Sin la presencia de los funcionarios como el ministro de Economía, Martín Guzmán, el secretario de Energía, Darío Martínez, o el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, el encargado de presidir la audiencia fue Guillermo Usandivaras, subsecretario de Coordinación Institucional en la Secretaría de Energía.
El Gobierno presentó un esquema de incrementos diferenciado para los usuarios del AMBA a partir de junio: será de 16,52% para los usuarios sin tarifa social y de 6,88% para los usuarios con tarifa social. Además un 10% de los clientes —los de más poder adquisitivo— dejarán de percibir subsidios y pagarán el precio pleno del servicio.
Con ese aumento, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), le correspondió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 en junio. En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final con impuestos serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.
se estima que el Estado Nacional afrontará en este trimestre subsidios en el orden del 81,85% del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial.
Según el esquema presentado, estos aumentos corresponden a usuarios residenciales de la categoría R2, con un consumo promedio de 300 kWh mensual. En ese caso, se estimó que la factura promedio final con incremento pasará de $1.610 a $1.876 para un usuario sin tarifa social. Y de $843 a $901 para usuarios con tarifa social.
CRÍTICAS AL ESQUEMA Y AUSENCIAS
Alberto Calsiano, jefe del Departamento de Energía de la Unión Industrial Argentina (UIA) destacó que los grandes usuarios tuvieron un aumento del 69% desde este mes, autorizado por la resolución 305/2022, que alcanzó 6400 empresas.
La exdiputada María José Lubertino fue la primera en exponer de la lista de 49 oradores, que disponen de 8 minutos cada uno. En representación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos cuestionó la ausencia del ministro de Economía, Martín Guzmán y del secretario de Energía, Darío Martínez, y consultó si al menos estaban “escuchando” las exposiciones.
Jimena Latorre, diputada de Juntos por el Cambio, dijo en su intervención que, “después de un enorme esfuerzo” de la gestión de Mauricio Macri, en 2019 un usuario pagaba casi 80% del costo eléctrico y más de 90% del costo del gas. “Este problema estaba prácticamente resuelto”, señaló, y cuestionó que por “torpeza” del Gobierno actual se hubiera revertido la situación de los subsidios. Latorre señaló, además, que el informe presentado por el Ejecutivo “no dice nada del gasto fiscal” del esquema propuesto y que “seguramente” no se le podrá hacer frente con los recursos del Estado.
Federico Méndez habló en representación de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. Dijo que la actualización propuesta es solo para el costo estacional de la energía, que representa el 58% del costo final de las boletas. El resto es el valor agregado de distribución (donde interviene Edenor), el transporte y los impuestos. “Es un tratamiento desigual e injusto para el resto de los segmentos de la cadena y puede tener consecuencias en la provisión del servicio y llevar a la judicialización de la situación”, sostuvo. Según precisó, la distribución eléctrica recibió un aumento solo del 30% entre enero de 2019 y marzo de 2022.
“Resulta llamativo el caso de YPF, una empresa del Estado que ajustó sus precios 223%” en el mismo período, cuestionó Méndez. “Es decir que el Estado decidió cuidar sus propios precios a pesar del impacto que el aumento de la nafta tiene sobre el resto de los precios de la economía, es decir, sobre la inflación”.
LAS ADVERTENCIAS DE ALBERTO A FUNCIONARIOS
Ante posible trabas o demoras para aplicar los aumentos proyectados desde el ministerio de Economía, el presidente Alberto Fernández aseguró que si algún funcionario que interviene en el proceso se interpone con su decisión será removido del Gobierno. “Esto es una decisión política. Si alguien no puede tomar esa decisión política, no podrá seguir en el Gobierno”, le resaltó Fernández a su círculo de confianza.
Y reafirmó que se respetarán los aumentos ya pactados. La condición de “no vinculantes” le da cierto alivio, más allá de las posturas públicas. “Cada uno puede tener la opinión que quiera (sobre los aumentos), pero en esto decido yo”, es el razonamiento del mandatario, según publicó Clarín.
(YOUTUBE) AUDIENCIA POR TARIFAS ELÉCTRICAS
PUBLICADO ESTA MAÑANA
SEGUNDO DÍA DE AUDIENCIAS POR TARIFAS: EL TURNO DE LA ELECTRICIDAD
El segundo día de audiencias para establecer los precios en las tarifas del gas, electricidad y los planes de segmentación.
La jornada del miércoles estará centrada en los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST). El jueves se debatirá la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
Según lo acordado en el “Memorando de políticas económicas y financieras” firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional es que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento anual equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80 por ciento del CVS del año anterior.
En 2021 el CVS subió 53,4 por ciento. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social el tope es del 21,36 por ciento y para el resto trepa al 42,72 por ciento, con excepción del 10 por ciento más rico que dejará de percibir subsidios.
Este último grupo será el único que deberá afrontar un aumento en términos reales porque para el resto la suba quedará por debajo de la inflación y en términos reales la incidencia de la tarifa en la canasta hogareña de gastos seguirá reduciéndose, como ha venido ocurriendo durante los últimos tres años.
Como las tarifas ya aumentaron un 20 por ciento en marzo para todos los usuarios, Energía informó que ahora la suba para cerca del 60 por ciento de los usuarios de gas será de 21,5 por ciento, mientras que en el caso de la luz el ajuste promedio llegará al 17 por ciento.
Los beneficiarios de la tarifa social, alrededor del 30 por ciento de los usuarios, no tendrán mayores aumentos de gas durante este año y para los de la luz el retoque será de 6 por ciento.
El mayor impacto recaerá sobre el 10 por ciento de mayor poder adquisitivo que dejará de percibir subsidios y deberá afrontar subas que podrían llegar al 200 por ciento ya que en la actualidad dos tercios de la tarifa está subsidiada. Lo que hizo el equipo de Guzmán hasta el momento fue tomar en cuenta datos geográficos y socieconómicos para identificar a este universo de usuarios de mayor poder adquisitivo.
Según estimaciones de El Cronista, a fines de abril, el gobierno argentino ya consumió casi la mitad del gasto presupuestado para subsidiar la energía eléctrica, según datos oficiales. Al viernes 22, se habían devengado 335,342 millones de pesos (2,934 millones de dólares), principalmente en pagos destinados a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), o el 47.83% del total presupuestado.
