ALEJANDRO ROJAS

La Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional aprobó en general una propuesta de norma que establece la "nulidad de pleno derecho de todos aquellos permisos, autorizaciones o concesiones de exploración y explotación mineras, áridos, aguas y cualesquiera otros del mismo tipo que recayeren sobre bienes naturales ubicados en territorios indígenas".

También se planteó que en los cinco primeros meses posteriores a la entrada en vigencia de la nueva Constitución, el gobierno "deberá constituir y financiar una comisión especial, plurinacional y paritaria, encargada de desarrollar e impulsar las bases de una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas, territorios indígenas históricos y espacios sagrados".

Las reacciones desde distintos gremios productivos no tardaron y uno de ellos fue el motor de la economía nacional: el minero.

En conversación con Pauta Final, de Radio PAUTA, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Diego Hernández, dijo que "no creo que haya ninguna mina que esté en un lugar que efectivamente afecte la cultura de los pueblos originarios". 

"La otra alternativa es que ahí hay que entrar a negociar y probablemente pagar un royalty, o pagar algún porcentaje para los pueblos originarios. Yo creo que eso es lo que está detrás de esa idea", sostuvo.

También señaló que "en la práctica si eso se aprueba, y si nos atenemos a la letra de lo que se aprobó, las minas tendrían que parar y eso significa que el Estado de Chile tiene compromisos con estas empresas mineras que han invertido ahí".

"Si se llegara a aplicar terminaría en juicios por indemnización a los inversionistas privados. Me parece que es algo que sería muy, muy radical y prácticamente muy difícil de aplicar. [...] La seguridad jurídica quedaría muy, muy afectada con esto", agregó.  

NINGÚN PROYECTO EN 12 MESES

Hernández advirtió que en el debate en la Convención Constitucional hay declaraciones y aprobaciones "muy extremas y que no creo que representen el sentir de la mayoría de la ciudadanía. Creo que es una mala señal porque si terminamos con una Constitución de ese estilo".

El presidente de SONAMI recalcó que "con el tema de la nueva Constitución, que se va a resolver en el segundo semestre de este año, con el tema del proyecto de ley del royalty, ahora un nuevo proyecto, una nueva ley que aumenta las patentes mineras, bueno todas estas señales han hecho que la inversión esté congelada".

"No hay ningún proyecto nuevo que haya entrado, que haya sido aprobado, yo diría, en los últimos 12 meses y probablemente ninguno va ser aprobado hasta que vuelva a aclararse todos estos temas, de manera positiva, adecuada para poder atraer nuevamente la inversión. Las señales van todas en dirección de dificultar la minería, de aumentar los impuestos y mientras esto no se aclare ningún inversionista va a arriesgarse", advirtió. 

Además, sostuvo que tras la aprobación del proyecto de royalty en la Comisión de Minería del Senado, "la tributación de la minería llegaría de dos tercios, 65%. [Y] 60 a 65% de las utilidades irían en impuesto y todo eso afecta la rentabilidad de los proyectos".

POSICIONES EXTREMAS

El líder gremial planteó que la Convención "en algún momento daba la impresión que había reaccionado a las posiciones extremas [...] y me da la impresión que ahora volvió un poco esa tendencia. Los miembros elegidos en la Convención son más extremos que los que fueron elegidos en el Parlamento y lo que dice el gobierno del Presidente electo [Gabriel] Boric en segunda vuelta". 

"Nosotros llegamos a las 15 mil firmas de una iniciativa popular de norma, donde proponemos una cierta reacción de los pocos temas que son de nivel constitucional relacionados con la minería y ahí vamos a tener la oportunidad de ir a defender estas ideas. Por lo menos para poder dejar constancia de cuál es nuestra posición en forma oficial", añadió.