La medida fue redactada por una exfuncionaria del gobierno de Néstor Kirchner y traza un paralelismo con una ley que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, busca implementar con el fin de aumentar el presupuesto con un "impuesto a los superricos".

El proyecto del “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, presentado por el bloque de senadores oficialistas, establece que aquellas personas que tienen bienes en el exterior, que fueron fugados y no están declarados ante el fisco, realicen un aporte especial de emergencia, informó BAE Negocios. 

Al respecto, la senadora del FdT Juliana Di Tullio aseguró que el dinero de la evasión fiscal permitirá "recaudar alrededor de $70.000 millones de dólares" para aportar a saldar la deuda por 44.500 millones de dólares contraída con el organismo de crédito en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri. 

Esta iniciativa, que contempla ampliar las facultades del Banco Central, permitiría que se levante el secreto bancario para poder determinar quiénes fugaron divisas durante la gestión de Cambiemos. 

IMPUESTO SOBRE CAPITAL FUGADO: QUIÉN REDACTÓ EL PROYECTO
El economista Alejandro Bercovich había adelantado a BAE Negocios hace más de un mes que la posibilidad de enviar este proyecto ya existía. 

En esa columna explicó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene entre sus asesores a la exfuncionaria Felisa Miceli, quien fue ministra de Economía y Finanzas Públicas en el momento en que Néstor Kirchner "tomó la decisión de saldar anticipadamente" la deuda con el FMI en 2006.

"En pos de imaginar alternativas al ajuste que implicará necesariamente el acuerdo con el Fondo, la exministra redactó un proyecto de ley para aplicar un impuesto del 20% a todo el dinero no declarado que encuentre la AFIP en el exterior, y que eso se destine al pago de la deuda", explicó Bercovich a este diario y resaltó que la ley presentada está hecha a "imagen y semejanza" de una normativa estadounidense.

Miceli estuvo envuelta en un escándalo en 2007, cuando el 5 de junio de ese año, durante una inspección de rutina en su despacho, la Brigada de Explosivos encontró una bolsa que contenía $100.000 y 31.670 dólares. La exministra terminó condenada por encubrimiento y por sustraer un acta policial, aunque, aclaró Bercovich, "nunca haya ido presa ni se haya comprobado que la plata tuviera origen ilícito". 

LOS 13 PUNTOS MÁS POLÉMICOS DEL PROYECTO
1. Sólo hacen el aporte quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero.

2. Los alcanzados por este aporte deberán realizar un aporte del 20% de sus bienes no declarados, que deberá ser abonado en dólares.

3. En caso de declarar los bienes seis meses después de entrada en vigencia la ley la alícuota subirá al 35%.

4. Quienes no se allanen al pago del aporte pueden tener una pena en prisión, como lo estipula la ley vigente.

5. Alcanza a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otro país "cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina."

EL FONDO PARA PAGARLE AL FONDO
6. El fondo tendra vigencia, al menos, hasta la cancelacion total de la deuda con el FMI. El Poder Ejecutivo Nacional podra prorrogar esos plazos si lo considera conveniente.

7. Seria administrado por el Ministerio de Economia de la Nacion y supervisado por la Comision Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestion de Contratacion y de Pago de la Deuda Exterior de la Nacion, del Congreso.

8. Deberia constituirse en moneda extranjera.

FIGURA DE COLABORADOR
9. Propone usar la figura del "colaborador", que se aplicará a quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados.

10. Podrán colaborar personas físicas y entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor.

LEY DE BIDEN CON IMPUESTO A LOS SUPERRICOS 
Por su parte, el proyecto de la creación de un "Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI" está emparentado con una ley del presidente de EE.UU., Joe Biden, que propuso financiar el presupuesto 2023, aumentando un 20% anual el impuesto a los ricos. 

En la misma línea, la iniciativa presentada por el Frente de Todos sostiene que las personas alcanzadas deberán pagar un aporte del 20% de sus bienes no declarados.

Con el "Impuesto mínimo sobre los ingresos para multimillonarios" o Billionaire Minimum Income Tax, en inglés, Biden busca recaudar unos 360.000 millones de dólares adicionales durante la próxima década. 

Según The Washington Post, el presidente estadounidense remarcó que este gravamen afectará solamente al los hogares con un patrimonio superior a 100 millones de dólares (unas 700 personas, acorde a estimaciones del diario), lo que representaría un 0,01% de los hogares más acaudalados. 

