En un poco más de cinco días concluye el plazo de la ciudadanía para iniciativas populares de norma ante la Convención Constitucional que pueden ser votadas hasta el 1 de febrero.

Actualmente hay  ocho propuestas alcanzaron las 15.000 firmas, las necesarias para ser discutidas en las respectivas comisiones. Entre ellas se encuentran la que busca nacionalizar las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro 

Nacionalización de las empresas de la gran minería

"Nuestro país tiene muchas necesidades sociales que no pueden ser satisfechas con el pretexto que no existen recursos necesarios. Sin embargo, la minería del cobre, especialmente, y también la del litio y del oro, generan recursos más que suficientes para satisfacer todas esas necesidades", señalan en la propuesta.

La iniciativa fue ingresada por el Comité de Defensa y recuperación del Cobre, el cual integra a varias organizaciones, entre las que se encuentran la ONG Recuperemos el Cobre de Chile, Confederación de Trabajadores del Cobre, Coordinadora por la Renacionalización del Cobre y los Bienes Comunes, Movimiento Internacional de Trabajadores y Sindicato Nacional Interempresa de la Minería - SIM, entre otras, informó 24cl.

El documento plantea que “la situación ideal es precisamente que todas las grandes empresas mineras estén en manos del Estado, porque así vamos a recibir los recursos necesarios para resolver las necesidades sociales en nuestro país”.

En la propuesta indican como fundamento que "en 1989, Chile producía 1,6 millones de Toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado aportando cerca del 25% del Presupuesto Nacional. En el año 2020, Chile produce 5,73 millones de Toneladas, sin embargo, el cobre aporta solo el 5.9% del Presupuesto Nacional, cifras de Cochilco”.

“Esta fuerte caída de los aportes del cobre al erario nacional se debe a que hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile”, agregan.

En su extensa propuesta de articulado se puede leer que "cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país".

También buscan que en el nuevo texto constitucional se lea que el Estado tiene “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.

Banco Central autónomo

El grupo denominado Banco Central Autónomo presentó una propuesta para que el organismo en cuestión pase a ser un ente “autónomo, con patrimonio propio, de carácter técnico, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una Ley Orgánica Constitucional”.

Según indicaron, buscan que nuestro país tenga una moneda estable y alcance “estabilidad financiera” a través de un Banco Central que opere con “las herramientas de política monetaria para aportar una base para el desarrollo sostenible”.

“Sin esto se reduce el impacto del Estado y su política fiscal, lo que hace difícil lograr los objetivos de desarrollo país”, agregaron.

Con Mi Plata No, defensa de ahorros previsionales

Esta iniciativa popular bautizada como la organización creadora, Con Mi Plata No, busca que la nueva Carta Magna garantice la propiedad de los fondos previsionales actuales y futuros de los chilenos, así como también, que estos “sean heredables”.

También garantizaría la continuidad de las AFP porque busca consagrar “la libertad de elegir entre instituciones públicas y/o privadas“, mientras que al mismo tiempo, el Estado “vele porque hombres y mujeres reciban igual pensión a igual monto ahorrado”.

En esta línea, solicitaron que la Constitución garantice una pensión básica universal financiada a través de impuestos generales, resumió El Ciudadano.

Será ley, derecho al aborto

La Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile, por su parte, también logró las firmas necesarias para discutir su iniciativa popular en apoyo al aborto.

Según destacaron en la propuesta, actualmente “la existencia de la Ley 21.030 en tres causales no brinda solución integral a la cuestión del aborto, tanto en términos de magnitud como en cuanto a quién corresponde la decisión”.

Por ello, se hace urgente que el Estado reconozca y garantice a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos “en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”.

“En particular, se reconoce y promueve el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre sus cuerpos, su sexualidad y su reproducción, de manera libre, sin violencia ni coerción, debiendo el Estado garantizar el acceso a la información y los medios materiales para ello”, profundizaron.

Derecho a la vida desde la concepción, iniciativa contraria al aborto

Desde la agrupación Siempre por la Vida presentaron otra propuesta parte de las iniciativas populares en la Convención que va en contra del actual aborto en tres causales.

Según se explicó en la propuesta, quieren garantizar constitucionalmente un “respeto irrestricto al derecho a la vida, desde el momento de la concepción“.

En el caso de un embarazo no deseado, quieren que el Estado “no deje a la mujer sola” y que se le “acoja y le provea de los medios materiales y espirituales necesarios para que ese hijo nazca en un ambiente adecuado”.

CONFESIONES RELIGIOSAS QUIEREN CONTRIBUIR CON LA CC, LIBERTAD RELIGIOSA

La agrupación Confesiones Religiosas en Chile busca establecer en la nueva Carta Magna el derecho a la “libertad de conciencia y de religión” para poder desarrollar un libre ejercicio de estas prácticas y tener “libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias”.

La iniciativa popular de norma también precisar que las religiones podrán tener “templos, dependencias y lugares de culto”, que si son dañados, debe considerarse como un “atentado contra los derechos humanos“.

Derecho a la educación y deber preferente de padres, libertad de enseñanza

La agrupación Acción Educar logró que su iniciativa para consagrar el derecho a la educación y deber preferente de los padres a la libertad de enseñanza consiguiera 15 mil firmas para ser debatida en la nueva Constitución.

La iniciativa popular busca incorporar la “libertad de enseñanza y derecho preferente de los padres”, es decir, que todas las personas tengan derecho a “elegir dónde y cómo educarse, y esto no puede ser solo para quienes puedan pagar un colegio particular”.

“El Estado debe proteger este derecho permitiendo que existan alternativas distintas a las estatales y financiándolas, de forma que elegir no sea un privilegio”, agregaron.

La iniciativa también busca garantizar la calidad de la educación a través del Estado, desde donde deberán tener un sistema de reconocimiento oficial que “vele por la cobertura, calidad, equidad y diversidad de la educación”.

Iniciativa popular por una educación libre y diversa

La agrupación Educación Libre y Diversa acusó que en la actualidad es necesario mejorar la “calidad y el acceso” a la educación en Chile, por lo que se debe garantizar en nuestra Constitución la “libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos“.

Según explicaron, este derecho no fue incluido por la Convención Constitucional en el listado de derechos fundamentales durante la primera etapa de la discusión.

También precisaron que la enseñanza reconocida como oficial “no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna”.