ANAHÍ ABELEDO

Como parte ya constitutiva de la vida nacional y factor determinante a tener en cuenta para los emprendimientos económicos, las conflictos sociales en Perú tienen su lugar institucional. La conflictividad creció exponencialmente este año respecto a 2021, conspira para desacelerar el crecimiento económico y puede restarle un 2 % al PBI, mientras no se avizora una estrategia oficial para facilitar la paz social. Observadores dudan si se trata de incapacidad para resolver los problemas o si hay alguna intencionalidad política en dejarlos avanzar. 

La cantidad de conflictos crecen, sin embargo, y a pesar de tener funcionarios especialmente designados para atenderlos, no parece existir algún plan o estrategia oficial para su resolución. Los acuerdos a los que llegan las partes no son monitoreados a la hora de su cumplimiento y tanto los reclamantes como los sectores interpelados no tienen un canal para viabilizar soluciones. 

El FMI considera como gran riesgo para la economía del Perú el corte en las cadenas de suministro

Los conflictos afectan las actividades económicas más prósperas del Perú (participa con un 9,3% del PBI, 2021) y distintos informes indican que el crecimiento económico del país, así como su PBI serían mayores si este problema estuviera mejor encaminado. En zonas de conflicto, la inversión minera llegó a caer un 40% en el último año. 

Las proyecciones económicas previstas por el FMI para el Perú y también por el propio Banco Central afirman que el crecimiento no superaría el 3% anual debido a la incertidumbre internacional pero también a la interna sumada al retiro de la política de fomento a la actividad minera. Entre los riesgos detectados por el FMI se destaca el corte de las cadenas de suministro debido a los conflictos. 

La incertidumbre local,  costaría hasta dos puntos de crecimiento del PBI. El deterioro institucional y las designaciones cuestionadas de funcionarios públicos frenan el desarrollo de los grandes proyectos y la inversión privada, advierte el Instituto Peruano de Economía.

La Defensoría del Pueblo de Perú define el conflicto social según su motivación en estas categorías:  socioambiental; comunal; laboral; demarcación territorial; por asuntos de gobierno nacional, local o regional; o por otros asuntos. En el país, en febrero hubo 203 conflictos sociales:157 activos y 46 latentes, cinco más que el año anterior. A julio de 2021, habían sumado 193 en total, en dos meses de 2022 se superó esa cifra. 

Los sectores económicos afectados son, en este orden: minería; hidrocarburos; residuos y saneamiento; energía; agroindustrial; forestales u otros. Aproximadamente, un 65% de los conflictos se relacionan con la actividad minera. 

Como ejemplo, la mexicana Southern -protagonista de uno de los mayores conflictos recientes- prevé que Perú dejaría de recibir más de 6,2 millones de soles diarios por Impuesto a la Renta ante la paralización de Cuajone. 

¿INCAPACIDAD O ESTRATEGIA? OPINIONES
Los analistas señalan la falta de formación especializada de los que deben llevar adelante la tarea de gestionar la resolución de los conflictos. Los cargos recaen en activistas políticos con poca o nula formación para ellos, como Marco Sipán como responsable del Área de Gestión de Conflictos Sociales del Ministerio de Energía y Minas, o Gloria Geldres, recientemente nombrada como como jefa de Gestión Social del mismo ministerio, resaltando más su vocación artística que sus conocimientos para el puesto.

Distintos observadores de la oposición ven no solamente incapacidad sino desinterés por abordar el problema, por lo que la conflictividad escala, sobre todo en el corredor minero.

Escribe Richard Arce, político opositor, en Perú 21, que "Los conflictos sociales están embalsados, con problemas como los del corredor minero que cada semana se complejiza al extremo que los bloqueos de la carretera han sido una constante durante los últimos 6 meses de gobierno". Arce no ve visos de solución "y menos una estrategia clara del gobierno para abordarlos, gestionarlos y, sobre todo, viabilizar la paz social que se requiere para el desarrollo de los principales proyectos mineros, que son el sustento de la economía del país".

Se pregunta  si "este aliento al conflicto no será parte de una estrategia para generar un ambiente de caos y crisis en el sector minero y parte de la estrategia comunista de agudizar contradicciones", por aquello de "cuanto peor, mejor".

