ANTONIO ROSSI
A partir de febrero, el GNL – el gas natural licuado que se importa por barco—va camino a tener un creciente protagonismo en el escenario energético por un doble motivo económico y judicial.
Por el lado económico, las miradas comenzarán a focalizarse en los mayores volúmenes y los precios más elevados que deberá pagar el Gobierno por las importaciones de GNL destinadas a abastecer casi el 10% de la demanda doméstica prevista para este año.
Pese al incremento de la actividad de Vaca Muerta, la producción interna de gas sigue siendo deficitaria a la hora de atender el consumo local. Este año, el país requerirá de una mayor provisión externa de GNL para mantener funcionando a full a las centrales de generación térmica que tendrán un rol clave en el abastecimiento eléctrico.
Dos grandes factores juegan este año en contra al Gobierno. El primero es la prolongación de los reducidos aportes de las usinas hidroeléctricas de Yacyretá, Salto Grande y las ubicadas en la región del Comahue debido a la sequía, la falta de lluvias y el bajo caudal de los ríos que alimentan esas centrales.
En segundo lugar, se encuentran los incumplimientos que arrastra Bolivia en las entregas de gas que estaban pactadas. Según la última agenda vigente, debía suministrar un promedio diario de 10,7 millones de cúbicos (MMCD) en verano y 16 MMCD en invierno. En 2021, los volúmenes recibidos estuvieron por debajo de esas marcas y no pasaron de un promedio mensual de 8 MMCD. Actualmente, las negociaciones que tiene en curso la estatal IEASA apuntan que la YPF boliviana garantice al menos una provisión de 7 MMCD hasta mayo y 14 MMCD en el invierno.
Para cubrir la reducción de los envíos del Altiplano, las autoridades energéticas tomaron dos medidas vinculadas con el GNL. Por un lado, adelantaron el retorno del barco regasificador de Bahía Blanca que estaba previsto para el 1 de junio al 18 de mayo. Las importaciones de gas por barco se iniciaron en 2008 con una terminal móvil en el sur de la provincia de Buenos Aires a la cual se agregó en 2011 otra similar en Escobar. La planta bahiense había dejado de operar en 2018, pero fue rehabilitada de urgencia el invierno pasado para atender el mayor consumo interno de gas.
Y, por otro lado, programaron salir a comprar en las próximas semanas entre un 20% y 25% más de GNL que el año pasado. El gran problema que enfrentan los funcionarios es que el precio que deberán pagar será, como mínimo, tres veces más caro que el promedio de 8 dólares por millón de BTU que abonaron por las importaciones de 2021.
El actual escenario internacional de precios en alza promete tener una larga duración por las mayores demandas que se registran desde China y los países asiáticos y las nuevas compras que se esperan de Alemania y las naciones del norte de Europa ante el agravamiento del conflicto por Ucrania que podría afectar el suministro de gas proveniente de Rusia.
El gran problema que deberán resolver las autoridades de IEASA—que tienen a su cargo las importaciones de GNL—será la obtención en tiempo y forma de los dólares del Banco Central para hacer frente a los pagos previos de los cargamentos que arriben a Bahía Blanca y Escobar. En la temporada invernal, las sumas requeridas rondarán los u$s1.000 millones mensuales y cualquier atraso en la entrada de los barcos a las plantas regasificadoras implicará un sobrecosto no inferior a los u$s60.000 diarios.
En tanto, por el lado de los tribunales la que promete estar sobre el tapete y generar bastante ruido es la denominada "causa GNL". Con la finalización de la feria y el reinicio de las actividades judiciales, el próximo martes llegarían varias novedades que tendrían fuerte impacto en la causa por los supuestos y millonarios sobreprecios que se habrían registrado en las compras de GNL durante los gobiernos de Cristina Kirchner.
Iniciada tras una denuncia efectuada en 2014 por los ex legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich; la causa GNL fue llevada adelante por el fallecido juez federal, Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli, quienes alegando el argumento de "conexidad" utilizaron la misma para quedarse con el resonado caso de los "cuadernos de las coimas".
Un peritaje oficial conocido en los últimos días de diciembre y que comenzará a tallar en la causa a partir de febrero determinó que "los valores abonados por la ex ENARSA en las compras de GNL efectuadas entre 2008 y 2012 no tuvieron sobreprecios y ningún embarque superó los precios existentes en el mercado spot internacional".
Esta pericia (realizada por un panel de expertos de primer nivel entre los cuales se encuentran los especialistas en temas energéticos y gasíferos como Raúl Bertero –actual vicedecano de Ingeniería de la UBA—y el consultor Vicente Serra) se suma a otras dos anteriores que ya habían concluido que no hubo sobreprecios en las importaciones del período 2013-2015, ni en los costos de agenciamiento marítimo de los barcos que trajeron los cargamentos de distintos proveedores internacionales.
Con los resultados de la última pericia, se estima que la causa que está en manos del juez federal, Julián Ercolini, podría tener los días contados ya que no queda en pie ningún elemento o prueba para sostener la acusación inicial de sobreprecios de casi u$s7.000 millones en las importaciones de GNL que Bonadío y Stornelli atribuyeron a la ex presidenta y a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido y Roberto Baratta.
Para justificar las acusaciones y procesamientos, Bonadío y Stornelli se basaron en una polémica pericia confeccionada por David Cohen, quien ahora debe enfrentar un juicio oral por falso testimonio agravado.
Según la investigación del juez federal, Sebastián Ramos que derivó en la elevación a juicio oral, Cohen utilizó "datos falsos y hasta citas sacadas de la página web Rincón del Vago" para presentar un "informe pericial falaz con contenido espurio en sus considerandos y conclusiones, no cumpliendo con el rol legal que le fuera atribuido y por el que debía velar a sabiendas de sus falsedades".
