El fiscal penal subrogante de Andalgalá, Martín Camps, había solicitado el desalojo de nueve personas y el allanamiento del lugar en el que permanecen en acampe en reclamo por la actividad de MARA.
La solicitud se hizo en base a la denuncia de una vecina de apellido Carpanchay, que denunció una usurpación de un inmueble que pertenece a la familia. El fiscal refirió al artículo nº194 del Código Penal, que prevé penas de tres meses a dos años de prisión para quien impidiera o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes o provisión de servicios.
La jueza de Control de Garantías, Karina Naame, rechazó el pedido por considerar que carecía de una "mínima motivación que exige necesariamente la norma".
Por su parte, el secretario general de la delegación Catamarca de AOMA, Gustavo Molina, ratificó la denuncia contra el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba (JPC), y no descartó que vayan a movilizarse en caso que los 94 trabajadores que hoy están en el yacimiento no puedan regresar a sus hogares, al advertir que el lunes finaliza el turno de este grupo y debería subir a la mina otro distinto.
Carpa de la Municipalidad en el acampe que bloquea el proyecto MARA
"Gente de la Municipalidad está suministrando víveres a la gente que está en los cortes de Choya. Tendrían que estar trabajando, pero se la pasan más en el corte piquetero que atenta contra andalgalenses. Está claro que hay un apoyo del municipio para este tipo de acciones", reclamó Molina.
"Los trabajadores de la actividad siempre buscaron el diálogo y la mejor manera posible de llevar adelante una mesa en la que trabajemos todos los actores para sacarnos las dudas, pero de un lado tenemos la intención y del otro no. No hay voluntad del otro lado de mantener la paz social", remarcó y cargó también contra los diputados que prestan apoyo para la protesta en contra de la actividad.
Por su parte, desde la Asamblea Aguas Abiertas cuestionaron al gremio de mineros y aseguraron que "su única función es ser serviles al extractivismo, desamparando al verdadero actor principal, el trabajador". "Desestimamos toda acción realizada por parte de la empresa MARA y sus cómplices en desacreditar nuestro legítimo derecho a la protesta cuando nuestro lugar de vida se ve amenazado", sostuvieron.
PARO DE BECADOS
Un grupo de becados del Ministerio de Minería se sumó al paro del personal contratado, que reclaman demoras en el pago de sus haberes. En el caso de los becados, el reclamo es porque trabajan entre cuatro y cinco horas diarias y perciben entre $8.000 y $9.000.
El ministro Marcelo Murúa explicó que se hicieron las gestiones en el Ministerio de Planificación para agilizar los pagos, y que los contratados tendrán el depósito disponible en las próximas horas.
TÉCNICOS DE MINERÍA IRÁN A ANDALGALÁ
El ministro de Minería, Marcelo Murúa, adelantó que esta próxima semana irían técnicos de la Secretaría de Minería a mantener una reunión con vecinos de Choya. "Hay un compromiso de realizar charlas informativas por solicitud la gente de Choya para poner en conocimiento cuáles son y en qué consiste las tareas que se están desarrollando, y cuáles de la que se han nombrado no están autorizadas y no son ciertas. La idea es llevar tranquilidad a la personas", indicó el ministro.
En este sentido, se refirió a la última polémica instalada en torno a la posibilidad de ubicar en Campo Grande una escombrera de MARA.
"La escombrera es componente de un proceso de explotación, y aquí estamos en un proceso de exploración avanzada. La empresa en uno de sus informes menciona un pedido de estudios para una posible escombrera, pero esos estudios que son mencionados como complementarios no fueron aprobados. Eso está claro en las aprobaciones que fueron giradas al Concejo Deliberante para que tengan toda la información; sin embargo, en una visión parcializada, se muestra lo que la empresa solicitó pero no se dice que el Ministerio no lo autorizó", indicó Murúa en declaraciones a Cae el Telón, por Radio Ancasti.
SIGUEN LOS BLOQUEOS
Ante la solicitud de desalojo a los vecinos de la localidad de Choya: Gustavo Ezequiel Flores, José Nicolás Ramos, Gladis Brito, Abel Barrionuevo, Ariel Francisco Ramos, Miguel Contreras, Antonio Néstor Ramos, Onésimo Angelino Flores, Agustín Ramos, cumplida por parte del fiscal penal subrogante de Andalgalá, Martín Camps, la Jueza del Juzgado de Control de Garantías Laboral y de Menores de Andalgalá, Dra. Karina Name, rechazó el pedido por considerar que “ el decreto que solicita la medida grave, carece de una mínima motivación”.
Esto está enmarcado en el conflicto minero que tiene lugar en Andalgalá, donde un grupo de manifestantes de la localidad de Choya parece bloquear el paso a uno de los principales accesos a Minera Agua Rica-Alumbrera.
(YOUTUBE) IN SITU: ASÍ BLOQUEA LA ANTÍ MINERÍA A MARA