Para Jaime Polar Paredes, experto en minería,  “Estamos en un escenario en el que grupos sociales condicionan a un Estado a cumplir sus propias reglas y normativas bajo la amenaza de bloquear carreteras o atentar contra la propiedad privada”.

El especialista considera que la inestabilidad alrededor de las minas perjudica especialmente a las comunidades del entorno "Y es que el desarrollo productivo de la empresa minera conlleva al desarrollo de actividades múltiples en los que interactúan los comercios locales y emprendedores de la zona". En un artículo en El Comercio, Polar Paredes escribe que habría que abordar el tema "con liderazgo y profesionalismo, sin permitir que se vulnere el estado de derecho y la institucionalidad en el país. Resulta preocupante que en los últimos dos meses no se haya resuelto conflicto social alguno"

El gobierno de Castillo anunció que se trataría el problema desde la prevención. Mininter promueve prevención de conflictos sociales en el sur del país mediante talleres de capacitación dirigidos a comisarios, prefectos y subprefectos  para prepararlos a fin de evitar los conflictos, el objetivo es que puedan ayudar a la población a canalizar sus reclamos., la iniciativa es reciente y aún no se pueden ver resultados. 

Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y de gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo explicaba a Convoca Perú, al finalizar 2021 que la mayor ocurrencia de los conflictos reportados en el Perú se debe principalmente a la inestabilidad política, a las expectativas sociales, a las nuevas y más profundas necesidades de la población derivadas de la pandemia del Covid-19 y al incumplimiento de los compromisos.

“En los últimos 17 años hubo esfuerzos de diálogo que han dado sus frutos y se ha llegado a acuerdos que figuran en actas. La mejor respuesta de proteger esos acuerdos es cumplirlos”, resaltaba.

Una investigación de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos sociales y cumplimiento de acuerdos procesó y analizó los compromisos que constan en actas de 29 procesos de diálogos, entre 2012 y 2019. Una de las principales carencias que evidenció este estudio es que, en más de la mitad de los procesos de diálogo analizados, no se precisó un plazo para su realización. “Esto es preocupante porque no hay manera de exigir el cumplimiento de un acuerdo si no queda establecido un plazo”, advierte Luque.

Entre los impactos del incumplimiento de los acuerdos revelados por la investigación de la Defensoría figuran que se mantiene la situación percibida por la población como riesgosa o perjudicial, le resta legitimidad y valor al diálogo, es una de las causas del retorno del conflicto y, eventualmente, de la violencia, e incrementa la desconfianza en el Estado. Los incumplimientos también le restan legitimidad y valor al diálogo. Los incumplimiento son, además, una de las causas del retorno del conflicto y, eventualmente, de la violencia. También incrementan la desconfianza en el Estado.

Hay déficit en la formulación de los compromisos y el establecimiento de los plazos. Desde el 2011, esta secretaría ha registrado 4,914 compromisos derivados de espacios de diálogo, en promedio 446 cada año. Solo en este 2021 reportó 270. “El 50% de los compromisos han sido cerrados. De los compromisos abiertos, 13% tienen que ver con proyectos de inversión pública y 87% con gestión intersectorial”, detalló. 

Al hacer un análisis, publicado en Pata Amarilla, Víctor Caballero Martin, sociólogo, consultor e investigador de conflictos sociales aseguró que "se esperaba que el gobierno de Castillo y de Perú Libre lograría desarrollar una mejor relación con las organizaciones sociales y pueblos en conflictos. Había condiciones para ello: el apoyo a Pedro Castillo había sido abrumador precisamente en las zonas de conflictos". El especialista observó que sin embargo se continuó con la misma lógica "instalación de mesa de diálogo – firma de actas de compromiso que solo les permitía ganar unos días de paz o una tregua al gobierno, como lo afirmaban las poblaciones y organizaciones movilizadas".

¿Por qué entonces seguir con esa lógica de organizar grupos de trabajo, constituir mesas de diálogo, firmar actas? ¿Por qué continuar con esa lógica de esperar que el conflicto estalle para luego firmar actas? “Hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes» ha sido definido como una especie de locura por Albert Einstein. Bueno, algo así nos está pasando. La reiteración en el error es lo que estamos viendo en estos cien días de gestión del presidente Castillo.

