El acuerdo con el FMI obtuvo media sanción en Diputados y va camino al Senado pero la suba de tarifas sigue siendo un tema de debate.
Durante su visita en Houston, el ministro de Economía, Martín Guzmán, admitió que, frente al aumento del precio de la energía en todo el mundo a raíz de la guerra Rusia-Ucrania, podría verse afectada la reducción de subsidios en las tarifas que el Gobierno se comprometió a realizar en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Argentina se comprometió a reducir los subsidios a la energía en un 0,6% del PBI. El Gobierno detalló que su prioridad será buscar niveles "razonables y susceptibles" en las facturas de luz y gas, que se aplicarán con "criterios de justicia y equidad distributiva".
Se llevará adelante una segmentación en la cual el 10% de la población de mayores ingresos dejará de recibir subsidios y el ajuste tarifario para los usuarios residenciales tendrá como criterio objetivo el coeficiente de variación salarial (CVS) como lo establecía la Ley N° 27.443, que fue vetada durante la gestión de Mauricio Macri.
En el caso de la electricidad, luego de la audiencia pública celebrada el 17 de febrero -en la que se debatió el valor del precio de generación y transporte de la energía eléctrica- el Gobierno nacional autorizó un incremento del 34% en el costo de generación, que redundará en un aumento del 22% en las tarifas de los usuarios del AMBA, según indicó Darios Martínez.
En cuanto al gas, se realizaron 2 audiencias públicas: la primera, celebrada el 19 de enero último, fue convocada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para debatir el aumento en el segmento de transporte y distribución. Allí las empresas reclamaron aumentos de entre el 70% y el 120%, lo que en las tarifas se traduciría en un incremento del 30%.
En la segunda, que ocurrió el 31 de enero último, la Secretaría de Energía de la Nación evaluó el precio mayorista del gas natural, y estimó que para mantener las partidas de subsidios contempladas en el Presupuesto 2022 ($ 216 mil millones) las tarifas finales deberían aumentar entre un 34% y un 49%.
No obstante, el 23 de febrero último el Gobierno autorizó un incremento en las tarifas, que impactará en una suba del 20% para los usuarios de todo el país, según dijo Martínez. De este modo, si no se aplica una segmentación tarifaria, habría un aumento de los subsidios, de acuerdo con los cálculos de la propia Secretaría de Energía,informó Chequeado.
SUBSIDIOS Y TARIFA SOCIAL
Según estimaciones recientes del ENARGAS, la cantidad de beneficiarios de tarifa social del servicio de gas se recuperó un 3% en 2021 respecto a 2020 y quebró una fuerte tendencia descendente iniciada en 2017
No obstante, la mejora registrada en 2021 no alcanzó para recuperar la reducción del 37,3% acumulada a lo largo de últimos tres años, en especial por las mermas verificadas en 2017, 2018 y 2019.
El reporte indicó que los usuarios con tarifa social cerraron 2021 con un total de 1.077.882 beneficiarios, un 3% por encima de año previo.
Así desde 2017, año que el estudio toma como referencia como punto de partida de la disminución de beneficiarios, se pasó de 1.720.466 usuarios con tarifa social, a 1.480.222 en 2018 con una reducción del 14%; y a 1.128.638 en 2019 con un acumulado de caída del 24%.
En una crítica a la gestión en el sector durante la presidencia de Mauricio Macri, Enargas indicó que en los últimos dos años del Gobierno de Cambiemos se registró "una pérdida de más de 350.000 beneficiarios, la más intensa de toda la serie, producto de las medidas dispuestas por la ex Secretaría de Gobierno de Energía".
En 2020, ya en la presidencia de Alberto Fernández, "si bien la tendencia sigue siendo negativa, la misma pierde intensidad y se observa una variación interanual del 7%", en tanto en 2021 "el comportamiento se revierte, incrementándose en un 3% la cantidad de beneficiarios del registro, alcanzando un total de 1.077.882", señaló el informe.
Los datos suministrados por Enargas cobran importancia en relación con el acuerdo de ajustes de tarifas del sector energético sellado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el que se dispuso que los aumentos para los beneficiarios de TS no podrán exceder el 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior.
Enargas precisó también que "entre 2017 y 2021 los usuarios residenciales registraron un crecimiento promedio del 1%, que se encuentra por debajo de la tendencia normal de la tasa de crecimiento vegetativo en la cantidad de usuarios", del 2% al 3% anual.
CÓMO SE GESTÓ LA SEGMENTACIÓN
Según la cronología de Chequeado, el proceso de segmentación tarifaria se inició el 16 de diciembre de 2020 a partir de la publicación del Decreto 1020/20.
El 6 de mayo de 2021, el ENRE y el Conicet firmaron un convenio de colaboración para identificar a aquellos usuarios que podrían pagar la tarifa con quita de subsidios. En tanto, el 13 de diciembre último, el secretario Martínez aseguró que para entonces ya habían relevado “el 80% de una gran base de datos de más de 16 millones de usuarios, compatibilizando la forma de cargar las direcciones y los DNI”.
En el caso de la electricidad, para realizar esa tarea el ENRE informó que accedió a bases de datos e intercambió información con diferentes organismos públicos. Pero aseguró que no pudo realizar una segmentación completa debido a “la baja calidad de las bases de usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica y la dificultad logística y técnica en el cruce de datos entre distintos organismos públicos”.
Frente a esto, el organismo le propuso al Ministerio de Economía un “plan de incorporación al programa en varias etapas sucesivas”, que en principio se aplicaría en el AMBA, en zonas en las que los inmuebles “presentan un mayor valor inmobiliario relativo”.
Según el organismo, estas zonas se detectaron “a partir de la aplicación de métodos de estadística espacial, lo que permite inferir, con un reducido margen de error, que las personas usuarias que residen en estas áreas cuentan con ingresos y patrimonios relativamente elevados en relación con el conjunto de la población del AMBA”.
De acuerdo con los datos oficiales, la primera etapa alcanzaría a 487 mil usuarios, el 10% de la población del área. También se excluiría de los subsidios a grandes usuarios de algunas actividades tales como el sector financiero, el transporte ferroviario, las autopistas, las embajadas y las salas de juegos de azar.
Entre los usuarios residenciales, más de tres cuartos se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Puerto Madero y en los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, y algunos sectores de Colegiales, Villa Urquiza, Retiro, Saavedra, Caballito y Villa Devoto.
En el Gran Buenos Aires, en tanto, se puso la lupa sobre la zona denominada “el bajo”, que se ubica en los partidos de Vicente López y San Isidro. También a 48 mil personas que viven en los 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que se extienden a lo largo del área.
En el caso del gas, aún no se conoció la propuesta del Enargas. Chequeado consultó al interventor del organismo, Federico Bernal, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuestas.
Para ambos servicios, Martínez señaló: “ENRE, Conicet y ENARGAS acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento que junto al equipo del Ministerio de Economía tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el Gobierno tome la decisión”.
