El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido el disfraz perfecto y la defensa legal para que los mineros ilegales de La Libertad, durante años, utilicen este recurso para realizar sus actividades al margen de la ley y para su provecho personal, explotando hasta a menores de edad que perdieron la vida en oscuros socavones. Esto sin mencionar los costos ambientales.

Karina Garay, abogada especializada en Derecho Ambiental, hace hincapié en su artículo sobre el tema en actualidad ambiental de que existe el Decreto Legislativo 1351, publicado el 7 enero 2017, el cual incluye en el artículo 307°-A del Código Penal, disponiendo en el segundo párrafo: “…la misma pena será aplicada al que realice actividad de exploración, extracción, explotación u otro acto similar de recursos metálicos y no metálicos que se encuentre fuera del proceso de formalización”.

“Con lo que se genera impunidad y una suerte de protección al minero ilegal, pues al minero en proceso de formalización no le importará realizar la actividad extractiva en cuerpos de agua o con maquinaria no autorizada, ya que, por estar dentro de un proceso de formalización o inscribirse en el Reinfo, se le “perdonará” del delito cometido”, describe Garay.

Hasta la Defensoría del Pueblo se había pronunciado para que el Ejecutivo observara la autógrafa del dictamen recaída en los proyectos de ley 688/2021-CR, 705/2021-CR y 733-2021-CR. Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, envió un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros, donde precisó que la propuesta normativa no garantiza actividades mineras sostenibles y respetuosas con el marco jurídico, lo que a su vez vulnera los derechos a la salud, a la vida y a gozar de un ambiente adecuado, informó La República.

Lissette Vásquez, adjunta de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente, en diálogo con La República, alertó que esta norma podría generar un clima de impunidad en la defensa y fiscalización respeto a la naturaleza.

“Reiteramos nuestra postura de que esta norma implica un retroceso frente a la minería informal e ilegal. Solicitamos al Ejecutivo que la observe. Este es un proyecto de ley que, como señalamos, propone prorrogar el plazo y postergar el plazo para la elaboración de una política multisectorial, lo cual es algo negativo. Esto genera problemas al ambiente, la minería ilegal está asociada a otras vulneraciones”, manifestó.

Por su parte, la presidenta de la PCM, Mirtha Vásquez, recordó que a estos mineros informales se les exige contar con instrumentos de gestión ambiental.

“Pero muchos no cumplen los estándares y esto es muy necesario. Una actividad minera que no cumple estándares ambientales genera impactos graves a la vida y la salud de las personas. Es una actividad que genera riesgos a la vida y a la salud de las personas”, recalcó, según Infobae.

Que se amplie el plazo para formalizar a estas mineras ilegales, conlleva a que estos mineros se inscriban en el proceso ante el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y se escuden ahí del Ministerio Público, que investiga presuntos delitos cometidos en territorios dominados por estas actividades ilícitas.

“El estar en un proceso de formalización implica que frente a estas actividades, que son consideradas ilegales, la Fiscalía no pueda actuar. Y tenemos gobiernos regionales que requieren fortalecer sus actividades de fiscalización, pero estos mineros siguen operando”, lamentó Vásquez.

VÁSQUEZ HABLA SOBRE LA PREOCUPACIÓN DE LA DEFENSORÍA Y DEL MINAM

La presidenta de la PCM también agregó que le preocupa que el Ejecutivo no haya recogido la postura del Ministerio del Ambiente, que en su momento, cuando la ley se aprobó en el Congreso, se pronunció en contra. Incluso, la Defensoría le envió un oficio a la primera ministra Mirtha Vásquez, quien defendió derechos ambientales en Cajamarca, para que observen el proyecto.

“A nosotros nos sorprende porque pensamos que la postura del Minam era la postura del Ejecutivo. El Ministerio del Ambiente se mostró en contra y, sin embargo, el Ejecutivo ha promulgado esta norma que a la Defensoría del Pueblo le genera preocupación”, enfatizó.

Esta ampliación impulsada por el Poder Ejecutivo, Congreso de la República y dirigentes mineros generaría que las mafias ilegales vuelvan con más fuerza para robar mineral y contaminar el medio ambiente, como ha sido denunciado a lo largo de este tiempo por la población, comuneros y autoridades. Lo más evidente y cercano en La Libertad es Quiruvilca (Santiago de Chuco) y el cerro El Toro (Huamachuco), dos locaciones que concentran a la minería ilegal.

Personal policial, por disposición del fiscal de Huamachuco Jorge Luis Fernández Urteaga, se hizo presente en las instalaciones de Minerals Doña Julia. Foto: PNP

Inspección

Una reciente diligencia policial inopinada por disposición del fiscal de Huamachuco Jorge Luis Fernández Urteaga se hizo presente en las instalaciones de Minerals Doña Julia, y ahí se pudo comprobar que se realizaban labores a la vista de todo el mundo, a pesar de las prohibiciones establecidas por la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos.

La acción se realizó tras la denuncia contra Jorge Espejo Moreno, Walter Carhuallay Laguna, Segundo Manuel Flores Pizán y Omar Escobedo Carbajal por hurto agravado en perjuicio de la compañía minera Los Andes Perú Gold SAC. La misma es titular de la concesión minera Rosa Amparo A.C.4.

Los efectivos policiales fueron atendidos y tras comunicarse vía telefónica con el dueño Jorge Espejo su respuesta fue toda una sorpresa para los policías.  Este, de forma altanera y prepotente, le dijo a uno de los efectivos policiales: “...no te metas en cosas que no te importan. Se retiran de mi predio porque de lo contrario te mando personal policial”, según se lee en el acta policial.

Acta de constatación policial realizada a las instalaciones de Minerals Doña Julia, tras la denuncia de hurto agravado en perjuicio de la Compañía Minera Los Andes Perú Gold SAC. Foto: Prensa Huamachuco

Solo en el 2021 la minería ilegal ha dejado alrededor de 30 muertos en el ande que se suman a la larga lista de víctimas cuyas muertes siguen enterradas en la impunidad y en el olvido. Aún la Fiscalía viene investigando la muerte de cuatro mineros.