UN SENADOR DEL FRENTE DE TODOS QUE APOYA EL APORTE POR LOS BIENES EN EL EXTERIOR TIENE UNA CASA EN MIAMI SIN DECLARAR

NICOLÁS PIZZI/Infobae

El proyecto del bloque de senadores del Frente de Todos que propone un “aporte especial de emergencia” para quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco dejará a uno de sus integrantes en una posición muy incómoda, siempre y cuando prospere. Se trata de Gerardo Montenegro, de la provincia de Santiago del Estero. Infobae reveló que compró una casa en un barrio privado de Miami, a pocos minutos del Aventura Mall, uno de los shoppings más concurridos por los argentinos.

Ese inmueble no figura en las declaraciones juradas del senador. Pero aparece a nombre de una sociedad en la que figuran su mujer, María Teresita Sciolla, y un hijastro: JM SILVER GROUP LLC. En los registros publicados en el sitio de Miami-Dade, ambos aparecen como “personas autorizadas”. La cara visible de la sociedad es Juan José Roiz, un argentino que trabaja como agente (administrador) y tiene varios clientes argentinos.

La operación inmobiliaria se concretó el 26 de noviembre del 2019. La sociedad a nombre de Sciolla y su hijo pagó U$S 306 mil por una casa en un barrio cerrado denominado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall.

Ese barrio ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños. Según el sitio web de la constructora LENNAR, las propiedades tienen entre 3 y 5 dormitorios, y arrancan desde los 230 m2.

Montenegro niega que esa casa forme parte de su patrimonio. “Mi señora esposa con su hermano, no un hijastro, tienen constituida una sociedad comercialmente operativa hace varios años, cuyas inversiones están debidamente declaradas, y por las cuales, se tributó a su debido tiempo”, sostuvo en una declaración enviada a este medio.

Montenegro fue denunciado ante la Justicia a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Los investigadores detectaron una red de cooperativas truchas vinculadas al senador que se utilizaban para cobrar subsidios del gobierno local. 

En las cooperativas aparecen familiares de Montenegro, empleados del Senado y hasta de la provincia de Santiago del Estero. Según la denuncia judicial, las cooperativas cobraron más de $90 millones de pesos. La mayor parte del dinero fue retirada en efectivo de los bancos por lo que no hay registros de su destino final.

La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar la casa en Miami, aunque la denuncia judicial menciona la sociedad JM SILVER GROUP LLC y una transferencia de US$ 5.000 a la constructora LENNAR. Ese giro se hizo en abril de 2019, es decir 7 meses antes de concretar la operación.

En su última declaración jurada, presentada en 2019, el senador declaró tener cuatro departamentos en Santiago del Estero, una casa, y un terreno de 30.000 m2, pero no hizo mención alguna ni a la sociedad ni a la propiedad de Miami.

Pese a la enorme cantidad de pruebas, la investigación judicial nunca tuvo avances. Los responsables de investigar a Montenegro son la fiscal Cecilia Indiana Garzón, una de las “candidatas” del kirchnerismo para la Procuración, y el juez federal Sebastián Argibay, un ex miembro del Tribunal Superior de Santiago del Estero.

Tampoco tuvo repercusiones dentro de la Cámara alta. De hecho, fue uno de los 20 senadores del FdT que votaron el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. En las últimas elecciones fue reelecto por otros seis años. En su provincia, es más conocido por su rol de dirigente gremial: desde 1998 maneja la delegación local de UPCN, uno de los gremios estatales con mayor cantidad de afiliados. Además tiene una pata en el deporte: preside el club de básquet Quimsa y está a cargo de la Asociación de Clubes de Básquet (ADC).

El proyecto que propone crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” está circulando por los despachos de los senadores del oficialismo para la ceremonia de la firma. ¿Se sumará Montenegro? “Seguro que lo firma, le hacen un favor y lo puede blanquear”, bromeó un senador de la oposición ante la consulta de este medio. Desde el entorno del senador santiagüeno se limitaron a decir que todavía no la firmó porque está de viaje pero “apoyará la iniciativa en el recinto”.

La iniciativa en principio no contempla excepciones y lo afectaría de manera directa porque apunta a todos aquellos que tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco. Los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.

El proyecto incluso pedirá la colaboración del FMI para conseguir información sobre activos argentinos en el exterior u operaciones sospechosas de lavado de dinero. En ese sentido, el texto insta a solicitar al FMI “asistir a la República Argentina en las políticas nacionales e internacionales contra la evasión fiscal, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción y otros delitos”.

La iniciativa, que cuenta con el aval de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ya provocó críticas de la oposición y de distintos tributaristas. Los expertos aseguraron que “generará una caza de brujas, inseguridad jurídica y poca recaudación”.