Tras aprobar la Iniciativa que suspende las concesiones mineras, energéticas y forestales en territorios indígenas, la Convención Constitucional aprobó, en general, la norma que fija la "nacionalización y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, litio y otros bienes estratégicos".

La norma contempla que el Estado, en representación de los pueblos de Chile, "tienen el dominio absoluto, exclusivo, excluyente, inalienable e imprescriptible de todos los bienes estratégicos, todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos líquidos o gaseosos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales".

Como se trata de votaciones en general, los convencionales tendrán la oportunidad de presentar indicaciones hasta el 8 de febrero, para posteriormente votar en particular cada uno de los puntos que abordan las normas. Una vez aprobadas en particular, serán incluidas en el informe que se presentará ante el pleno para que sean votadas por dos tercios.

Las mineras que operan en Chile mostraron "extrema preocupación" por la aprobación 

Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) dijo en un comunicado que la decisión no pondera el impacto que tendría una medida de esa naturaleza.

"Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger", afirmó.

"Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización, ya que las empresas afectadas recurrirán a esos tratados para defender sus legítimos intereses", agregó.

“El proceso constitucional es el mayor cambio para la minería chilena en los últimos 40 años”, dijo Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. “Me temo que involucra graves riesgos pues hay mucho ánimo refundacional y poca disposición a escuchar los argumentos técnicos del negocio minero”.

Miembros de la Convención Constitucional han señalado que las aprobaciones iniciales de las comisiones podrían sufrir ajustes, adiciones o incluso podrían suprimirse por lo que no representan el resultado que tendrá el texto final.

La industria minera ha llamado a conservar la certeza jurídica que ha distinguido al mayor productor mundial de cobre y segundo mayor de litio para evitar impactos en las cuantiosas inversiones que requiere el sector para los próximos años. 

También se aprobó por 11 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones la idea de que el Estado tiene el dominio “absoluto y exclusivo” de todos los bienes estratégicos, lo que incluye a todas las minas. Uno de los puntos más polémicos de este inciso es que se establece que las concesiones mineras “cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, la que se extenderá a los bienes de terceros de cualquier clase.

En la propuesta (ver documento anexo) indican como fundamento que "en 1989, Chile producía 1,6 millones de Toneladas de cobre y el 90% de la producción estaba en manos del Estado aportando cerca del 25% del Presupuesto Nacional. En el año 2020, Chile produce 5,73 millones de Toneladas, sin embargo, el cobre aporta solo el 5.9% del Presupuesto Nacional, cifras de Cochilco”.

“Esta fuerte caída de los aportes del cobre al erario nacional se debe a que hoy más del 70% de la producción de cobre ha vuelto a estar en manos de mineras extranjeras, que por lo general han evadido de tributar en Chile”, agregan.

En su extensa propuesta de articulado se puede leer que "cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de bienes naturales, bienes públicos, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país".

También buscan que en el nuevo texto constitucional se lea que el Estado tiene “el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas”.

Es importante señalar que la iniciativa popular de norma es un mecanismo de participación popular mediante el cual una persona o agrupación puede presentar a la Convención una propuesta de texto para ser incorporado en la nueva Constitución. Y para que las iniciativas pasen a ser deliberadas en el órgano deberán tener al menos 15 mil firmas que provengan de cuatro regiones diferentes. Cada persona puede patrocinar un máximo de siete iniciativas.

Las deliberaciones sobre una carta que reemplace la que data de la dictadura de Augusto Pinochet han comenzado en serio. La semana pasada, el mismo comité dio la aprobación inicial a una propuesta para anular las operaciones que atentan contra las tierras indígenas. Otras propuestas incluyen establecer límites de tiempo para las concesiones, con la industria presionando para mantener el modelo indefinido, argumentando que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.

EL RECHAZO DE APRIMIN

A propósito de la aprobación de la nacionalización de la minería por la Comisión de Medio ambiente y modelo económico, para analizar esta grave decisión considero necesario situarse en el contexto histórico, siempre determinante para comentar la toma de decisiones soberanas por los Estados.

Antes de los años 70, existía la gran minería chilena del cobre exclusivamente de capitales extranjeros. En esa época había en el comercio mundial condiciones muy desfavorables para los países exportadores de recursos naturales y muy favorable para los países industrializados, fenómeno que se llamó “Deterioro de los Términos del Intercambio”.

Los países dominantes imponían sus normas y decisiones en forma casi unilateral. Un ejemplo ocurrió con el cobre chileno, en que sus inversionistas, las mineras norteamericanas, dominaban los mercados, con exportaciones a precios menores y otras transferencias, para apoyar el financiamiento de las guerras de Vietnam y Corea y la civilización occidental en el contexto de la Guerra Fría, sin referencia a las Bolsas, menores fiscalizaciones, sin auditorías internacionales, sin que existiera Cochilco, con los Servicios de Aduana y de Impuestos Internos sin capacidad real.

