El pasado 14 de mayo el pleno de la Convención Constitucional aprobó, entre otras materias, seis artículos relacionados a la minería, en base al informe propuesto por la comisión de Medio Ambiente. Ante ello, cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte expresaron su preocupación debido a ciertos artículos que a su juicio serían negativos para la industria y que podrían reflotarse en la discusión de las normas transitorias.

Entre los principales temas aprobados el sábado pasado por el pleno se encuentra que “el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas y las sustancias minerales, metálicas, no metálicas, y los depósitos de sustancias fósiles e hidrocarburos existentes en el territorio nacional”.

También se aprobó que “el Estado establecerá una política para la actividad minera y su encadenamiento productivo”, además de que “quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”, entre otros.

Uno de los aspectos más relevantes que se rechazó en el pleno fue el Artículo 27, el cual establecía la modificación del actual régimen de concesiones mineras, para establecer que las actividades de exploración, explotación o aprovechamiento requirieran ser autorizadas por títulos administrativos. Adicionalmente, la comisión ya había descartado del informe otro tema controversial: la nacionalización minera.

Ante este escenario, a través de un comunicado, las cuatro asociaciones de industriales de la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama y Cidere-Coquimbo) valoraron que el pleno haya descartado las mociones que, a su juicio, impactaban negativamente al sector minero.

Las agrupaciones, además, destacaron la aprobación de artículos que serían positivos para el desarrollo de la minería, como el establecimiento de políticas a nivel de Estado para promover la minería y sus encadenamientos, entre otros. Sin embargo, los gremios expresaron la necesidad de mantenerse en alerta “ante temas nocivos que podrían reflotarse por otras vías”.

“Es cierto que se rechazó el Artículo 27, que pretendía modificar el sistema de concesiones mineras. Pero también es cierto que en la eventual nueva Constitución este régimen quedará desprotegido constitucionalmente y se correrá el riesgo de que quiera modificarse a través de leyes de mayoría simple”, advirtió Marko Razmilic, presidente de la AIA.

Asimismo, los líderes regionales expresaron su preocupación, ya que aseguraron que será necesario definir rápidamente varios temas importantes para la minería a través de leyes adecuadas, de manera de entregar las certezas necesarias para que se reactive la inversión.

Daniel Llorente Viñales, presidente de Corproa, a su vez aseveró que “el nuevo informe de la comisión de Medio Ambiente presentado sobre normas transitorias no hace más que resucitar los peores temores respecto de si será posible, o no, seguir desarrollando minería en nuestro país”.

A ello agregó que “esperamos que prime la responsabilidad y el sentido común y se deje de insistir con asuntos rechazados en dos oportunidades por el pleno”.

En tanto, el presidente de la AII, Leopoldo Bailac, aseguró que desde la Convención “se empecinaron en sus posturas extremas, por lo que el pleno finalmente terminó aprobando algo muy genérico y básico, que requerirá de leyes de quorum simple para ser modificadas, lo que entrega una cuota de inestabilidad a una industria que solo necesita tener reglas del juego claras”.

Finalmente, el presidente de Cidere, Francisco Puga aseguró que esperan que en la Convención desistan de los artículos propuestos en las normas transitorias “donde insisten con terminar con el régimen de concesiones mineras como lo conocemos. No creemos que la modalidad de normas transitorias sea la forma de resucitar artículos que han sido rechazados transversalmente y, por lo mismo, no han tenido acogida en el pleno”.

Con todo, los cuatro líderes de la Macrozona Norte hicieron un llamado a la Convención “para que prime el diálogo y un sentido de responsabilidad y se descarten de plano estas iniciativas que siguen causando ruidos para el desarrollo de la minería y sus encadenamientos. Algo positivo ya ha pasado con la resolución del Pleno el pasado sábado, y esperamos sinceramente que se pueda continuar en esta línea”, concluyeron.

Cabe recordar que recientemente la Segpres envió un documento a la Convención en el cual le hizo una serie de recomendaciones con respecto a las normas transitorias. 

Respecto a las concesiones mineras, el texto enviado señala que un nuevo régimen “no puede ser aplicado directamente por la Constitución, ya que requeriría una ley para regular diversos aspectos técnicos y jurídicos para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, antes de la dictación de dicha ley es necesario mantener la vigencia de la normativa actual para permitir una transición ordenada y gradual, sin generar disrupciones que puedan afectar gravemente la economía. En línea con lo anterior, no se estima conveniente paralizar el otorgamiento de nuevas concesiones durante el período de transición ya que puede producir un estancamiento de la actividad minera mientras no se dicte la nueva ley”.