No se ven visos de solución ni una estrategia del gobierno para facilitar la paz social

LA GOBERNANZA DEL CONFLICTO SEGÚN LA CEPAL
De acuerdo al Estudio Comparativo de la Gobernanza del Conflicto Social asociado a la minería del Cobre en Chile, Ecuador y Perú de la CEPAL.

En el Perú, luego de las reformas liberales de la década de 1990, a partir del inicio del nuevo milenio, en un contexto de disputa por la renta minera liderada por los gobiernos sub-nacionales y de manifestaciones sociales recurrentes, se producen reformas al régimen fiscal minero mediante la creación de la regalía minera y el incremento del canon minero. 

La caída de los precios del cobre desde el 2014, que coincide con la entrada en producción de varias minas, principalmente de cobre, y más tarde con la crisis política nacional por la que recorre el Perú desde la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018, "crean el escenario propicio para avivar los conflictos en varios territorios mineros. Las elecciones presidenciales de junio de 2021 vuelven a polarizar a las élites políticas." 

El proceso electoral genera incertidumbre y expectativa en el sector minero. El presidente electo Pedro Castillo ganó ampliamente en las regiones andinas y del sur del país donde se concentra la mayor actividad minera del Perú. 

Entre sus principales propuestas de campaña estuvo el aumento de la participación del Estado en las rentas mineras y una distribución de esta más efectiva en las regiones, la multiplicación de los conflictos se relaciona con estas expectativas.

CÓMO AFECTA AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El FMI dijo que después de registrar un crecimiento del PBI del 13,3% el año pasado, se espera que la economía de Perú se expanda un 3% en 2022 a medida que se endurecen las condiciones externas y se retira la política de estímulo en el país minero.

El indicador se redujo en 17 de estas 25 jurisdicciones del país. Zonas sur y oriente fueron las más afectadas, con niveles por debajo de la prepandemia.

Si bien en 2021 la economía nacional superó ligeramente sus niveles prepandemia, dos tercios de las regiones aún presentan un PBI per cápita por debajo del 2019. El enfriamiento de la economía hacia finales del año se explica principalmente por la caída de los sectores minería y construcción. A inicios del 2022, la menor ejecución de la inversión pública estaría contrarrestando el impulso que ofrece la reanudación de actividades vinculadas al consumo.

Los principales riesgos se relacionan con la pandemia, un fuerte endurecimiento de las condiciones financieras globales, interrupciones extendidas de la cadena de suministro global, tensiones geopolíticas y una abrupta desaceleración de la economía de China, su mayor socio comercial, según el informe.

Tras destacar el repunte de Perú luego de su peor recesión en décadas, el FMI dijo que la continua incertidumbre política en el gobierno del presidente izquierdista Pedro Castillo podría sin embargo tener “efectos adversos” en la inversión privada.

Este 2022 el Banco Central de Reserva (BCR) prevé que el Perú crecerá 3,4%, luego de haber anotado una tasa de crecimiento de 13,3% al cierre del 2021 por la actividad recuperada respecto a 2020, paralizada por la pandemia de COVID. “Para el próximo año, dado que el proyecto Quellaveco finaliza, y no hay nuevos proyectos, esperamos que la inversión minera caiga 15%”, dijo Julio Velarde, presidente del BCR.

Velarde, añadió que aunque hay un mayor riesgo de incertidumbre por factores internacionales y locales, el Perú estaría en un escenario en el que incluso podría crecer mucho más.

“El consumo se mantiene no boyante, pero fuerte. La inversión privada sí esperamos que crezca 0% y 2% el próximo año”, apuntó Velarde durante la presentación del reporte de inflación de marzo. Según indicó, habría un crecimiento marginal en la inversión minera de 0,1% y una ligera caída en la inversión no minera (-0,8%)

Ante la ausencia de nuevos proyectos y la culminación del proyecto Quellaveco este 2022, para el 2023 el BCR pronostica que la inversión minera retrocederá 15% y la no minera crecerá 4,1%.

