguridad, para cubrir los intereses de los principales grupos económicos en Chile, principales responsables de la debacle medio ambiental en el País, en desmedro de cientos de miles de personas de actividades campesinas y comunitarias, que deben enfrentar una profunda crisis social, ambiental, económica y cultural.

Llama la atención que diversos centros de investigaciones relacionados con actividades económicas, principalmente científicos académicos, sus trabajos se basan en generar respuestas adaptativas al cambio climático, por ejemplo, la expansión de viñedos en el sur y al mismo tiempo, las actividades económicas que han contribuido a intensificar el calentamiento global, como la industria forestal, celulosa, agro industria e industria ganadera y de la carne, no solamente se mantienen inalterables como modelo económico, sino que siguen propensas al crecimiento bajo la lógica extractivista con amparo y permisividad del estado.

Nadie o muy pocas iniciativas (de tipo marginal aún), en espacios científicos académicos y de desarrollo productivo, están planteando la restauración ecológica para las bidodiversidades y hacer frente de mejor forma a la crisis climática junto con la urgencia de diversificar las actividades económicas en las zonas rurales para una efectiva sustentabilidad, revitalizando las actividades campesinas, al parecer, son parte del sacrificio que nadie quiere hacerse cargo desde los espacios públicos de tomas de decisiones.

Impactos de la industria forestal al agua

Una investigación publicada en Human Ecology Journal en el primer semestre de este 2021, analizó el impacto de la industria forestal con datos de 180 municipios de seis regiones: O’Higgins, Maule, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos, indicando que este sector “no ha tenido ningún impacto en el aumento de empleo y en los ingresos” de la población donde operan estas empresas.

A modo de ejemplo, las personas que no tienen acceso al agua y que son atendidas por camiones aljibe en la Región de la Araucanía, superan el 10,6% del total de la población regional, según datos de diciembre (2015) y enero (2016), es decir unas 100 mil personas en estas condiciones, en su mayoría población Mapuche (la población Mapuche es alrededor del 30 % del total regional), cuya distribución comunal es coincidente en su mayoría, con zonas con alta concentración de plantaciones de monocultivos forestales.

Un informe del año 2016, da cuenta que “Actualmente, el DL 701 sigue incentivando monetariamente las plantaciones de especies de rápido crecimiento en desmedro de las comunidades rurales afectando su calidad de vida y al bosque nativo por la sustitución a especies exóticas de rápido crecimiento, trayendo consigo déficit de agua en comunas con fuerte intervención forestal, en una región que ha perdido unas 300 mil hectáreas de bosque nativo en los últimos 40 años”.