Diversas organizaciones ambientalistas de Costa Rica desarrollan una campaña para invitar a los ciudadanos a no votar por los candidatos a diputados y a la presidencia de la República que apoyan la minería de oro a cielo abierto.
“Los intereses en activar la minería industrial nace de un grupúsculo de políticos corruptos, defensores de los intereses de poderosas empresas mineras transnacionales”, sostienen al alertar sobre propuestas de políticos que creen que con la explotación de oro resolverían de inmediato los problemas económicos de Costa Rica.
Luis Diego Marín Schumacher, de la organización Preserve Planet, rechazó propuestas de candidatos presidenciales y a la Asamblea de Legislativa, quienes dicen que existe un tipo de minería sostenible.
“No existe la minería industrial sostenible. Eso es un engaño. Costa Rica es un país muy pequeño, ubicado en la línea del trópico y esto lo hace aún más vulnerable a las catástrofes ambientales que generan esas prácticas industriales”, aseveró.
Académicos, profesionales y dirigentes de organizaciones ecologistas preparan una serie de respuestas para los políticos que prometen resolver la pobreza y los problemas financieros con el oro de Crucitas.
Candidaturas de los partidos Liberación Nacional, de José María Figueres; el evangélico Nueva República, con Fabricio Alvarado; Unidad Social Cristiana, de Lineth Saborío y Costa Rica Justa, de Rolando Araya, proponen la explotación de oro en el desaparecido proyecto Crucitas, propiedad de Infinito Gold.
El proyecto de Infinito Gold, empresa minera canadiense, fracasó después de que los tribunales de justicia en Costa Rica eliminaran los permisos tras descubrir diversas ilegalidades y por el peligro que dicha actividad representaba para mantos acuíferos y el Río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
Para Preserve Planet, “la nefasta empresa minera transnacional ya revolotea como un zopilote en los cielos costarricenses y evidentemente comienza a invertir en sobornar políticos corruptos”.
Las candidaturas políticas aseguran que con la explotación del oro de Crucitas se enfrentarían los problemas económicos y financieros de Costa Rica causados por la pandemia de la Covid-19.
Igualmente, afirman que la contaminación que se desarrolla en Crucitas no estaría ocurriendo si se aprueba un proyecto de ley para permitir la minería de oro a cielo abierto en esa zona de San Carlos, provincia de Alajuela.
Aunque las organizaciones ambientalistas reconocen que la situación en esa zona es muy evidente, “sin lugar a dudas la situación que se vive en Crucitas en la actualidad se debe resolver a la brevedad posible”.
“Desde el sector ambientalista y académico realizamos propuestas concretas de inversión pública y de reactivación económica sostenible para la zona, tanto con el gobierno central, como con la Municipalidad de San Carlos y el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, apunta Marín.
Añadió que “lamentablemente esas instituciones no le han dado seguimiento y apoyo a esas alternativas sostenibles, a la devastadora mega minería metálica. Una opción concreta y económicamente viable, es la adquisición, por parte del Estado de la finca afectada por la minería ilegal, con el fin de tener un mayor control público de la zona y establecer ahí, además de una academia policial, un centro de investigación y capacitación en desarrollo sostenible administrado por las universidades públicas, con una propuesta de financiamiento mediante la cooperación internacional en desarrollo sostenible”.
Marín lamentó que los dos últimos gobiernos no han pasado de proponer “Planes de atención integral”, que a la fecha no se han materializado en acciones concretas para solucionar la problemática de la zona.
“Desde las organizaciones ambientalistas mantenemos con firmeza nuestra oposición a reactivar la minería industrial de oro a cielo abierto”, indicó.
Agregó que “reiteramos nuestro compromiso en defensa de la naturaleza y las comunidades que dependen de ella. Apostamos por un modelo que garantice una vida digna a las generaciones que aún no han nacido y la minería a cielo abierto no es el camino.
Las organizaciones sostienen que “se debe tener en cuenta la realidad de que no existe comparación entre el impacto devastador que hubiera tenido el mega proyecto que logramos detener y la actual extracción ilegal que se presenta en el sitio”.
Acusaciones
Sobre la situación de los oreros artesanales ilegales de Nicaragua, que reclaman los políticos, dijo que “los ambientalistas no tenemos autoridad de policía, así que no estamos facultados para expulsar a los invasores”.
“Aunque se ha generado daño ambiental en Crucitas, es necesario aprender la diferencia entre la minería artesanal y la mega minería de oro a cielo abierto con lixiviación por cianuro, la cual hemos logramos detener desde hace más de 20 años”.
A ese respecto, Marín dijo que “es muy diferente lo que sucede en otras latitudes en países gigantes como Australia o Estados Unidos. Se generan impactos también, pero lógicamente se logran disimular más. Muchas de las minas gigantes están ubicadas en ecosistemas de desierto” lo que no ocurre en Crucitas.
Sobre el debate de los políticos a favor de la minería en Crucitas con motivo del proceso electoral, las organizaciones ambientalistas piden a los costarricenses recordar la campaña de todo lo que ocurrió para impedir ese proyecto, avalado por políticos y gobernantes corruptos, casos registrados en los tribunales de justicia de Costa Rica.