“El escenario está pintado para crecer más. Hemos recuperado niveles como un déficit bastante bajo frente al resto de la región; nos estamos distinguiendo por una deuda más baja frente al resto de la región; pero si el resto de la gente tiene un panorama más claro podría ser más clara la inversión”, explicó Velarde al diaro El Comercio, en referencia al panorama actual a nivel interno que también afecta el desempeño de sectores clave como el minero.

Es el caso del desempeño del PBI para este mes de marzo del 2022, que podría verse impactado por los bloqueos y la paralización en la mina Cuajone de Southern Perú, Velarde estimó que 0,7% del PBI mensual de Perú se mueve por Cuajone.

Sin embargo, los vientos aún favorables que ofrece el entorno internacional no estarían siendo aprovechados como en episodios previos para gatillar un nuevo ciclo de inversiones que permita al Perú alcanzar altas tasas de crecimiento.

Es usual que, ante un contexto internacional como el actual, las expectativas sobre el rumbo de la economía peruana sean optimistas. No obstante, desde abril de 2021 la confianza empresarial -medida como las expectativas de la economía a tres meses- se ubica en el tramo pesimista, y ha registrado persistentemente niveles por debajo de los alcanzados por otros países de la región como Chile y México.

Esta menor confianza, explicada principalmente por factores asociados a la incertidumbre local, le estaría costando al país entre 6 y 8 puntos porcentuales de crecimiento de la inversión privada este 2022. Con ello, el país estaría perdiendo la oportunidad de que su economía crezca hasta dos puntos porcentuales más este año.

Las Bambas, otro corredor sin salida por el extenso conflicto 

Para Gianfranco Castagnola, presidente ejecutivo de Apoyo Consultoría, los temores que frenan las intenciones de invertir del sector privado están actualmente vinculados a las constantes designaciones de funcionarios poco idóneos para asumir cargos dentro de la gestión pública. Ante el previsible deterioro en la calidad de las instituciones del Estado, Castagnola afirma que es poco probable que algún proyecto de clase mundial pueda iniciar su ejecución en los próximos años.

De acuerdo con Alex Müller, economista jefe de Bank of America para la Región Andina, Centroamérica y El Caribe, la economía peruana tendrá que enfrentar un entorno global más incierto debido las repercusiones que está generando el conflicto entre Rusia y Ucrania sobre la actividad económica mundial.

Según Müller, los sólidos fundamentos macroeconómicos serán claves para ese propósito, pero las perspectivas podrían ser mejores si es que se revierte la depresión registrada por la confianza empresarial.

En esa línea, Kelli Bissett-Tom, directora de Calificaciones Soberanas de las Américas de Fitch Ratings, indica que sin un compromiso para fortalecer las instituciones políticas, es difícil que las expectativas de inversión superen la incertidumbre política, lo que a su vez limita las perspectivas económicas.

Bisset-Tom añade que el debilitamiento de la gobernabilidad política en sí mismo o la reducción del crecimiento económico ya moderado, podrían fomentar una presión negativa sobre la actual calificación de riesgo soberano del Perú. Según la especialista, la tendencia del entorno político claramente no contribuye y, eventualmente, podría afectar la economía.

Según estimaciones del IPE, con los altos precios de los minerales, la recuperación de la demanda de socios comerciales y otros factores externos favorables, las expectativas empresariales han debido situarse hasta 15 puntos por encima de lo observado en la segunda mitad del 2021.

Otro factor que podría limitar la recuperación regional es la desaceleración de la inversión privada en sectores con altos encadenamientos productivos como la minería, recientemente afectada por la mayor conflictividad social. 

En ese sentido, la reactivación regional requiere de medidas que reviertan la menor ejecución de obras públicas, reduzcan la conflictividad que viene afectando a la producción e inversión minera, y generen un clima propicio para la inversión privada. Solo así las regiones podrán recuperar el terreno perdido como consecuencia de la pandemia.

La desaceleración de la inversión privada es mayor en zonas de conflicto y afectará el crecimiento

CUAJONE Y OTROS CONFLICTOS 
Desde el 28 de febrero se encuentran paralizadas las operaciones de la mina de Cuajone operada por Southern Perú y ubicada en la región de Moquegua -al sur del país-. Esto ante una protesta convocada por la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala , del distrito de Torata, contra la compañía de capitales mexicanos desde el 10 de febrero, y el bloqueo de la vía férrea que utiliza la empresa para transportar los minerales .

