En línea con los principales países del mundo y con la intención de aportar al objetivo global de descarbonización, el Congreso argentino buscará avanzar con una ley para incentivar la fabricación y utilización de autos eléctricos en el país.

El Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad es uno de los 18 proyectos que podrán ser tratados en sesiones extraordinarias, a partir del 1 de febrero del 2022.

El programa tiene como objetivo promover la utilización creciente y sostenida de vehículos por “fuentes de potencia no convencionales de producción nacional para una movilidad sustentable, tanto los existentes al momento de su sanción como aquellos que se produzcan en el futuro y, en particular, el fomento de inversiones en cuanto ello permita el desarrollo creciente y sostenido de una oferta nacional de vehículos de movilidad sustentable; así como la creación de instituciones de apoyo, a los fines de estos objetivos”.

La normativa establece la creación de la Agencia Nacional de Movilidad Sustentable, como organismo responsable de reglamentar las normas que regirán para los vehículos que se comercializarán en el mercado argentino, incluyendo los de producción nacional e importados.

Además, fija un régimen de beneficios para promover la adopción de vehículos eléctricos.

En relación a los vehículos, presenta un esquema de renovación de flota afectada al transporte de pasajeros, y vehículos de utilización de la administración pública nacional.

También, como ejes fundamentales, se plantean incentivos a las inversiones, para el incremento productivo de proyectos existentes, y a nuevos proyectos destinados a la producción de bienes de la movilidad sustentable.

Por otra parte, en lo que respecta a la producción, la normativa propone incentivos a las fábricas terminales, autopartistas, productores de baterías y cargadores, que tendrán beneficios fiscales “estáticos” cuando se instalen proyectos productivos de movilidad sustentable, y “dinámicos” en función del cumplimiento de metas acordadas (exportaciones, creación de fuentes de trabajo y desarrollo de proveedores). En el caso de la demanda, se lanzará el Bono Verde en forma de descuento directo sobre el precio del vehículo, así como equipo auxiliar (cargadores).

El Proyecto de Ley de Promoción de la Electromovilidad, que establece el 1 de enero del 2041 como fecha límite para la venta de modelos nuevos con motores nafteros o diésel (salvo excepciones autorizadas), estima crear 12.500 puestos de trabajo en las terminales automotrices, con inversiones que ronden los 5.000 millones de dólares. También aportará 8.500 puestos de trabajo en los sectores autopartistas y fabricantes de baterías, nuevos actores en la cadena de valor de la producción automotriz.

YouTube: Principales puntos del proyecto de ley de Electromovilidad