Esta realidad justificó la decisión unánime parlamentaria de nacionalizar el cobre en 1971. Sin duda esta decisión fue, en ese contexto, muy beneficiosa para el país, lo que posteriormente desembocó en la formación de CODELCO en 1976, que reunió en esa naciente empresa estatal a los yacimientos nacionalizados, hasta el día de hoy, actualmente con una explotación mayor aun, dada la puesta en marcha en estos últimos 30 años de otros yacimientos de reposición y ampliación. La nacionalización fue concebida en esos tiempos como la “Independencia económica de Chile”, aportando hasta ahora importantes ingresos para el país.

Sin embargo, la realidad de hoy en un Mundo Global es muy distinta: seguimos necesitando nuevas tecnologías y capitales extranjeros por miles de millones de dólares que Chile no tiene ni en lo público ni en lo privado. Pero además, hoy existen normas de la OMC; auditorías internacionales que dan transparencia a los resultados de las compañías y a su base tributable tanto para sus accionistas minoritarios, como para el Fisco de Chile; transacciones en Bolsas transparentes, Servicio de Impuestos Internos con mejor capacidad fiscalizadora y con convenios de apoyo recíproco con otros servicios en los países de destino de nuestras exportaciones; un Servicio de Aduanas con aforos físicos a las exportaciones, precios de transferencia; Cochilco que revisa el 100% de los documentos de exportación, todo lo cual construye una realidad distinta a aquella de hace 50 años Pensar en una nacionalización en estos tiempos es un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores.

El Mundo hoy es Global, no por decisiones políticas, sino por la fuerza de las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, lo que hace esta realidad irreversible; los países que se refugian en proteccionismos o nacionalizaciones propias de otros tiempos, están seriamente afectados en su desarrollo y condenados al aumento de la pobreza al no acceder a las confianzas que exigen los mercados internacionales, con escasas posibilidades de aprovechar la demanda de casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las causas de esta positiva consecuencia.

El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero virtuoso. En efecto, que exista Codelco estatal, asegura que sus excedentes aporten al sentimiento de los chilenos de que las minas que nos pertenecen nos reportan beneficios directos, fortalece geopolíticamente el norte del país, permite que Chile actúe soberanamente en los mercados mundiales de los minerales y los conozca directamente.

Que exista la gran minería privada nacional y extranjera nos aporta tecnologías nuevas, grandes inversiones, prestigio en los mercados comerciales y financieros como país serio que respeta sus compromisos, lo que ha traído otras inversiones en distintos sectores de la economía. La minería chilena ha sido la actividad traccionante de las inversiones privadas en Chile en obras públicas, energía, comercio, la banca, los servicios, entre otros sectores, lo que ha permitido reducir la pobreza en términos históricos. Confiamos en que esta situación seguirá ocurriendo, para aprovechar las enormes oportunidades que nos entregan los mercados futuros por la electro-movilidad, las energías limpias y los usos sanitarios del cobre; además de la promesa de gran actividad que se espera para la producción de hidrógeno verde. Es entonces responsabilidad de todos entender que el desarrollo del país, para más inclusión, diversidad y equidad social, como justos desafíos, requiere mantener la certeza jurídica para la competitividad del país para atraer inversiones, único medio de obtener los mayores recursos que el Estado necesita para la Agenda Social.

El tercer eje de este exitoso modelo minero chileno es la pequeña minería, que aporta legitimidad a la gran y mediana minería, aportando más empleos por unidad de inversión, mayor empleo regional y local, fortaleza geopolítica en zonas del interior, desconcentración urbana y movilidad social y económica.

Así como estos tiempos nos exigen nuevos desafíos, como la producción limpia, el avance hacia una minería verde de responsabilidad principal de los proveedores mineros, mayor cercanía a las comunidades, reciclaje, ahorro de energía y agua, inversiones en extracción y desalación de agua de mar, también los mercados nos ofrecen enormes oportunidades para producir los minerales que Chile tiene, indispensables para contribuir con la detención del calentamiento global. En efecto, la minería está en camino a ser una minería verde, pero no solo por producir sin daño ambiental sus minerales, sino porque esos minerales son la solución para un planeta más limpio.

Los chilenos tenemos la posibilidad de transformar nuestra minería en grandes oportunidades adecuadas a los tiempos modernos, aportando lo que tenemos: recursos naturales en abundancia e infraestructura profesional, técnica, de proveedores e industrial de excelencia, pero también atrayendo lo que nos falta: los capitales y los mercados globales para el crecimiento sustentable, económico, social y ambiental.  Esto es lo que no podemos arriesgar con nacionalizaciones propias de otros tiempos.