Los conflictos en zonas mineras se han vuelto una constante en el Perú en los últimos meses, con Las Bambas también como epicentro de nuevos bloqueos que amenazan en paralizar la operatividad de uno de los productores de cobre más importantes a nivel global.

La mina de Cuajone representa el 7% de la producción. Han pasado 21 días desde que se suspendieron sus ope­ra­cio­nes por el blo­queo a manos de comu­ni­da­des cam­pe­si­nas que sufre la vía de acceso a esa uni­dad, así como el cie­rre del ducto que pro­vee de agua a su cam­pa­mento minero y sirve para sus ope­ra­cio­nes.

En vista de que el diá­logo que intentó lle­var a cabo este fin de semana el gobierno con los comu­ne­ros no pros­peró, pese a que ini­cial­mente se habían puesto de acuerdo en siete pun­tos, aque­llos con­ti­núan con su medida de fuerza, sin visos de nue­vos diá­lo­gos o acuer­dos entre las par­tes invo­lu­cra­das.

Ante este esce­na­rio, Raúl Jacob, había adver­tido en la vís­pera que la com­pa­ñía ten­dría que reti­rar parte de la pobla­ción que vive en Cua­jone, pues no sería sos­te­ni­ble tener gran can­ti­dad de per­so­nas sin agua, y que luego se toma­rían otras medi­das “que no se quie­ren tomar”.

Las comunidades involucradas en la protesta vigente han aducido a la usurpación de terrenos en la zona para llevar a cabo dichos bloqueos, y además de la devolución de territorio exigen compensaciones económicas permanentes. 

En conversación con Bloomberg Línea, el CEO de Southern Perú y actual presidente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE), Raúl Jacob, dice que el bloqueo inició cuando la minera tomó la decisión de reemplazar una tubería de agua cerca a donde estas comunidades conviven. De acuerdo al ejecutivo, la tubería tenía casi 50 años de antigüedad y se realizó el cambio por obsolescencia.

“Se está usando el mismo trazo de la tubería anterior. La tubería pasa por terrenos que son todos asignados por una concesión minera a Cuajone; (los terrenos) son propiedad del Estado y esa documentación que lo prueba ha sido puesta en conocimiento de los líderes de esa comunidad y lo han visto las autoridades regionales y nacionales”, detalla Jacob. “ Ha sido una gran sorpresa para nosotros ver este bloqueo ”, agrega.

Ante la paralización de la vía férrea que utiliza la minera para el transporte del cobre, la producción se paralizó 15 días atrás y lo que ya se había procesado Southern de mineral antes de esa fecha se ha estado transportando a través de camiones hasta el puerto. En dicha localidad, también en la región de Moquegua, se ubica la fundición y refinería de la empresa .

Jacob resalta a Bloomberg Línea que en la actualidad la mina de Cuajone representa un monto de US$4,8 millones diarios en exportaciones que, según Southern, se perderían, así como 2,3 millones de soles (más de US$616 mil) de canon y regalías mineras para Moquegua y 6,2 millones de soles (más de US$1,6 millones) de ingresos en Impuesto a la Renta para el Estado de Perú .

Jacob explicó, ade­más de los 1,400 tra­ba­ja­do­res que tra­ba­jan direc­ta­mente en la mina, hay cerca de 8.600 con­tra­tis­tas que pro­veen ser­viesta a la empresa en la zona, es decir que, en total son unas 10.000 fami­lias que se están viendo afec­ta­das por los blo­queos a Cua­jone. del metal rojo en territorio peruano, y es una de las operaciones más importantes para Southern. 

En total, según Jacob, con la paralización de la mina de Cuajone se han perdido 7.000 toneladas de producción de cobre de las 25.000 toneladas que comercializa Southern Perú por la mina al mes. “ Es una situación muy delicada, la compañía ha enviado una carta a las más altas autoridades pidiendo que intervengan para solucionar este problema porque en realidad es muy, muy grave ”, argumenta el funcionario. Jacob también revela que al 2021 la mina de Cuajone produjo unas 169 mil toneladas de concentrado del metal rojo.

