FIORELLA MARTÍNEZ Y ROBERTH ORIHUELA
Proveedores. Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala es una empresa que, con esas unidades, provee de servicios a Anglo American, dueña del proyecto Quellaveco. Dirigente reconoce ello y lanza propuesta sui géneris: que su empresa podría hacerse cargo de explotación de Cuajone si Southern se va.
La comunidad campesina Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala (TPCT) lleva dos meses enfrascada en un conflicto con la empresa minera Southern Perú Copper Corporation. Esta compañía explota la mina de cobre de Cuajone en Torata-Moquegua.
La comunidad acusa a la compañía minera de una presunta usurpación de tierras. Sostiene que la minera construyó el embalse de agua y otra infraestructura en territorios de su propiedad. Por ello le exigen una compensación de US $ 5000 millones y una participación de 5% en las utilidades anuales de la compañía.
Aparentemente, la lucha de los comuneros parece legítima, pero todo cambia cuando se amplía el panorama. No se trata de un conflicto ambiental: la defensa del agua, contra la contaminación o la defensa de su modo de vida ancestral. Hay una demanda económica. Si esta es atendida soltarán el agua para el campamento de Cuajone.
Proveedores de Anglo American
A fines de 2020, la comunidad consigue un acuerdo importante con Anglo American. Esta compañía pretende explotar el proyecto Quellaveco en la misma zona de influencia. Para evitar problemas —porque los comuneros los acusaban de contaminación del río Asana— la empresa de capitales británicos avaló la compra de 17 camionetas en favor de la comunidad campesina, para que estos se las alquilen. En este año, habrían adquirido 14 más. Además, los comuneros ejecutarán obras de infraestructura, como cercos perimétricos, para dicha compañía.
El especialista Antonio Gamero Márquez, hace hincapié en el cambio de intenciones de la comunidad campesina. “Ya no es el interés de cuidar el medio ambiente, sino de participar en las utilidades que genera la mina. Está bien que participen, pero de una manera lícita y legal”, indicó.
Gamero refiere que el Perú por estos conflictos ya no es un país donde la inversión minera esté garantizada. “Los inversionistas ya no están mirando al Perú y eso creará un gran problema. Se perderán miles de puestos de trabajo. Son 30 millones de dólares perdidos de canon y regalías por el conflicto. Hay ausencia del Estado y se hace grave daño a la economía”, agregó.
El conflicto con Cuajone persiste. La comunidad tomó la decisión de cortar el suministro de agua del embalse de Viña Blanca. Más de 5.000 familias se quedaron sin agua en el campamento de Cuajone. “Nosotros entregamos nuestras demandas al asesor legal de Southern, pero ellos pueden presentar una contrapropuesta”, indicó Iván Mendoza Vivanco, dirigente de la comunidad. Mendoza aceptó hablar sobre el trato con Anglo American.
¿Cuál es la relación entre la comunidad y Anglo American?
La directiva de la comunidad presenta una carta a Anglo American pidiendo proyectos. Le propone una empresa comunal. Esto se hizo en cuatro paredes. Llegan a un acuerdo donde la minera intercedería por la comunidad ante una tienda de vehículos para comprar en cuotas 17 camionetas 4x4 cada una en más de 30.000 dólares.
¿Ustedes proveen de camionetas al proyecto Quellaveco?
Anglo American nos dijo que daría trabajo, pero pasó el tiempo y nada. Nuestra salida fue crear una empresa llamada Ecoser TPCT y ahora está como proveedora de Quellaveco. (La empresa) podría operar muy bien en Southern Perú (como proveedora) pero no quieren asumir sus daños. Southern puede dar un paso al costado y nuestra empresa entrar a explotar (Cuajone) Podemos darle al Estado el 50 % de las ganancias de producción.
¿Este negocio de las camionetas es rentable?
Actualmente no. Tenemos que pagar las cuotas. No hay ganancias hasta el próximo año. Ahora hemos comprado otras más a nombre de la comunidad y también debemos pagar.
¿No pierden legitimidad al tener una relación laboral con la minera?
Anglo American prometió mucho y varias cosas no se han cumplido. Los comuneros a fines del 2020 decidimos ir a su campamento, lo paralizamos. Nos dijeron que iban a hacer las cosas bien. Nosotros no estamos para aguantar promesas y que luego no nos cumplan. Anglo American no quería hacer proyectos para la comunidad, pero dice que sí lo harán. Eso está pendiente. Ahora estamos ocupados con el tema de Southern, ya después veremos qué hacemos con Anglo American.
Dicen que ellos son los dueños
Iván Mendoza alegó que los terrenos en conflicto, pertenecen a la comunidad TPCT. En los años 30, el Estado vendió esos predios a una familia y estos los revendieron. Los nuevos dueños los cedieron a la comunidad que se formó en 1993 y los inscribió a su nombre.
El dirigente también dijo no conocer a Edwar Husain Quiroga Vargas, autoproclamado “liberador de minas”. Este atizó varios conflictos socioambientales en las regiones del sur contra la gran minería.
Bandera de protestas
El especialista en asuntos de gestión social y responsabilidad social empresarial, Fernando Grados Rodríguez señaló que el tema ambiental a veces se utiliza como bandera en las protestas. “Las comunidades quieren presionar para obtener algunas obras. Esto lo origina la ausencia de los gobiernos”, agregó.
Respecto a que una empresa contrate los servicios de una comunidad, el especialista precisó que es una buena alternativa para trabajar juntos. “Es un sistema de gestión donde hay más flexibilidad, permite que la comunidad dentro de su desconocimiento de minería moderna tenga oportunidad de participar en bienes o servicios, pero no es motivo para las situaciones que vemos actualmente”, explicó.
Finalmente recomendó la prevención como la mejor forma para evitar los conflictos.
