El ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, estimó que la paralización de las mineras Las Bambas y Cuajone significaría la pérdida de ingresos por exportación (falta de producción) de US$ 20 millones al día. Ello, tras indicar que ambos complejos suman alrededor del 20% de la producción de cobre en el Perú.
“El valor de lo que se deja de producir es de 20 millones de dólares diarios, pero lo que deja de recibir el Estado es más o menos 7 millones de dólares al día (...). Con eso se pueden hacer varios colegios en un día y a nadie se le mueve ni una ceja”, sostuvo Carlos Gálvez en diálogo con Correo.
Gálvez consideró que el Estado no es consciente que acoge el 50% del total de perjuicios cuando se reporta un conflicto que desencadena en una paralización en el sector minero.
“Lo que pasa es que ni el Estado mismo es consciente de que es socio de las empresas al 50%. Entonces, cuando hay una paralización de este tipo, todo el mundo piensa que es la compañía la que se está perjudicando”, dijo.
ESTADO DE EMERGENCIA
En medio de la crisis por los bloqueos que paralizan la producción de cobre del país,el gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la provincia sureña de Mariscal Nieto, donde una comunidad campesina ha obligado a paralizar las actividades de la mina Cuajone, de Southern Perú, a la que pide el pago de US$ 5.000 millones, informó la ministra de Trabajo, Betssy Chávez.
"Hoy el Consejo de Ministros tomó esta decisión a fin de instar al diálogo. Deben saber que existe un acta del 12 de febrero aprobado unilateralmente donde la comunidad pide 5.000 millones y la cantidad de comuneros es 470", sostuvo la ministra.
Al respecto, el primer ministro, Aníbal Torres, dijo que los comuneros mantienen la decisión de cortar el agua que abastece a la zona minera y el bloqueo de los rieles por donde se traslada el cobre que se extrae de Cuajone.
Sostuvo que esto sucede a pesar de que la empresa prometió retirar las denuncias que ha presentado contra miembros de la comunidad campesina y de que sus dirigentes ofrecieron liberar el agua y los rieles, pero "la población no suscribió los acuerdos verbales".
"Cinco mil millones de dólares es una cantidad inimaginable y eso nos llevó a disponer el estado de emergencia", enfatizó Torres.
Chávez añadió que el estado de emergencia, que se prolongará durante 60 días con intervención de la Policía, apoyada por las Fuerzas Armadas, busca establecer "el principio de autoridad" y evitar un enfrentamiento entre comuneros y trabajadores mineros, que en la zona son unos 5.000.
El conflicto social entre la comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala y la minera Southern empezó hace casi dos meses y llevó a los comuneros a tomar la válvula de un reservorio, lo que dejó sin agua al campamento minero, que paralizó sus operaciones el pasado 28 de febrero.
La comunidad acusa a la mina de usurpar sus terrenos desde hace más de 50 años y pide una indemnización por los supuestos daños generados en una quebrada que es usada como depósito de desechos de la mina.
Southern Perú, que afirma que tiene la concesión legal de los predios en conflicto, anunció este martes su decisión de postergar el proyecto de ampliación de Cuajone, en el que planea de invertir unos US$ 850 millones.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) calculó que la paralización de la mina puede implicar la pérdida de unos 8,5 millones de soles (2,2 millones de dólares) diarios al Estado peruano.
FITCH: QUINTA PARTE DE LA MINERÍA DEL COBRE EN PERÚ SE DESCONECTA POR CONFLICTOS
Los altísimos precios de los metales y la aceleración de la inflación general están alimentando otro repunte en el nacionalismo de los recursos y el malestar social en Perú, uno de los principales proveedores de cobre, zinc y plata.
Alrededor de una quinta parte de la producción de cobre del país estará fuera de línea ya que la mina Las Bambas de MMG se unió a Cuajone de Southern Copper para sucumbir a las protestas de la comunidad.
Al mismo tiempo, los sindicatos de la región de Cusco, rica en minerales, están organizando huelgas contra el aumento de los precios, mientras que los residentes cerca de una mina de cobre de Glencore se preparan para reanudar las protestas.
Sin duda, los conflictos comunitarios no son nada nuevo en Perú y algunos de los disturbios actuales se deben más a proteger los suministros de agua que a apoderarse de una mayor parte del botín mineral, según detalló Bloomberg.
Pero tener más de una gran mina de cobre caída al mismo tiempo es inusual, y esta vez las protestas mineras están integradas en un malestar más generalizado por el costo de vida que ha inflamado un clima político ya tenso bajo el presidente Pedro Castillo. Desde que asumió el ex militante rural de un partido marxista, el número de conflictos sociales ha aumentado cerca de un 7%.
Con los legisladores discutiendo medidas para apaciguar el dolor de la población por la inflación más rápida en 24 años, los políticos están mirando a la industria minera para ayudar a pagar la factura.
El martes, Pedro Francke, exministro de finanzas de Castillo y de izquierda moderada, dijo que se podrían agregar más de mil millones de dólares a las arcas del estado con un modesto aumento de los impuestos a la minería. Otros han aprovechado las tensiones para reavivar los pedidos de medidas más drásticas.
“La nacionalización de los recursos estratégicos es la piedra angular del desarrollo de un país”, escribió en Twitter Vladimir Cerron, fundador del propio partido de Castillo.
El presidente, que ha esquivado dos intentos de juicio político desde que asumió el cargo en julio, está siendo criticado tanto por la industria minera como por algunos grupos comunitarios.
El director financiero de Southern Peru, Raúl Jacob, dijo esta semana que el diálogo en Cuajone no había avanzado mucho en medio de “cierta pasividad” del gobierno para resolver conflictos.
La industria atribuye parte de la culpa del aumento de los disturbios a que la administración priorizó el derecho a protestar sobre otras preocupaciones, como el libre tránsito. En áreas aisladas con servicios e infraestructura deficientes, las minas pueden convertirse de facto en gobiernos locales y, por lo tanto, en un blanco fácil para las quejas.
Pero Castillo está teniendo que caminar sobre la cuerda floja. Después de suavizar su tono sobre el nacionalismo de los recursos para apaciguar a las facciones más moderadas, luchó por mantener el apoyo de las facciones más duras de su partido y de los votantes rurales que lo pusieron en el poder.
Carlos Hanco, secretario de la juventud de la Coordinadora Nacional de Usuarios de Gas en Cusco, se encuentra entre los líderes que presionan para que se revisen los contratos que cubren gas natural, minerales y agua. Sus quejas están dirigidas tanto al gobierno como a los legisladores.
“Es una exigencia para que el gobierno de Castillo cumpla con las promesas de campaña”, dijo Hanco. “También exigimos que el Congreso deje de ser un golpista y trabaje por las necesidades de la gente”.
Respecto al informe del Instituto Fraser, Gálvez sostuvo que la caída de Perú en el ranking, más allá de ubicarse en el puesto 42, se observa en el hecho de que “áreas que jamás han estado en competencia con nosotros, nos ganan”.
“Las provincias de San Juan y Salta, de Argentina, tienen mejor posición que nuestro país. El Ecuador, que no tenía ninguna tradición minera, está en el puesto 24″, señaló en Correo.
Indicó que la encuesta recoge información de agosto a diciembre del 2021, por lo que no refleja la situación del sur del país, la actual gestión del MINEM o que el nuevo director general de Minería fue presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado Modelo de Huancayo.
“Cuando eso se incluya, el año que viene, que no le quepa la menor duda de que habrá un retroceso mayor”, expresó.