NUEVA CONSTITUCIÓN: MORGAN STANLEY NO VE EFECTOS “DISRUPTIVOS” EN LA ECONOMÍA, PERO JP MORGAN ADVIERTE SOBRE EL BC Y LA MINERÍA

EMILIANO CARRIZO

Las comisiones temáticas de la Convención Constitucional ya finalizaron su labor la semana pasada. Ahora el órgano entró en la recta final previo a entregar la propuesta de nueva Carta Magna a principios de julio.

Con ese telón de fondo, el banco de inversiones Morgan Stanley no se mostró preocupado tras la publicación del borrador de la nueva Constitución y estimó que la propuesta se terminará aprobando en el plebiscito de salida.

Por su parte, JP Morgan también comentó al respecto y, a diferencia de Morgan Stanley, mostró preocupación por algunas de las normas que fueron aprobadas sobre el Banco Central.

“No vemos signos de elementos potencialmente disruptivos para la macroeconomía de Chile. Las propuestas más extremas han sido rechazadas por el pleno y los próximos pasos del proceso no deberían conducir a cambios importantes en el proyecto de Constitución”, dijo Morgan Stanley en un informe enviado a sus clientes.

Además, proyectó que “aunque las encuestas ante el plebiscito de salida de septiembre siguen mostrando que la opción ‘Rechazo’ mantiene una tendencia de ventaja, nuestro escenario es que finalmente se apruebe la nueva Constitución”.

En todo caso, el banco de inversiones y agente de bolsa sí estimó que el nuevo texto le significará a Chile una carga fiscal más alta y una regulación más estricta a las empresas, en especial en temas de medioambiente.

Otras de los elementos que destacó Morgan Stanley fue “la exclusión de propuestas menos ortodoxas para el sector empresarial, la política económica y el marco institucional, que significaban un mayor riesgo para la inversión y lo fiscal. Esto debería ser positivo para la mayoría de los activos de renta fija, lo que debería reducir la incertidumbre política para los líderes empresariales, promoviendo la inversión y manteniendo un marco fiscal mayoritariamente ortodoxo”.

El informe también indicó que la nueva Constitución deja los lineamientos, pero que será el Congreso y el poder Ejecutivo los encargados de definir cómo llevar a la realidad lo que se plantea en el texto.

“En este sentido, aunque los riesgos más pesimistas están fuera del camino, es probable que tome algún tiempo para que la incertidumbre política desaparezca totalmente dada la eventual necesidad de discutir legislación en torno a esos temas”, planteó Morgan Stanley.

El documento sobre Chile también sostuvo que los derechos de agua se terminaron y en relación a la minería comentó que el resultado “fue considerablemente más moderado” a lo esperado tras las discusiones que se dieron en su momento en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional.

Sobre el rol del Banco Central, Morgan Stanley no mostró gran preocupación y planteó que “mantiene su independencia, y no hay cambios significativos”.

Por último, el informe concluyó detallando el cronograma que le queda al proceso de nueva Constitución y los escenarios que habrá en caso que se apruebe o rechace el texto en el próximo plebiscito.

MIRADA DE JP MORGAN
Otro de los bancos de inversión que salió a comentar del borrador de la nueva Constitución fue JP Morgan. Partió su comentario destacando la alta cantidad de artículos que presenta la primera versión del texto.

No obstante, el análisis más profundo estuvo en lo que respecta al Banco Central, ya que JP Morgan no se mostró muy entusiasta con la incorporación de la norma que establece que los miembros del consejo del instituto emisor puedan ser removidos a petición del Congreso -con la definición de la Corte Suprema-, situación que hoy no ocurre.

“Esto aparece como una limitación a la autonomía del Banco Central, en particular en caso de que una mayoría del Congreso considere que las decisiones de política monetaria (no tuvieron en consideración) la orientación general de la política económica del gobierno”.

Otras de las alertas de JP Morgan fue la incertidumbre que se podría generar en el área de la minería y del sistema de concesiones, con lo aprobado y llevado al borrador de la nueva Constitución.

“Notamos un riesgo en que exista un sistema débil de autorizaciones, derechos y licencias, que se establezcan posteriormente mediante ley ordinaria (por mayoría simple y ante mayorías políticas circunstanciales), lo que hace probable que la incertidumbre sobre la inversión futura en el sector minero sea persistente”.

Sobre el resultado del plebiscito, JP Morgan proyectó que la opción de Apruebo está amarrada a la popularidad del gobierno del presidente Gabriel Boric y, por ende, también al desempeño de la economía nacional.