Atacocha, otra mina bloqueada en Perú, Nexa anunció el lunes su reactivación

Otra mina afectada por la conflictividad es Atacocha, que se ubica en Cerro de Pasco, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y tiene una capacidad de producción de 4.500 toneladas por día para la obtención de concentrados de zinc, plomo y cobre con contenidos de oro y plata. Desde noviembre del 2008 es operada por Nexa Resources.

En una carta enviada a la Superintendencia del Mercado de Valores, la empresa Nexa Resources anunció este lunes 21 la reactivación de las operaciones del tajo abierto San Gerardo, perteneciente a la unidad minera Atacocha.

“Informamos al mercado que el día de hoy se han reanudado las operaciones del open pit San Gerardo de la unidad minera Atacocha, encontrándose previsto contar con la capacidad máxima en los próximos dos días”, contó. 

El acceso a la carretera, que había sido bloqueado por protestas de la Comunidad Machcan, fue liberado, por lo que ahora se espera que la pérdida de producción de zinc, estimada de 0,3kt, se recupere en los próximos meses, explicó.

“Nexa sigue comprometida con el desarrollo social de sus comunidades del área de influencia de sus operaciones y continuará manteniendo un diálogo activo con la comunidad local y sus miembros”, comunicó la empresa minera.

A estos conflicto, se suman otros casos de bloqueos que han originado la interrupción de la producción de la minera Las Bambas, en Apurímac, que ha recibido una nueva amenaza de obstrucción dentro de los próximos 30 días.

En particular, los constantes bloqueos a las vías de acceso de la mina Las Bambas en Apurímac paralizaron la actividad productiva en diciembre último. La minería en dicha región cayó 33% en el cuarto trimestre y explica dos tercios del resultado nacional del sector en el mismo periodo (-2,4%). 

Con ello, la economía de Apurímac registró una contracción de 21,7% en el cuarto trimestre, la mayor caída a nivel nacional. Dicho retroceso resulta similar a la caída ocasionada por la pandemia en el segundo trimestre del 2020.

Áncash cerró febrero con 15 conflictos sociales, lo que la ubica en tercer lugar de las regiones con mayor cantidad de estos casos, informó la Defensoría del Pueblo, entidad que presentó el Reporte de Conflictos Sociales 216, correspondiente al mes pasado. Loreto registró 29 y Cusco, 19.

A nivel nacional Áncash concentra el 7.4 % de conflictos sociales del país. Tiene 10 conflictos activos y 5 latentes.

En regiones como Ica, Junín y Áncash, la inversión minera exhibió una caída anual promedio de 40% en enero de 2022, ante la finalización de obras de construcción de proyectos como Mina Justa y Ampliación de Toromocho, y las menores adquisiciones de equipamiento minero de Antamina.

De los activos 9 son de carácter socioambiental, ligados principalmente a la actividad minera, entre estas se mantiene activo el conflicto de la comunidad de Aquia con Antamina. El único conflicto de asuntos de gobierno local es el que se registra en Chimbote entre los comerciantes del mercado Progreso y la Municipalidad Provincial del Santa. Su estado es “No hay diálogo”.

Respecto a los latentes, 4 son de tipo socioambiental y uno de gobierno regional. 

RECLAMO EMPRESARIAL AL GOBIERNO 
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) rechazaron los actos delictivos perpetrados contra la unidad minera Cuajone de Southern Copper, en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua).

El gremio empresarial advierte que casi el 66% de los casos se vincula con la minería. Por otro lado, en un caso de buen relacionamiento, la minera Hudbay incorporó a la comunidad de Chilloroya (Cusco) a su cadena logística.

Los gremios indicaron que el bloqueo de la vía férrea y del suministro de agua al campamento minero, por parte de grupos violentos, pone en peligro la vida y la salud de más de 5,000 personas que se encuentran aisladas desde hace más de 20 días y que ya vienen sufriendo la escasez de productos de primera necesidad.

Agregaron además que a esto se le suma “la presencia de grupos radicales, que por supuesto no solo pertenecen o son simpatizantes del gobierno, sino de otras tiendas políticas como La Resistencia”.